El senador Stephan Rasmussen (PPQ) propone que sea aprobado el proyecto de ley “que suspende temporalmente el impuesto al valor agregado a los servicios digitales”. Con esto se busca que, temporalmente, se elimine el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un periodo de 12 meses.
“Ante el abuso e ilegal cobro de IVA a servicios digitales a través de las tarjetas de crédito, violando la intimidad del ciudadano y cobrando gastos fuera de la ley, presentamos un proyecto de ley para suspender dichos cobros”, expresó Rasmussen sobre los cobros ilegales y doble tributo.
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Tratamiento en 8 días
El senador informó que el tratamiento del proyecto de ley se dará en 8 días, a manera de agilizar o no el proyecto que suspende el IVA en los servicios digitales. De ser aprobado, temporalmente no se gravaría a aquellos servicios que se ponen a disposición del usuario a través de internet.
Así como de cualquier adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por internet o cualquier otra red. Sostienen que ante la falta de una reglamentación precisa por parte el Ejecutivo y la dificultad práctica de la reglamentaciones de Tributación crean “más dudas que certezas”.
En la expresión de motivo indican que la confusión producida por el texto normativo “complejo y discordante”, en la práctica, ha dado lugar a caso de doble tributación. Es decir, el cobro del mismo impuesto dos veces por el mismo hecho imponible. Rasmussen dice que la situación debe ser corregida ya que los servicios digitales más que nunca son utilizados en la pandemia.
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Senado aprueba eliminar bonificaciones y destinar fondos a farmacéuticas
Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.
El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.
Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.
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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.
Máximas autoridades institucionales
Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.
“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.
A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.
No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.
“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.
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Senado posterga por una semana estudio de reforma de caja parlamentaria
El pleno de la Cámara de Senadores decidió la postergación del proyecto de ley “Del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, por el plazo de 8 días.
La moción fue realizada por el senador Dionisio Amarilla, argumentando que se requiere de un debate más amplio, propuesta que fue aprobada por el pleno y se incluye como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles.
“Probablemente este es uno de los puntos que la gente quiere extenderse en su debate, se debatió la semana pasada, pero no estaría mal incluir como primer punto del orden del día de la siguiente semana para darle la importancia necesaria y no más a los apurones resolver este tema”, argumentó el senador ante sus colegas.
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Agregó que “si bien ya hay una propuesta de modificación, son dos o tres aspectos que la gente quiere discutir, no está de más darle la posibilidad a una filosofada profunda a los colegas”.
El proyecto de ley de la Caja Parlamentaria remitido por la Cámara de Diputados cuenta con el dictamen de rechazo de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado. Los principales cuestionamientos sobre este proyecto se dan con el sistema obligatorio de los parlamentarios para aportar a la caja; que el sistema propuesto carece de sostenibilidad y que la limitada cantidad de aportantes compromete la viabilidad del sistema.
Mientras tanto, legisladores ya debaten sobre los puntos que deben ser modificados en la versión de la Cámara de Diputados. Una vez que sea tratado por el Senado y eventualmente incluido estas modificaciones, el documento vuelve a la Cámara de origen, en este caso, Diputados, que deberá ratificarse en su versión inicial o aceptar estas modificaciones.
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Hambre Cero: Diputados frenan cambios y mantienen gestión en gobernaciones
Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó y devolvió al Senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.
El proyecto original, que contaba con media sanción de la Cámara Alta, pretendía que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), además de Asunción, Central y Presidente Hayes, asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.
Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.
Apuestan a la descentralización
Al respecto, el diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada de Honor Colorado, ratificó su postura a favor de la descentralización. “Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso”, sostuvo.
En tanto, el diputado colorado Roberto González también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.
Por su parte, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.
A su turno, el diputado colorado Hugo Meza calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña. “Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país”, afirmó.
Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. “Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal”, acotó.
En este sentido es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza, en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.
Modificaciones puntuales
Luego del análisis que realizó el plenario, el documento fue puesto a consideración y fue aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que sugirió algunas modificaciones.
El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.
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Proyecto de ley sobre licencias profesionales obtuvo dictamen favorable
La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados dictaminó este lunes a favor del proyecto de ley que pretende adecuar la Ley Nº 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial a la realidad actual del transporte de pasajeros mediante vehículos livianos, particularmente, aquellos operados por conductores de taxis, remises y plataformas digitales.
El proyecto plantea precisar el alcance de las categorías de licencias profesionales y ajustar las edades mínimas para su obtención, estableciendo expresamente que el transporte de pasajeros en vehículos livianos pueda realizarse con licencia profesional categoría “B”.
Con ello, se busca otorgar seguridad jurídica, evitar interpretaciones extensivas de la normativa vigente y proteger la fuente de ingreso de trabajadores que utilizan estas plataformas como medio legítimo de sustento, fundamentaron los legisladores.
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Por otro lado, la comisión analizó, conjuntamente, con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto de ley “Que establece el régimen especial de peajes en redes viales nacionales y departamentales de la República del Paraguay”, impulsado por el diputado Benjamín Cantero.
El proyectista precisó que los representantes del MOPC aclararon algunas dudas y se comprometieron a enviar sugerencias con respecto a esta iniciativa, que busca establecer un marco normativo específico que rija para el cobro de peajes en el país.
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