No está en los planes del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, retirar el polémico proyecto de ley remitido el martes último al Congreso Nacional y que busca castigar la vacunación irregular y establecer sanciones severas para quienes incumplan las medidas sanitarias de contención del COVID-19.

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Hernán Hutteman, señaló que si bien el Ejecutivo tiene la potestad de retirar, esa no es la intención, sino que más bien se busca que el tema sea debatido a instancias del Legislativo.

“La intención es que se debata el proyecto”, dijo el ministro en los estudios de Telefuturo negando en todo momento que se trate de un proyecto de “ley garrote” tal como lo denominaron los detractores que consideran que más bien se apunta a establecer medidas autoritarias, en contravención a la misma Constitución Nacional.

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Así también, Hutteman descartó que se pretenda autorizar el uso de la fuerza por parte de la Policía en sus intervenciones, alegando que “el abuso y la arbitrariedad no están permitidos” en la ley.

“A nadie le puede caer bien un proyecto de estas características ante la situación que estamos viviendo”, indicó al justificar la reticencia de parte de los mismos parlamentarios de tratar la propuesta legislativa.

Comentó que en una reunión mantenida anoche con representantes del sector gastronómico, los empresarios manifestaron que ya no aguantarán nuevas restricciones horarias, que afectan seriamente al rubro.

El secretario privado de Abdo Benítez, quien fue convocado a defender su proyecto de ley ante el Congreso, aseguró que está dispuesto a discutir artículo por artículo acerca de la constitucionalidad o no de cada una de las medidas contempladas en la normativa.

Por otro lado, el ministro reveló que se filtró el borrador del proyecto entregado a los congresistas, y que el texto real no establece ninguna medida autoritaria.

De acuerdo con el proyecto, la intención del Gobierno es emitir una nueva ley que lleve a rangos de punición a aquellos que cometan faltas en tiempo pandémico.

Las figuras incorporadas corresponden a la inmunización irregular de vacunas, es decir, la aplicación de dosis contra el COVID-19 a una persona que no corresponde conforme al Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud. La segunda figura del tipo penal es el hurto de vacunas e insumos requeridos por la pandemia.

Serán aplicables a los funcionarios públicos responsables, quienes se enfrentarían a una pena de 2 a 10 años para los casos de hurto, y de hasta 5 años para los casos de inmunización irregular.

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