El abogado Ricardo Preda señaló este jueves que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre penas carcelarias a vacunaciones vip y multas por violar disposiciones sanitarias, no reúne las condiciones para ser aprobado en el Congreso Nacional y destacó que se trata de una “torpeza jurídica”.

“Yo simplemente estoy criticando desde el punto de vista jurídico y práctico el proyecto de ley, no desde un punto ideológico. No creo sinceramente que haya una idea autoritaria en el Estado, para mí es una torpeza jurídica”, manifestó el profesional del derecho en comunicación con Universo 970 AM.

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Sostuvo que órganos administrativos apliquen sanciones no es algo autoritario porque es una cuestión que se da en el ámbito tributario, aduanero y en el ámbito de la salud, pero restringido a los médicos, sanatorios y farmacias. Resaltó que estas disposiciones rigen en cualquier parte del mundo.

Preda indicó que lo cuestionable es que se dé más responsabilidad al Ministerio de Salud Pública para abrir sumarios administrativos porque debería contratar abogados a fin de llevar a cabo los procesos, en un momento donde la necesidad es proveer de insumos, medicamentos y vacunas contra el COVID-19 a la ciudadanía.

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“En nuestro país queremos muchas veces que las autoridades se encarguen absolutamente de todo y eso es humanamente imposible. Desde el punto de vista técnico la gente del Ministerio de Salud no debería estar enfocada en cuestiones jurídicas, sino en cuestiones médicas. La reglas que establecen el proyecto de ley son total y absolutamente desacertadas”, agregó el abogado.

El Poder Ejecutivo dio a conocer el proyecto de ley para que las medidas sanitarias y las restricciones se vuelvan una ley temporal y no haya más decretos presidenciales. Propone también penas carcelarias para las personas vacunadas de manera irregular contra el COVID-19.

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Sobre las infracciones de las medidas sanitarias, se establece pena privativa de libertad en los casos graves como fiestas clandestinas, entre otros casos. En el caso de multa, se pone como tope 300 jornales mínimos a los infractores de las medidas sanitarias. La propuesta debe ser debatida en el Congreso y aprobada por las dos cámaras para su posterior promulgación y puesta en vigencia.


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