En cumplimiento al mandato constitucional, el contralor general de la República, Camilo Benítez, entrego este lunes al presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, el informe de gestión anual de la Contraloría General.

En conferencia de prensa, el contralor Benítez explicó que este documento contiene todas las actividades de control que han llevado adelante el año pasado. Todas las auditorías financieras, tanto de cumplimientos, fiscalizaciones especiales, los exámenes de correspondencias, como reportes de indicios de hechos punibles con millonarios montos afectados.

“Los reportes de indicios de hechos punibles arrojan una cifra que no es menor, más de 160 millones de dólares, que ya fueron remitidos al Ministerio Público”, precisó.

Agregó que el informe entregado explica además la nueva capacidad que tiene la CGR después de haberse promulgado la Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

“La Contraloría siempre ha tenido y sigue teniendo un aspecto represivo contra la corrupción. Pero, hoy cuenta también con otros aspectos, que tienen que ver con la prevención de la corrupción, promoviendo la cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas”, acotó.

Mencionó que el principal control que llevan adelante tiene que ver con el programa “Hambre Cero en las Escuelas”. “Creemos que es el desafío más grande que tiene el Poder Ejecutivo, y nuestra responsabilidad es ser custodio del control del servicio de alimentación”, precisó.

Al respecto, indicó que la CGR ha llevado adelante más de 400 verificaciones in situ. “Nosotros creemos que sin el control concurrente de la Contraloría, el servicio de alimentación escolar se podría ver perjudicado. Creemos que este rol de vigilantes que tenemos hace que las empresas lo tomen más en serio y puedan proveer el servicio todos los días”, acotó.

Explicó que por ley constitucional, la CGR debe realizar la presentación anual de la gestión que lleva adelante y esperar que el Senado lo pueda analizar. Mencionó que el informe que entregó en la fecha es un complemento al que presentarán más adelante, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria 2024 del Gobierno.

A su turno, el senador Basilio Núñez, titular del Congreso, resaltó que desde el Senado considera que se está avanzando y mejorando el sistema de control, cumpliendo de ese modo el rol constitucional que le compete al Poder Legislativo.

“Creo que estamos yendo por buen camino, que se fortalece con la asistencia del contralor y su equipo. Estamos fortaleciendo departamentos como la Auditoría Interna, estamos implementando el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay), que no se implementaba como debía ser en periodo anteriores, pero ahora hay una voluntad política de hacerlo”, acotó.

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En charla con el pro­grama “Arriba hoy”, de GEN-Universo 970/Nación Media, el repre­sentante legal de la firma itti fue categórico al men­cionar sobre la deteremina­ción adoptada por la jueza en lo civil y comercial Rossana Frutos. Recordó que la jueza hizo lugar a una medida cau­telar a favor de la citada firma que si el banco Atlas, actual­mente está en proceso de fusión con otro banco, cede la utilización del software estará violando una resolu­ción judicial y a su vez estaría cometiendo una infracción al derecho de autor.

Preda sostuvo que “la jueza otorgó una medida cautelar de prohibición de no inno­var sobre la utilizacion del sofware, lo que implica que otras personas no podrían interactuar sobre el core bancario y si sucede eso el banco Atlas estaría violando la medida cautelar”.

Del mismo modo el citado profesional indicó que no solamente se trata de que el banco ya no utilice el software IT Gestión Financiera (ITGF) tras la fusión, sino que “inde­pendientemente de que no lo utilicen aún, hay informa­ción y partes de los módulos del software que seguramente van a ser utilizados en ese pro­ceso, aunque sea para migrar los datos a otro software. Pero esto es ajeno a otras infraccio­nes ya cometidas por Atlas en cuanto al software”, explicó el abogado de ittis.

También el abogado Preda señaló que “lo que se busca precautelar con esta medida judicial es que el software no sea utilizado por terce­ros porque finalmente hay un contrato para el uso de softawre con Atlas, pero no puede ceder el uso a terce­ros y si estamos hablando un proceso de fusión se podría entender que terce­ros podrían usarlo”.

El abogado aclaró que la medida cautelar no actúa como una suerte de blo­queo al proceso de fusión de las entidades bancarias involucradas, sino que pre­cautela su utilización en el proceso de unificación de datos. Además, recordó que una vez que la fusión se concrete, el nuevo banco no podrá utilizar el software en cuestión.

“itti no está en contra de ninguna fusión, lo que quiere precautelar es que su derecho de autor no sea violado nuevamente a tra­vés de la utilización de su software por parte de otras personas a quienes no se ha licenciado en su momento y, aparte también, por el propio Atlas, que no podría utilizar este software una vez realizada la fusión”, afirmó.

Preda explicó que se ha iniciado un proceso de arbitraje debido a que el proceso de mediación ya terminó en abril pasado.

En cuanto al arbitraje, aún está en proceso inicial por­que todavía no se conformó el tribunal arbitral y hasta el momento no se propuso a los árbitros. Se deberá defi­nir al presidente del laudo arbitral y tener una deter­minación final que puede durar un año como mínimo, manifestó Preda.

A través de un comunicado, ambas entidades señalaron que el proceso continúa con normalidad.

Tras la decisión judicial emi­tida por una jueza de primera instancia, que ordenaba no utilizar el software de itti para cualquier entidad resultante de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar, estas entida­des emitieron un comunicado a la opinión pública sobre el proceso de fusión que llevan adelante ambas entidades. Actualmente, hay además una instancia de arbitraje entre la firma itti, dueña del software IT Gestión Finan­ciera (ITGF), y el banco del grupo Zuccolillo.

En el comunicado se deja en claro dos aspectos esenciales. Lo primero, que la fusión con­tinúa dentro del cronograma previsto; y, lo segundo, que la nueva entidad que surja tras la fusión utilizará otro software y no ya el que venía utilizando durante los últimos 20 años.

“El proceso de fusión entre banco Atlas y banco Fami­liar sigue su curso con nor­malidad. La medida caute­lar presentada por itti Saeca, no afecta, en modo alguno, la continuidad ni la validez del proceso que ambas ins­tituciones vienen desarro­llando con estricto apego a las normativas vigentes y con la debida supervisión de las autoridades competentes”, señala parte del comunicado emitido ayer por las entidades bancarias.

De acuerdo a esto, Atlas y Familiar sostienen que la medida judicial otorgada por la jueza Rossana Fru­tos Olguín “se refiere única y exclusivamente a la imposi­bilidad de utilizar el software ITGF una vez que las entida­des estén fusionadas”.

“En el marco de este proceso, y con el objetivo de garanti­zar una experiencia operativa eficiente y segura para nues­tros clientes, ambas institu­ciones hemos resuelto avan­zar con la implementación de un nuevo y más adecuado sis­tema de core bancario, basado en la tecnología actualmente utilizada por banco Familiar, para lo cual, tiempo atrás se decidió no utilizar el sof­tware ITGF, hecho que ya fue comunicado oportunamente al ente regulador. Asimismo, ejerceremos todas las accio­nes necesarias en defensa de nuestros derechos, respalda­dos por una larga trayectoria empresarial”, agrega el pro­nunciamiento.

En la parte final del comu­nicado, las citadas entidades reafirman “su compromiso con la legalidad, la transpa­rencia y la mejora continua” y que la presente situación que se genera con los asuntos judiciales “no afectará la fun­cionalidad de ninguno de los servicios de ambos bancos. Banco Atlas y banco Familiar continuarán impulsando el fortalecimiento del sistema financiero paraguayo con la prestación de servicios de calidad, confiables y centra­dos en las necesidades de sus usuarios”, concluye.

Este jueves, desde el Ministerio Público dieron a conocer los resultados de la plataforma “Datos Abiertos” correspondientes al año 2024 y confirmaron que durante ese periodo se atendieron 22.540 niños, niñas y adolescentes víctimas de algún tipo de hechos punibles. También informaron que en los últimos nueve años hubo más de 29.000 casos de abuso sexual en niños en el país.

Los más de 22 mil casos se registraron de enero hasta diciembre de 2024, lo que da como resultado 61 víctimas por día. De estas, entre 8 y 9 fueron atendidas por casos de abuso sexual. Los demás hechos punibles fueron por maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores y abuso por medios tecnológicos. Así también, violación del deber de cuidado, coacción sexual, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Es así que el año pasado se reportaron 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía, 511 víctimas de coacción sexual; 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, y 848 casos de estupro. En tanto que, 2.784 denuncias sobre violencia familiar, 2.302 casos de violación del deber de cuidado, 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con menores y 7.928 denuncias de Incumplimiento del deber alimentario.

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Datos Abiertos también detalló sobre los casos de abuso sexual en menores desde el año 2015 hasta el 2024 y se pudo constatar que se asistieron a 29.175 víctimas. Las zonas con más casos son Central, Alto Paraná, Asunción, Itapúa, Caaguazú, San Pedro y Cordillera. Durante la pandemia (2020), disminuyeron las denuncias, por falta de redes de apoyo como maestros, parientes, círculos de amistades, entre otros.

En el 2015 se registraron 2.139 víctimas, para el 2016 hubo 2.055 denuncias, en el 2017 se observaron 2.414 asistencias. En tanto que en el 2018 se tuvo un total de 2.766, en el 2019 se registraron 3.287 casos, en el 2020 registró 2.721 y en el 2021 se llegó a los 2.926 casos. Para el 2022 se atendieron a 3.794 menores, en el año 2023 la cifra llegó a 3.552 víctimas y el año pasado se cerró con 3.521 casos.

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El abogado Ricardo Preda dijo que la Concertación Frente Guasu adeuda unos 2.000 millones de guaraníes a la entidad financiera a la que representa legalmente, por el préstamo realizado cuando la empresa aún estaba cons­tituida como una financiera. Manifestó que plantearán una acción legal ya que las personas físicas involucra­das desconocen la validez de sus firmas.

“Los demandados se presen­taron a plantear una excep­ción de falsedad y negaron que las firmas consigna­das en un pagaré les perte­nezca. Recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que se esclarezca”, indicó el abogado a la Radio 1020AM.

Luego el abogado Preda aclaró que los codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas no desconocen el crédito, sino la autoría de sus firmas. “Dicen que no firmaron el pagaré, en nin­guna parte argumentan que no hayan obtenido el crédito”, agregó Preda.

A pesar de que años atrás la entidad financiera les sir­vió para extraer recursos para la campaña electoral; sin embargo, ahora los diri­gentes de la oposición dudan de la solvencia financiera de la entidad.