La Cámara de Senadores aprobó en mayoría un proyecto de declaración por el cual insta a la Justicia Electoral a suspender la compra de máquinas de votación y recurrir al alquiler de las mismas, debido a excesivos trámites burocráticos que están imprimiendo el proceso.

La moción fue planteada sobre tablas por el senador liberal Dionisio Amarilla, y acompañada por la mayoría, debido a la indefinición del llamado a licitación de compra de máquinas de votación. Señaló que el actual proceso de licitación pública para la adquisición de máquinas de votación ha generado una serie de controversias políticas.

Indicó que el planteamiento surge a fin de precautelar la credibilidad de la institución y de los futuros procesos electorales. Aclaró que el planteamiento incluso fue consultado con el presidente de la comisión permanente de Asuntos Electorales del Senado, sobre la necesidad de buscar otros mecanismos que garanticen el buen proceso electoral con miras a las Municipales 2026.

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No obstante, el senador Amarilla destacó que desde la Cámara Alta reconoce la trayectoria, imparcialidad y compromiso institucional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la conducción de los asuntos electorales, manifestando su confianza en su integridad y desempeño.

“Creemos que ya en esta época del año, es plausible analizar la posibilidad de recurrir al arrendamiento de las máquinas de votación y no insistir en las compras”, expresó.

De acuerdo al documento aprobado se recomienda al TSJE que, en uso de las facultades conferidas por la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, proceda a la apertura de un nuevo llamado por la vía de la excepción, destinado al arrendamiento de máquinas de votación, a fin de garantizar la disponibilidad de tecnología electoral en los plazos requeridos para la organización de los comicios.

Igualmente, insta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a agilizar los procesos en el marco del procedimiento de exención para asegurar la provisión de máquinas de votación para las próximas elecciones municipales.

A su turno, el senador Arnaldo Samaniego, como miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, confirmó su apoyo a la propuesta preocupado por todo lo que refiere a la adquisición de las máquinas de votación.

Explicó que atendiendo a la premura del tiempo que tal vez ya no alcance para la compra de las máquinas, y teniendo en cuenta que existen aún protestas no resueltas en la DNCP, dentro de la comisión han convocado a técnicos y a las autoridades del TSJE para evacuar las dudas ante la situación.

“Creemos conveniente que el llamado a licitaciones para la adquisición de las máquinas debe interrumpirse y debe necesariamente proseguir el proceso que garantice nuestra democracia en la realización de elecciones y sean sustituidos este mecanismo de llamado por el de arrendamiento o alquiler de las máquinas. Esto, con la absoluta certeza de que desde nuestra comisión seguirá de cerca este proceso", acotó.

En tanto, algunos legisladores de la oposición, plantearon la postergación por una semana para un mejor análisis de la propuesta declaratoria; sin embargo, la misma no logró contar con la mayoría necesaria.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, destacó que con los tres proyectos de leyes, que el Senado trata este miércoles, se busca incentivar la inversión de la industria para generar empleo, así como la transferencia de conocimiento sobre mano de obra, para que más jóvenes sigan capacitándose.

El secretario de Estado asistió hoy a una reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda en conjunto con la Comisión de Cuentas y Control, para debatir sobre los tres proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en relación a normativas sobre la política nacional para la industria del ensamblaje, maquila y un nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión.

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El ministro Giménez señaló que la intención es que estas propuestas sean aprobadas en la fecha. “Son tres proyectos de incentivos para aquello que estamos buscando dentro del Ejecutivo, que son la inversiones, industrias, creación de empleos, y transferencia de mano de obra para que nuestros jóvenes vayan capacitándose cada vez más”, resaltó ante la prensa legislativa, antes de la sesión ordinaria de hoy.

El secretario de Estado destacó que solo en el caso de la Ley de Maquila se prevé que se pueda incentivar la generación de 35.000 empleos directos, de los cuales el 50 % tienen una previsión para las mujeres. “Este nuevo régimen de maquila hace que sea más atractivo permitiendo que las empresas se puedam instalar en el Paraguay, y que sea cada vez más competitivo y que se tenga un régimen simplificado de exportación”, comentó.

Giménez agregó que también contempla la posibilidad de importar productos al Paraguay sin pagar impuestos, darle una transformación industrial y volver a exportar. “Son siete puntos que se están incorporando, que permitirán tener mayor agilidad, menos burocracia porque los volúmenes crecen y tenemos que dar sistemas menos burocráticos para que el industrial exportador tenga mayores posibilidades de hacer negocios”, concluyó.

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El senador Natalicio Chase, quien preside la Comisión de Obras Públicas, que actualmente lleva adelante el estudio del proyecto de Ley de Reforma del Transporte Público recordó que este miércoles 27 de agosto fenece el plazo para que se presenten todas las propuestas de modificación al planteamiento presentado por el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nación Media, confirmó que, en la fecha, el Ejecutivo remitió las últimas modificaciones al proyecto que presentó a la Cámara de Senadores y serán consensuadas con las diferentes comisiones del Senado, encargadas de dictaminar.

El senador señaló que una vez analizado en los próximos días en las respectivas mesas asesoras, estará listo para que el plenario pueda llevar adelante su tratamiento en la modalidad de “Código”, el próximo miércoles 3 de septiembre, como está contemplado en el cronograma que estableció el plenario de la Cámara Alta.

“Considero que es un proyecto que tiene un gran desafío, porque es la primera vez que se hace una reforma sustancial del Sistema del Transporte Público. Seguramente esto va a tener una implementación gradual y no es que se aplicará de la noche a la mañana, ya que eso será imposible”, comentó.

Enfatizó que la ejecución, aunque inicie de forma gradual, significará una mejora muy importante de todo lo que es el sistema de transporte, en favor de todos sus usuarios.

Respecto a los cuestionamientos que manifestaron un gremio de choferes, sobre algunos planteamientos que contempla el proyecto de ley, Chase confirmó que, hasta la fecha, no acercaron al menos hasta la comisión de Obras que preside, ninguna nota con alguna propuesta o preocupación. Remarcó que tienen en todo caso hasta mañana para presentar cualquier pedido de modificación o cuestionamiento al proyecto.

“Por lo menos en la comisión de Obras Públicas no hemos recibido nada, pudieron haberlo hecho en la comisión de Legislación, pero no hay ningún cambio en el itinerario de tratamiento que tiene este proyecto de ley. Las audiencias públicas ya se han realizado y ellos tienen la potestad de acercar todos los análisis que sean necesario, pero hasta mañana tienen tiempo”, aclaró.

Este proyecto regula y moderniza el Sistema Nacional de Transporte y el Servicio de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros, fue presentado al Congreso el pasado 24 de julio del 2025, dentro de su paquete de 10 leyes. La iniciativa busca una reforma integral: nueva gobernanza, licitaciones modernas y estándares de calidad.

La propuesta impulsada por el Viceministerio del Transporte, dependiente de Obras Públicas, contempla como ejes temáticos el fideicomiso que centraliza subsidios, multas y otros ingresos para transparencia y sostenibilidad. Así como la separación de roles: provisión de flota, patios y operación en contratos distintos (competencia “por el mercado”).

Otros ejes tienen que ver con las unidades funcionales: agrupación de rutas/empresas; primera en 2026 y luego dos por año hasta cubrir el sistema. La renovación de flota (diésel de bajas emisiones y eléctricos), con vida útil 10–15 años.

Así como los derechos del usuario, control y calidad; integración tarifaria y descuentos/vales; mantenimiento de beneficios vigentes (estudiantes, adultos mayores, PCD). Como último eje el foco metropolitano Asunción y Central, pero a la vez que permite replicar en otras áreas metropolitanas como Encarnación, Ciudad del Este, entre otros.

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El abogado y actual secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, presentará mañana miércoles 27 de agosto su libro denominado “El Sistema Acusatorio Penal en Riesgo”. El lanzamiento está previsto a las 19:00, en el auditorio de la Ley Paraguaya César López Moreira 850.

“Este es un trabajo que desarrolle dentro de la tesis de la maestría de derecho procesal en la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del doctor Adolfo Alvarado Velloso. Fue dentro de esa escuela de la corriente garantista que me di cuenta de algunos inconvenientes”, indicó en una entrevista con la 650 AM.

La obra jurídica va dirigida principalmente a jueces, fiscales, defensores y especialistas en derecho penal y guarda relación sobre la investigación por el tribunal de sentencia en el juicio oral. “Me llamó la atención que los jueces no podían hacer investigaciones. En la etapa fundamental de valoración de las pruebas, según lo que pude ver del garantismo en sí, del sistema acusatorio, es que los jueces salen de ese principio de imparcialidad al cual se deben, por diferentes motivos”, comentó.

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Asimismo, González manifestó que esta situación afecta a otros principios como la bilateralidad, igualdad de armas y hasta de la duda. “La acusación es la que tiene que mostrar la culpabilidad del ciudadano. Cuando el juez investiga realiza preguntas a los peritos, testigos, imputados, incluso puede determinar a realizar medidas a mejor proveer, sale de la imparcialidad y no solo envicia el proceso, sino que se inmiscuye y realiza actos de investigación y de ahí forma su convicción“, manifestó.

Señaló que este hecho expone que Paraguay cuenta con un sistema inquisitivo oral. “No tenemos un sistema garantista. El Código Procesal establece que los jueces están obligados a la búsqueda de la verdad y ellos se ciñen a esa situación, pero la norma está en contravención a lo que establece la Constitución Nacional con el debido proceso y la imparcialidad de los jueces. Hay una dicotomía entre ambas situaciones, un drama, entonces debemos cambiar la ley o cambiamos la Constitución Nacional", refirió.

González acotó: “en el sistema anglosajón, el juez en todo momento dirige el debate y nunca se involucra, si llegase a pasar esto, se anula todo el proceso, ordena la tramitación del juzgamiento, pero acá tenemos una disposición legislativa que le obliga a la búsqueda de la verdad". La presentación del libro estará a cargo de los abogados José Fernández Zacur y Roberto Moreno Rodríguez Alcalá.

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