La conocida abogada Gilda de Fátima Burgstaller afirmó que planteará una demanda contra los responsables de la falta de previsión para hacer frente a la pandemia del COVID-19, que hasta el momento causó la muerte de 7.696 compatriotas.
“Es realmente grave lo que ha omitido el Estado. Estamos al 100% en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y camas. La gente humilde es la que más muere”, lamentó la profesional del derecho en entrevista con la 780 AM.
Explicó que, por un lado, la demanda se enfocará en el tema de la falta de insumos y, por el otro, por los cierres de rutas y la gente que perdió empleos por culpa del mal desempeño del Estado, conforme expresó.
“Cuando hay un daño (fallecidos por COVID-19), no puede alegarse la confidencialidad (de los mecanismos de vacunas)”, cuestionó también Burgstaller sobre el manejo en la adquisición de los biológicos.
Leé también: Salomón inició conversaciones para su reelección en el Senado
“Nosotros nunca vimos, por ejemplo, el pago (en documentos) al mecanismo Covax. No sabemos si realmente se pagó”, añadió al cuestionar, además, que el Gobierno pidió tiempo para preparar el sistema sanitario, pero “hasta el oxígeno olvidaron”.
“No hay terapias, no hay insumos. En un año nos encerramos, pero el Estado no se preparó”, concluyó. En las últimas 24 horas, Paraguay registró 96 decesos, elevando el total de fallecidos a 7.696. Así también, se confirmaron 2.020 contagios del nuevo coronavirus a partir de 6.067 análisis procesados.
Dejanos tu comentario
Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
Lea también: Exviceministro afirma que recibió la orden de Giuzzio de negociar con narco brasileño
Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
Dejanos tu comentario
Denuncia a exmodelo por violencia: “La señora andaba armada”
La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.
“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.
No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.
Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.
No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.
Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.
Te puede interesar: Pedrozo: suman cinco las víctimas fatales en terrible accidente
En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.
“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.
Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.
Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.
Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.
En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.
Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.
En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.
Leé más: No al trabajo infantil: concurso de dibujo reunió a más de 830 niños
Dejanos tu comentario
Soja paraguaya: un nuevo balance medirá producción, consumo, stocks y exportaciones
Paraguay comenzará a incorporar desde agosto un balance interno de soja, una herramienta que permitirá medir no solo el volumen producido y exportado, sino también la disponibilidad del grano dentro del mercado nacional y el avance de su procesamiento industrial.
Larissa Barboza, analista de Mercado de StoneX, explicó a la 1000 AM que el análisis deberá contemplar el stock inicial, la producción esperada, la demanda doméstica y el volumen destinado a la exportación. La combinación de estos factores permitirá determinar qué tan ajustado queda el mercado interno.
Uno de los principales indicadores será el ratio stock/uso, que muestra la relación entre las existencias disponibles al final del período y el consumo. Este dato permitirá conocer con mayor precisión el nivel de disponibilidad de soja dentro del país y anticipar posibles escenarios para el mercado.
Leé también: Marca País: la reputación como un activo estratégico para proyectar Paraguay al mundo
Barboza señaló que este tipo de seguimiento es habitual en mercados como Estados Unidos y Brasil, donde la soja tiene un fuerte peso en la industria de procesamiento, particularmente para la producción de biocombustibles y alimentos para animales.
La especialista considera que Paraguay necesita avanzar en esta misma dirección debido al crecimiento de su industria de proteínas y procesamiento agroindustrial. El país no solo mantiene su fortaleza histórica en carne bovina, sino que también amplía sus mercados para carne de cerdo y pollo.
“Queremos cada vez más ir siguiendo de manera interna cómo la industria dentro de Paraguay va avanzando en su procesamiento”, explicó.
El nuevo balance permitirá, por tanto, tener una lectura más completa del mercado de soja paraguayo; cuánto se produce, cuánto queda disponible, cuánto consume la industria local y cuánto puede destinarse a la exportación.
La analista aseguroó que contar con esta información será cada vez más relevante a medida que Paraguay avance en la industrialización de sus materias primas y diversifique su producción de proteínas.
Te puede interesar: Tras un año de controles Japón levanta medidas especiales sobre la chía nacional
Dejanos tu comentario
El Rally impulsa nuevas inversiones y lleva la ocupación hotelera de Encarnación al 90 %
La segunda edición del WRC Ueno Rally del Paraguay genera un importante impacto económico en varios sectores del departamento de Itapúa, especialmente en el sector hotelero.
A pocas semanas de la competencia, los establecimientos de Encarnación registran entre 85 % y 90 % de ocupación, mientras que en otras zonas del departamento la demanda llega al 70 %, según informó a GEN/Nación Media, Andy Sbardella, presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa.
El empresario señaló que en Encarnación quedan pocas plazas disponibles, mientras que todavía existe mayor disponibilidad en localidades de las Colonias Unidas, Carmen del Paraná y otras zonas de Itapúa, donde los hoteles mantienen un nivel de ocupación cercano al 70 %.
La mayor demanda también está generando un efecto sobre la inversión. Sbardella explicó que, tras la primera edición del rally, varios empresarios decidieron iniciar proyectos hoteleros ante la expectativa de que la infraestructura existente no sería suficiente para atender el flujo de visitantes.
“Hay mucha gente que inició construcciones de nuevos emprendimientos; algunos inclusive no llegaron a terminar. Este año ya están terminados”, señaló a GEN.
De acuerdo con el presidente del gremio, se incorporaron nuevos establecimientos tanto en Encarnación como en otras localidades del departamento. Mencionó que la cantidad podría llegar a 15 nuevos emprendimientos, aunque aclaró que la oferta también incluye establecimientos que ampliaron o culminaron inversiones iniciadas previamente.
La demanda no proviene únicamente de los aficionados que llegarán para seguir la competencia. Los hoteles también reciben reservas vinculadas al staff del rally, equipos, a la prensa y otras personalidades que participarán del evento internacional. Según el sector, buena parte de esta capacidad ya fue contratada.
En cuanto a los precios, las tarifas de los hoteles de mayor categoría en Encarnación se ubican actualmente entre G. 1,5 millones y G. 2 millones por noche. Sbardella explicó que no existe una tarifa única para el periodo del rally, debido a que cada establecimiento determina sus precios y no todos forman parte de la asociación hotelera.
El sector había recibido recomendaciones de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) para coordinar los precios ante el incremento de la demanda, aunque finalmente cada establecimiento mantiene autonomía para definir sus tarifas.
Te puede interesar: Marcha Criolla reparte premios a los primeros ubicados