El exministro de Justicia, Éver Martínez señaló este viernes que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que pretende castigar la vacunación irregular y el hurto de medicamentos, atenta contra la Constitución Nacional en aspectos fundamentales y básicos del derecho. Lamentó que desde el Gobierno se siga buscando la forma de asfixiar a los sectores más afectados por la pandemia.
“Es un proyecto de ley que ya ha merecido la total desaprobación de la comunidad jurídica por su manifiesto inconstitucionalidad en varios aspectos fundamentales y básicos del derecho constitucional. Pareciera ser que desde la Presidencia o el Poder Ejecutivo no se han percatado de eso o no les ha importado”, dijo el exministro en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que la presentación del proyecto viene en consonancia con los errores cometidos por el Gobierno desde el inicio de la pandemia, con los hechos de corrupción denunciados en las licitaciones y la falta de gestión para adquirir de forma masiva las vacunas contra el COVID-19, que hasta el momento siguen llegando en cantidades escasas al país.
Martínez cuestionó que el Poder Ejecutivo siga buscando la forma de castigar y asfixiar a los sectores económicos y a la ciudadanía en general. A su criterio, tras endeudar al país por US$ 1.600 millones, ya no se puede pedir un sacrificio a la gente a costa de las libertades básicas establecidas en la Constitución Nacional, mientras en el sector público se siguen pagando bonificaciones en plena pandemia.
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“El Poder Ejecutivo lo que hace es seguir castigando y asfixiando a la ciudadanía y a los sectores que aportan al sostenimiento del Estado para seguir manteniendo el carnaval y la inutilidad e inoperancia de sus autoridades. Esto debería bajarse a una mesa con todos los sectores a quienes afectaría esta eventual ley y pienso que al Poder Ejecutivo se le fue la mano con este proyecto”, agregó.
El Poder Ejecutivo dio a conocer un proyecto de ley que establece multas hasta 300 jornales por violaciones a disposiciones sanitarias establecidas, también penas carcelarias de hasta cinco años por vacunaciones de forma irregular contra el COVID-19 y la prohibición de ejercer cargos públicos a los funcionarios involucrados.
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