El gobernador del Guairá, César Sosa, se refirió acerca del tractorazo que impulsan los cañicultores como medida de fuerza en reclamo a la falta de culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.

“En el gobierno de Mario Abdo Benítez hubo una sobrefacturación gigantesca, esto no lo digo yo, sino las auditorías y todos los controles que se hicieron en el nuevo gobierno. La obra no se puede tocar sin antes tener un veredicto en la parte judicial. Necesitamos desempolvar para ver quién es el culpable y contra quién apuntaremos. Yo les entiendo a los cañicultores, pero necesitamos saber si fue la empresa encargada de la obra o las autoridades que estaban de turno”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando llegue el presidente Peña de Estados Unidos tendremos una mesa de trabajo ¿Dónde están los culpables de este error?“, reclamó el jefe departamental. Los 2.000 cañicultores movilizados pertenecen a los distritos de Guairá, Caazapá y Caaguazú. Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.

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“Esta es una situación difícil. Nuestra responsabilidad es buscar una solución y golpearemos todas las puertas posibles para eso, no podemos salir en contra de este sector. Se necesita reactivar la obra, necesitamos sacar a la luz quién es el culpable. La gente tiene memoria corta y quiere culpar al gobierno entrante sobre lo que pasó en el anterior gobierno", sostuvo.

La actual planta de molienda tiene más de 40 años y trabaja apenas dos o tres meses al año debido a constantes fallas mecánicas. La nueva maquinaria permitiría triplicar la capacidad de procesamiento, pasando de 2.400 a más de 6.000 toneladas diarias.

Entre los requerimiento de los cañicultores también figura el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. Otro pedido guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recu­sación contra el fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, planteada por la defensa de los exminis­tros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución polí­tica mediante la instrumen­talización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impul­sadas apuntaban a bastar­dear la causa penal con la finalidad de buscar impuni­dad. Los abogados sostuvie­ron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar ses­gado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Can­dia, entiende que los argu­mentos esgrimidos por los letrados no constituyen moti­vos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recu­sación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fis­cales inferiores. Cabe recor­dar que la audiencia prelimi­nar para los procesados sigue pendiente.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente del Ministerio de Salud, informaron que desde el 3 abril hasta la fecha más de 289 mil personas fueron inmunizadas con dosis que las protegerá de enfermedades respiratorias en la temporada de invierno. Existe una gran concurrencia de personas, especialmente los fines de semana.

Según Luis Cousirat, director del PAI, las vacunas contra la influenza deben ser aplicadas desde los 6 meses de vida hasta adultos mayores. Así también, se recomienda una dosis para las embarazadas, para proteger tanto a la madre como el bebé. Además, en las personas con enfermedad de base como diabéticos, cardiópatas, hipertensos, obesos y fumadores.

“La campaña de invierno que inició el 3 de abril ya cuenta con más de 289.000 personas que han sido vacunadas contra la gripe. Es bastante buena la concurrencia de las familias, especialmente los fines de semana. El objetivo es llegar a las 1.500.000 personas, porque esa es la cantidad de personas”, indicó el titular del programa ampliado de inmunizaciones, en entrevista con C9N.

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Afirmó que actualmente ya se encuentran en circulación la influenza A H1N1, que está contenida dentro de la dosis de la vacuna por lo que todo aquel que la reciba estará protegido. “Se puede coordinar la visita de vacunadores al 138, especialmente para las personas que están en cama o silla de ruedas”, apuntó.

Recordó que la neumo23 es una vacuna que protege contra el neumococo, una bacteria que causa neumonía y bronquitis, que está disponible para personas de 60 años y más. “Las personas que ya recibieron una dosis solo deben presentar sus cédulas en los vacunatorios y les corresponde recibir la siguiente dosis si ya transcurrieron los 5 años. En menores de 60 es con indicación médica”, puntualizó.

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