El abogado Óscar Bogado, de la Dirección Jurídica de la Itaipú, niega que se estén escondiendo las cuentas de la entidad binacional. Alega que la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se fundamenta en la imposibilidad de suministrar datos de los gastos sociales porque así lo establece el Tratado.
“Hay una posición institucional de Itaipú de la imposibilidad que tenemos por dos razones. Una, porque en el Tratado no están previstas las acciones de Contraloría y, por la otra, no se encuentra la potestad de revisar las cuentas”, afirmó en contacto telefónico con la 780 AM.
En la víspera, la Itaipú promovió una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que dispone la realización de una auditoría financiera de los fondos destinados a gastos sociales y, como medida urgente, pidió la suspensión de los efectos de dicha resolución.
Sobre el punto, Bogado sostuvo que fue una salida forzosa ante el conflicto de interpretaciones jurídicas desatado con el ente contralor. “Fue una salida forzosa la acción de inconstitucionalidad porque estamos ante un conflicto de interpretaciones normativas con la Contraloría”, arguyó.
Leé también: Con fondos de gastos sociales, Itaipú entrega 20 lujosas camionetas a Salud
Otro argumento dado por el abogado de la binacional para impedir la revisión financiera es que la Contraloría es un organismo creado muchos años después de la firma del tratado.
“Entendemos que la instancia que debe dirimir es la Sala Constitucional de la Corte”, mencionó al tiempo de insistir que no hay una negativa o intento de ocultar información, sino más bien la imposibilidad de proveer datos al tratarse de una binacional, por lo que a su criterio no se pueden tomar decisiones unilaterales, sino se debe someter a consideración de Brasil.