Legisladores del Parlamento del Mercosur solicitaron la renuncia indeclinable del colorado Celso Troche, tras acceder de forma irregular a la vacuna contra el letal virus del COVID-19, argumentando que el hecho se configura como uso indebido de influencias.
En caso de no cumplir con la solicitud iniciarán el proceso de la pérdida de investidura para apartarlo del cargo.
El documento emitido por los parlamentarios refiere que “exigimos la renuncia del parlamentario del Mercosur Celso Troche, nos dirigimos de forma pública a fin de que presente su renuncia indeclinable al parlamento ya que se ha comprobado que recibió la vacuna contra el COVID-19 en forma irregular, antes del plazo que le corresponde a su franja etaria, y en perjuicio de todas las personas que en nuestro país están esperando recibir el inmunizador”.
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El caso de Troche saltó a la luz pública tras destaparse la situación de la también colorada y exsenadora Mirta Gusinky y la de otros políticos quienes accedieron a la inmunización sin contar con la edad requerida.
“Este hecho se configura en un evidente uso indebido de influencia y falta de decoro, que no corresponde para quien ejerce una representación popular y estipulados como transgresiones que ameritan la pérdida de la condición parlamentaria”, sostiene además el documento.
“Procedimiento de la pérdida de mandato”
Expusieron también en el documento que aplicarán el proceso de la pérdida de investidura en caso que el legislador no acate con lo solicitado.
“En caso de que no presente su renuncia indeclinable solicitaremos al plenario del parlamento del Mercosur la aplicación del procedimiento de la pérdida de mandato por falta de decoro en el ejercicio de sus funciones, conforme lo establece el artículo 30 de nuestro reglamento interno”, sentenciaron.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Lizarella Valiente ratifica postura a favor de expulsión de Zenaida
La senadora Lizarella Valiente expresó que está a favor de aplicar la pérdida de investidura como máxima sanción legislativa a la senadora Zenaida Delgado por el caso de “peaje” denunciado por sus propios funcionarios. Mientras tanto, se habla de que Delgado ya está preparando su renuncia para no pasar por el proceso de pérdida de investidura.
“Yo personalmente ya había asumido esa postura antes de la reunión de la bancada; teniendo en cuenta además los hechos ya conocidos, yo considero que la señora Zenaida tiene que estar con la predisposición de una investigación”, dijo a los medios de prensa.
Así también, la senadora Valiente señaló que Delgado debe someterse a la investigación correspondiente del Ministerio Público, ya que se habla de una injerencia para el acceso a cargos, no solo en el Senado, sino en otras instituciones.
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“Creo que existen ya otros elementos que sobrepasan cuestiones solamente administrativas. Evidentemente, se pudo acceder a cargos por la influencia de la señora. Lamento muchísimo y realmente hago mía también la indignación de absolutamente toda la ciudadanía”, apuntó.
Con respecto a la postura de la bancada que integra actualmente, la bancada independiente ANR-Honor Colorado, Valiente señaló que su determinación es personal y que sus colegas podrían tener la misma decisión al momento del tratamiento del pedido de pérdida de investidura.
“Creo que ahora tiene que someterse a una investigación; es algo que ya sobrepasa a las funciones mismas del Senado de la Nación. El final va a ser exactamente el mismo, que ya no forme parte del cuerpo colegiado y se someta a las investigaciones ante la Fiscalía”, sentenció la parlamentaria.
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Nakayama asegura que ya existen los votos necesarios para expulsar a Zenaida Delgado
El senador liberal Eduardo Nakayama aseguró que existen los votos para aplicar la pérdida de investidura a la senadora Zenaida Delgada por el escándalo sobre un supuesto esquema de “peaje” a sus funcionarios que trabajan en su despacho.
El legislador indicó que existe un acuerdo entre los líderes de bancada de diferentes representaciones y la postergación del tratamiento del libelo acusatorio para que la parlamentaria pueda ejercer su defensa.
“Yo creo que hay 30 votos, hubo un consenso entre los principales líderes de bancada a los efectos que se le pueda correr traslado el libelo acusatorio a la senadora Delegado, para que ella pueda preparar su defensa técnica y que pueda venir el día miércoles y así presentar sus argumentos”, refirió el legislador a los medios de prensa.
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Nakajama aseguró que existe un acuerdo generalizado parala pérdida de investidura de Delgado debe perder, no solo por este último episodio, sino también por escándalos anteriores de los que fue protagonista, y la tendencia es que la misma deje su banca en la sesión del miércoles de la próxima semana.
“Creo que las cartas están echadas, existe un consenso mayoritario y una convicción, no solamente por lo que ha saltado a la luz ahora, sino por la serie de escándalos que ya veníamos teniendo con la misma senadora, no es un caso nuevo o aislado el de ella y la pérdida de confianza es total por parte de los senadores, incluyendo a su misma bancada”, refirió.
Por otra parte, señaló que está de acuerdo con que se debe revisar el sistema de contrataciones de funcionarios que ingresan con los legisladores en cada periodo, es decir, establecer que cada funcionario deje el Congreso con el legislador una vez cumplido su periodo de mandato.
“Para mí tiene que ser una regla. Estamos hablando en que cada periodo legislativo entran 1.250 nuevos funcionarios, eso es insostenible en el tiempo. Tiene que ser una regla que la gente que entra y trae a sus funcionarios de confianza se retire cuando termine el periodo”, sentenció.
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Ministerio Público busca a 46 personas, cuyas cédulas se usaron para inscribir RUC en la SET
La fiscal Laura Mercedes Giacummo solicitó colaboración de la ciudadanía para localizar a 46 ciudadanos de la localidad de Presidente Franco, cuyos datos personales habrían sido utilizados presuntamente para inscribir contribuyentes de manera irregular en la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Las personas deben acercarse a la Comisaría 6ª para recibir orientación y colaborar con el esclarecimiento de su situación.
El pedido fue realizado por la mencionada representante del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 13 de Asunción, mediante el Oficio N.º 139, en el marco de la causa N.º 52/2023, caratulada como investigación fiscal por evasión de impuestos y otro hecho.
De acuerdo con los datos proporcionados, se sospecha que los números de cédula de estas personas habrían sido utilizados para realizar inscripciones tributarias presuntamente irregulares, una situación que deberá ser aclarada durante la investigación. La Fiscalía busca localizar a los ciudadanos para notificarlos y obtener información que permita determinar si autorizaron esas inscripciones o si sus datos fueron utilizados sin su consentimiento.
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La solicitud comprende a personas residentes en los barrios San Rafael, Caacupemí, Santa Clara, San Sebastián, Las Mercedes y otros sectores de Presidente Franco.
1. Alodia Brítez de Martínez
2. Eva Evangelina Ledesma de Mieres
3. Justina Mora
4. Leonarda Gavilán Sánchez
5. Juana Bautista Toledo Vera
6. María Ángela Brítez de Vega
7. Feliciana Frutos Escobar
8. Andreza Castro de Sanabria
9. Herminia Martínez de Acosta
10. María Antonia Toledo de Silva
11. Bernardina Jiménez Silvero
12. Pablina Sanabria de Ortiz
13. Estela Mary Fernández de Báez
14. Antonia Ojeda
15. Vicenta Galeano González
16. Gilda Ibarrola de Ojeda
17. Justina Pereira Ramírez
18. Francisca Toledo Vera
19. Barcilicia Ramona Portal, viuda de Genott
20. Minerva Azucena Martínez Roa
21. Celia Pereira Duarte
22. Rubén Darío Arriola Algarín
23. María Benita Ibáñez Cabrera
24. Juan de la Cruz Vargas Martínez
25. Fidelina Ríos Gómez
26. Francisco Leguizamón Ferreira
27. Víctor Hugo Bordón Acuña
28. Teófilo Vergara Paredes
29. Isaax Ibáñez Cabrera
30. Marcelina Moreno Bogado
31. Matilde Ibáñez de Vergara
32. Pablino Vergara Paredes
33. Eustaquio Vargas Martínez
34. Alcides Godoy Ayala
35. Epifanio Alfonso Yglesia
36. Claudio César Paredes Benítez
37. Ramona Gregoria Frutos de Moreno
38. Nery Moreno
39. Rosa Moreno
40. Justo Ojeda Ferreira
41. Jacinto Pereira Duarte
42. Nicolasa Vázquez de Silvero
43. Pedro Chilavert
44. Juan José Ramos Villalba
45. Felipe Ojeda
46. Dionisio Benítez
La Dirección de Policía de Alto Paraná solicita que todas las personas mencionadas se acerquen a la Comisaría 6ª de Presidente Franco, donde podrán interiorizarse del requerimiento fiscal y recibir las indicaciones necesarias para colaborar con las diligencias. Es importante aclarar que estas personas no están siendo señaladas como responsables de la supuesta evasión de impuestos. Sus nombres figuran en una nómina de contribuyentes presuntamente inscriptos de manera irregular, cuya situación necesita ser esclarecida.
La finalidad de esta difusión es que los afectados puedan tomar conocimiento de la investigación y colaborar con las autoridades para determinar si sus documentos personales fueron utilizados sin autorización. Se solicita a la ciudadanía compartir esta información para que llegue a las personas incluidas en el listado.