El contralor general de la República, Camilo Benítez, no descarta apelar a una orden judicial para iniciar la auditoría financiera en Itaipú y Yacyretá. Esto, debido a la reticencia de ambos directores paraguayos de las binacionales de abrir las puertas a la fiscalización, alegando que consultarán con sus pares de Brasil y Argentina, respectivamente, antes de remitir los documentos solicitados por el órgano contralor.

“Oficialmente, nosotros lo único que tenemos es una nota que nos remitiera el secretario general de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá) donde nos refiere que van a consultar con sus pares argentinos para darnos una respuesta definitiva”, comentó Benítez en contacto con la 650 AM.

En tanto, Itaipú solicitó una prórroga para contestar a la Contraloría, arguyendo los mismos términos que Yacyretá, que previamente remitirán la consulta a la máxima autoridad de la binacional para dar una respuesta. “Oficialmente todavía no nos dijeron que no, de forma definitiva, lo que sí escuché son algunas referencias de autoridades de la EBY, donde entiendo que sería esa la postura final”, agregó.

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Ante esta negativa de remisión de documentos y el ingreso de los auditores, el único camino que queda es recurrir a los estrados judiciales haciendo prevalecer la Constitución Nacional, que faculta a la Contraloría a realizar la auditoría.

“El único camino para agotar todas las instancias es aplicar el artículo 20 y solicitar al Poder Judicial una medida judicial para poder iniciar el trabajo. La Constitución Nacional da competencia constitucional a la Contraloría para fiscalizar la actividad económica y financiera del Estado paraguayo”, ratificó. “La ciudadanía quiere saber cuánto dinero se recibió, se gastó y cuánto sobra de la entidad para derivar a salud”, agregó el contralor.

Iniciativa del Senado

En su sesión del pasado jueves 29 de abril, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que solicita una auditoría por parte de la Contraloría General de la República en Itaipú y Yacyretá a fin de determinar cómo se utilizaron los fondos sociales en ambas binacionales.

Hasta el momento, los directores de Itaipú y Yacyretá solamente informaron a través de la prensa que cuentan aproximadamente con 48 millones de dólares para redireccionar al área de la salud. Esto, teniendo en cuenta que Itaipú declaró una disponibilidad de US$ 30 millones y Yacyretá de US$ 18 millones en los denominados fondos socioambientales. Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones hechas por los legisladores, serían unos US$ 150 millones los gastos sociales que podrían ser reorientados a cubrir temporalmente gastos de la emergencia sanitaria.

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