La Mesa de Presidentes de los Partidos de Oposición publicaron un manifiesto de repudio contra el anteproyecto de ley del presidente Mario Abdo que crea un marco legal para las medidas sanitarias y punitivas mientras dure la pandemia del COVID-19 en Paraguay.
Piden al primero del Ejecutivo que debata y proponga los cambios necesarios para que la ley sea debidamente corregida y constituya en un “marco legal democrático” para regular el estado de emergencia de acuerdo artículo 68 “Del derecho a la salud”.
Aseguran que el proyecto contraviene expresas disposiciones constitucionales y, por ello, consideran que es “nulo de nulidad” absoluta. Desde la nucleación sostienen que la propuesta de normativa se “aproxima a la instauración de un régimen autoritario”. Manifiestan que de avanzar se estaría violentando la Constitución, por lo que se autoriza a a los ciudadanos a resistir de acuerdo al artículo 138.
Leé también: Euclides Acevedo se vacuna hoy
“El proyecto cercena derechos”
Los presidentes de los partidos políticos contrarios a la manera de gestionar la crisis por parte del Mario Abdo manifiestan que el proyecto “cercena derechos consagrados constitucionalmente. “En la práctica política no debería haber lugar para este tipo de iniciativas”, expresan para dar cuenta el repudio por considerarlo anticívico.
“El resto del proyecto es más confuso y contradictorio”, indican y hacen un llamado a los senadores y diputados a que produzcan un instrumento que establezca normas que prevengan los abusos por parte de las autoridades de aplicación y estén acordes a la Constitución y las leyes que rigen el país, reza el comunicado.
Te puede interesar: Congreso integra autoridades de la comisión revisora del Anexo C de Itaipú
Dejanos tu comentario
Plantearán el rechazo del proyecto de Ley de Devolución Premiada
El senador colorado Derlis Maidana señaló que no está de acuerdo en acompañar la propuesta de Ley de devolución premiada, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Indicó que ya está trabajando en conjunto con su colega senador Basilio Núñez, con quien estarán presentando un dictamen por el rechazo de la propuesta legislativa, en la comisión de Legislación.
El legislador explicó que tanto él como su colega, que es líder de la bancada de Honor Colorado, ya habían manifestado anteriormente, que no estaban de acuerdo con este proyecto, en comunicación con radio 1020AM.
Le puede interesar: Procurador general asume la dirección ejecutiva de la ALAP
Al respecto, explicó que esta iniciativa ignora el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional que habla sobre el principio de igualdad ante la ley, y que con solamente por ser funcionario público ya reduce la condena al 50% con la devolución de lo sustraído al patrimonio.
Explicó que esta propuesta deberá ser tratada ahora en el mes de mayo, antes de que tenga sanción automática. Indicó además que ya están contempladas tanto en el Código Penal, como en el Procesal Penal, la posibilidad de la devolución de lo sustraído.
“Por estos argumentos estamos absolutamente en contra de este proyecto y vamos, seguramente, en los próximos días sacar un dictamen en contra de la Comisión de Legislación, para que luego sea tratado en el plenario el rechazo del proyecto”, indicó.
Mencionó además, que ya estuvieron analizando, y haciendo las consultas pertinentes, ya que la legislación podría incluso ser vetado por el Ejecutivo por inconstitucional.
“Analizamos todas estas situaciones y vemos que ya está legislado en el Código Penal y Procesal Penal. Además no podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor. No consideramos que sea beneficioso”, expuso.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores y la sanción ficta se prevé para el 31 de mayo. En caso de no ser tratada en la fecha, su aprobación será automática.
Siga informado con: Visita oficial: presidente Peña recibirá al primer ministro de Japón
Dejanos tu comentario
La oposición debe castigar casos de “transfuguismo político”, dijo Yolanda Paredes
La senadora Yolanda Paredes manifestó que la figura de “transfuguismo político”, que se repite casi de manera constante en las filas de la oposición, debe ser castigada por los partidos políticos. Instó al bloque afectado a trabajar para legislar y establecer algún tipo de sanción sobre este tipo de hechos.
“Ahora que Patria Querida se ve afectada, decide pronunciarse. Ese es el problema de nuestra oposición porque no hacemos un espíritu de cuerpo. Los partidos debemos buscar algún tipo de solución o salida política o jurídica a esto”, remarcó Paredes.
La legisladora manifestó que desde el momento en el cual se observó el transfuguismo político, primeramente en Cruzada Nacional, los diferentes partidos ya debían aunar esfuerzos para analizar diferentes acciones a ser aplicadas sobre los representantes políticos que deciden cambiar de partido.
Lea más: Patria Querida perdió “el roce con la gente”, lamenta Orlando Penner
“No tenemos legislación que penalice esta situación y bajo ese concepto no podemos accionar dentro de nuestros partidos políticos y tampoco como ciudadanos, empleando algún tipo de castigo para quienes deciden salir de su partido”, indicó la parlamentaria ante los medios de prensa en el Senado.
La congresista sentenció que los casos de transfuguismo ya no deberían repetirse y tampoco deben normalizarse, catalogando este tipo de hechos como una clara estafa a la ciudadanía, teniendo en cuenta los radicales cambios ideológicos realizados por determinados representantes políticos.
“Hacés campaña política por una situación, unos propósitos o fundamentos y resulta ser que al día siguiente de las elecciones, decidís cambiar de partido político. Hoy el ciudadano se siente estafado y puedo asegurar que más de la mitad de la población paraguaya está así”, subrayó Paredes.
En cuanto a los reclamos de los partidos sobre la banca del senador que decide cambiar de corriente política, Paredes remarcó que no se puede apelar a dicha decisión por la falta de tipificación sobre los casos de transfuguismo. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de tomar prontas acciones.
Lea también: Opaci no analizó posibilidad de unificar elecciones municipales y generales
Dejanos tu comentario
Justicia rechaza demanda impulsada por empresa constructora contra Yacyretá
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.
El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.
A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.
Leé también: PPQ apunta a intendencias de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación
De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.
“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.
Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.
Te puede interesar: Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
Dejanos tu comentario
Segunda imputación contra Miguel Prieto se tramitará en juzgado de Asunción
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el incidente de excepción de incompetencia de la territorialidad presentada por las defensas de los imputados por lesión de confianza Miguel Prieto, Higinio Acuña, Richard Ayala Avalos, Maggi Fariña Almada, Nelson Segovia, Francisco Arrúa Álvarez, procesados por un supuesto perjuicio a la comuna esteña de G. 306 millones.
Con la resolución del citado magistrado, el proceso penal de Prieto y otros se tramitará en Asunción. Ahora la defensa de los procesados tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde que el caso se siga tramitando en un juzgado de la capital.
Otazú sostuvo que existe una ley que establece que el juzgado a su cargo tiene competencia en toda la República, por lo que no corresponde el planteamiento formulado por la defensa de los imputados.
En el caso están igualmente imputados por lesión de confianza, Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Avalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
Te puede interesar: Condenan a 20 años de cárcel a pastor evangélico por abuso sexual en niño
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron la imputación contra Prieto y demás personas. Los mencionados fiscales imputaron al intendente por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Los representantes del Ministerio Público sostienen que existe un perjuicio de G. 300 millones en perjuicio a la comuna esteña.
De acuerdo al acta de imputación, Prieto habría encabezado un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
Según el Ministerio Público, el intendente siendo ordenador de gastos de la municipalidad, entre marzo y junio del 2020 habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia por el covid-19.
Podes leer: Procesan a un hombre que habría violentado a su esposa durante 25 años