La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dictaminó a favor del proyecto que permitirá la contratación de profesionales psicólogos en los hospitales públicos para brindar apoyo a los familiares de los pacientes internados por COVID-19. La propuesta está siendo estudiada por las comisiones asesoras.
“Hemos decidido en la comisión apoyar el presente proyecto, considerando que tanto pacientes como familiares se ven muy afectados emocional y psicológicamente ante la situación descontrolada de contagios y fallecidos a consecuencia de la pandemia del COVID-19”, señaló la presidenta de la comisión, la diputada Roya Torres.
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La mesa de trabajo dio el visto bueno a la iniciativa; sin embargo, incluyó un agregado donde se establece una reorganización y redistribución de los psicólogos disponibles. Esta modificación se da teniendo en consideración la densidad poblacional de cada departamento del país y la complejidad de cada institución de salud, según explicó la legisladora Torres.
“Hoy la participación de los profesionales psicólogos es fundamental y será cada vez más necesaria, como así también es necesaria una reorganización y redistribución de los psicólogos disponibles que se encuentran en el sistema de salud pública”, indicó la diputada.
Igualmente, los demás integrantes de la comisión coincidieron en que este acompañamiento, principalmente con la inclusión de un nuevo artículo al documento, se hizo teniendo en cuenta la necesidad inmediata de un mayor soporte de asistencia psicológica acentuado por la situación de pandemia, internados y fallecidos a nivel nacional, según coincidieron en la comisión.
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Conocé cómo avanza la reconexión de Pilar con su frente fluvial
La fase C de la obra que encara la Defensa Costera de Pilar, incluirá una costanera, un parque lineal, ciclovías, senderos peatonales, zona de playa paisajismo y más.
La ciudad de Pilar dio un nuevo paso en su proceso de transformación urbana con la socialización de la tercera fase de la Defensa Costera, que incorpora la construcción de una avenida Costanera y un parque lineal para reconectar la ciudad con su frente fluvial.
La jornada reunió a cerca de 70 participantes, entre vecinos, autoridades y técnicos, quienes accedieron a los detalles del proyecto, sus plazos de ejecución y las medidas socioambientales previstas para intervención que redefinirá la ribera.
La nueva etapa apunta a cambiar la fisonomía de la ciudad con una infraestructura que combina conectividad, espacio público y desarrollo turístico. El plan incluye desde una avenida costera de alto estándar, un parque lineal con áreas recreativas, ciclovías y senderos peatonales.
Asimismo, está contemplado la recuperación de la zona de playa, iluminación eficiente, paisajismo, y un sistema de drenaje vial. La propuesta incorpora además criterios de movilidad sostenible, con espacios pensados para el uso ciudadano y el esparcimiento.
La obra representa una inversión de G. 267.716 millones, financiada por el gobierno nacional, y está a cargo del Consorcio Costero Ñeembucú, integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.
Lo interesante del proyecto, es que más allá de ser una obra de envergadura, busca redefinir la relación de Pilar con su río, combinando infraestructura, espacio público y potencial turístico en una de las principales apuestas urbanas del sur del país.
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Argentina: aprueban reforma de la ley de glaciares para impulsar la minería
El Congreso argentino aprobó en la madrugada del jueves una iniciativa del presidente Javier Milei que habilita a las provincias a redefinir las áreas de protección de los glaciares para ampliar la explotación minera, pese a la resistencia de activistas ambientales.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones tras casi 12 horas de debate. La reforma ya había sido aprobada por el Senado en febrero.
“A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”, dijo Milei en un comunicado tras la votación.
El mandatario ultraliberal sostenía que la modificación de la ley que regía desde 2010 era un paso necesario para atraer inversiones mineras: “Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”, celebró.
El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y de legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.
En simultaneo al debate, miles de personas participaron de protestas contra la reforma con consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”. Organizaciones ambientales advirtieron que la medida agravará la crisis climática y adelantaron que la combatirán judicialmente.
Según un Inventario Nacional de 2018, Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.
En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17 % en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).
“Progreso”
Los partidarios de la reforma sostienen que clarificará criterios que actualmente son “imprecisos” respecto a las áreas bajo protección y devolverá a las provincias la facultad de decidir sobre sus recursos.
“No debemos caer en la trampa de los antimineros que pretenden oponer minería y ambiente”, dijo el diputado Carlos Jaime Quiroga, de San Juan, que aseguró que la nueva ley “permitirá traer progreso y desarrollo a distintas regiones del país”.
Diputados opositores argumentaron que la reforma es inconstitucional al contradecir tratados internacionales y afirmaron que pone en riesgo las reservas hídricas. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, dijo el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, centro).
La sanción de la reforma es un nuevo triunfo parlamentario para Milei, quien impuso una flexibilización laboral en febrero pese a reiteradas protestas callejeras. El mandatario ultraliberal busca potenciar la capacidad argentina en la explotación de cobre, litio, oro y plata, y cita con frecuencia como ejemplo al vecino Chile, primer productor mundial de cobre en la misma cordillera.
Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030. Ferraro sostuvo en su discurso que “es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”.
Agua “en peligro”
Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dijo a la AFP que la reforma está “hecha a medida de grandes mineras transnacionales” y que “pone en peligro el agua del 70 % de los argentinos”.
El director del Ianigla, Pablo Villagra, consideró que la reforma “desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina al designio político de las autoridades competentes de cada provincia”.
En la mañana del miércoles, activistas de Greenpeace treparon a un monumento protegido por rejas frente al Parlamento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a “no traicionar a los argentinos”. Siete personas fueron arrestadas por la policía, constató la AFP, y bomberos intervinieron para retirar el cartel.
“La crisis climática a nivel mundial es una realidad que sufrimos todos los humanos que vivimos en este planeta. Atentar contra los glaciares es seguir agravando la situación”, dijo a la AFP Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina.
Fuente: AFP
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Diputados vota que Hambre Cero se mantenga en las gobernaciones
La Cámara de Diputados le dijo no a la intención del Senado de trasladar al Ministerio de Desarrollo Social la administración de Hambre Cero en Concepción y Alto Paraná.
- HOY.COM.PY
En la sesión extraordinaria del día martes, la Cámara de Diputados trató el proyecto originado en la Cámara de Senadores que propone modificar la ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar Hambre Cero en las Escuelas, a fin de sacar la administración del programa a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.
Durante el debate, una mayoría se mostró en contra de la iniciativa, ya que implicaría un retroceso pretender centralizar en una sola institución una responsabilidad tan grande, en lugar de apostar a la descentralización.
En el mismo sentido, la diputada Rocío Vallejo opinó que si existen cuestionamientos hacia una gobernadora, esto no implica modificar todo el programa. En la misma línea se pronunció el diputado Carlos María López.
Otros como Raúl Benítez y Johana Ortega sentaron postura en contra del programa, alegando que fue mal concebido y que no hay posibilidad de controlar los recursos.
Finalmente, el proyecto fue rechazado a las 13:16 de ayer y devuelto a la cámara de origen, por lo que, por ahora, no prospera la intención de modificar el programa.
Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado, para el caso de Concepción, el senador Silvio Ovelar utilizó el argumento de la fastuosa fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza, aunque no mencionó una denuncia concreta. En tanto, respecto a Alto Paraná, la legisladora proponente Lizarella Valiente señaló que recibió llamadas telefónicas de muchos padres quejándose del programa, pero tampoco citó nada específico.
Después de estas idas y vueltas de acusaciones, la Contraloría General de la República inició una auditoría a las 17 gobernaciones. La evaluación continúa en curso.
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Comisión dictamina a favor de la modificación de la ley de reforma de Caja Fiscal
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la modificación de la ley que reforma la Caja Fiscal y que incluye a los magistrados judiciales.
Específicamente se refiere a la propuesta “Que modifica el artículo 14 de la Ley N° 7633/26, Que establece la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (De la reforma de la Caja Fiscal)”.
Esta iniciativa busca equiparar los criterios establecidos para los magistrados judiciales con los estipulados, en el artículo 13 de la normativa, para el magisterio nacional, los institutos de educación superior y los docentes universitarios, eliminando requisitos que no se aplican a otros sectores.
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El documento sostiene que resulta incongruente que dentro del mismo cuerpo normativo se adopten criterios distintos para el acceso a la jubilación transitoria.
Actualmente la Ley 7633/26 establece que los magistrados judiciales que deseen acceder a la jubilación ordinaria transitoria deben contar con veinte o más años de aporte y haber cumplido cincuenta y ocho años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la normativa, condición que no se exige en el régimen transitorio previsto para el sector docente.
“En la Comisión de Presupuesto consideramos el proyecto que modifica el artículo 14 de la Ley 7633 que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público de la reforma de la Caja Fiscal. Especialmente nos enfocamos en lo que es el requisito de acceso a la jubilación para los magistrados”, señaló la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto en entrevista con TV Cámara.
La legisladora recordó que la ley se promulgó, pero hubo un compromiso de la Comisión de Presupuesto con el gremio de los magistrados “para volver a tocar este tema y cumplir con este sector en las modificaciones especialmente haciendo la equiparación del artículo 13 que habla del sector docente”.
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