La diputada Kattya González criticó al nuevo proyecto de la ley “De Emergencia Sanitaria” promovido por el Poder Ejecutivo, que principalmente hace referencia sobre los controles en el marco de la pandemia y la creación de nuevas figuras del tipo penal.

En este sentido, la parlamentaria calificó esta iniciativa de estronista, argumentando que con esta normativa se busca cortar la libertad de la ciudadanía, y la libre circulación.

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“El año pasado lo adelantamos y hoy los nuevos hechos nos dan la razón. Presentaron un proyecto de ley estronista que busca cortar libertades. Ya saben mi posición. Es hora que ustedes también se planten para evitar que pase esta ley. La libertad no se negocia”, dijo la diputada a través de sus redes sociales.

Igualmente, la parlamentaria también se refirió al tema durante la sesión de la Cámara de Diputados del pasado miércoles, donde manifestó su preocupación sobre esta iniciativa por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así mismo, González pidió debatir a profundidad el documento ya que, “dar más poder a la Fiscalía y a la Policía Nacional, es ponernos una soga al cuello”.

La parlamentaria aseguró además que “no se puede introducir por la ventana una serie de normas que azotarán nuevamente a la ciudadanía, atendiendo que, la normativa pretende dar facultades a las fuerzas del orden para el cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas”.

La nueva Ley de Emergencia

Este proyecto, establece procedimientos de control de las medidas sanitarias, que estará a cargo del Ministerio de Salud y comprende el incumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Este tipo de sanciones serán de carácter administrativo y cuentan con multas de 2 a 300 jornales mínimos, dependiendo de la gravedad del hecho y su reincidencia.

Las nuevas figuras introducidas en este proyecto, corresponden a la aplicación irregular de dosis contra el COVID-19 a las personas que no se ajustan a los requisitos y lo establecido por el Plan Nacional de Vacunación. La segunda figura del tipo penal es el hurto de vacunas e insumos requeridos por la pandemia.

Ambas figuras se aplican a los funcionarios públicos responsables, quienes se enfrentan a una pena de 2 a 10 años para los casos de hurtos y de hasta 5 años para los casos de inmunización irregular.

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