Plantean recurrir a la Justicia para obligar a cumplir la ley de cobertura del COVID-19
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El senador Jorge Querey comentó que un grupo de abogados está ofreciendo soporte a familiares de pacientes internados en cuidados intensivos para lograr la cobertura prevista por ley y que hasta el momento no pudo ser aplicada porque las autoridades se hacen del “ñembotavy”, según expresó.
“Al día de hoy no está todavía aplicada la ley de cobertura de las terapias intensivas. Hace más de tres semanas que la ley fue aprobada, promulgada, publicada y hasta hoy la gente sigue sufriendo”, afirmó.
Sobre el punto, Querey anunció que junto con un equipo de abogados está trabajando para acompañar a los afectados. “Estamos viendo la manera de cómo dar soporte a esa gente, de tal manera a que judicialmente sea obligado el ministerio (de Salud), porque tiene la plata, tiene la ley y tiene un reglamento. Entonces, por qué no está cumpliendo”, aseveró.
El equipo profesional buscará obligar al Ministerio de Salud por vía judicial a dar cumplimiento a la nueva legislación. “Los abogados buscarán que por vía judicial se le obligue al ministerio a dar esa cobertura y no este ñembotavy que están haciendo con respecto a esa ley que es tan importante para la gente que sigue sufriendo”, puntualizó.
El legislador manifestó que como médico no quiere cargar el peso de no haber hecho nada en su rol de representante del pueblo en el Congreso para velar por el cumplimiento de una ley. “Por lo menos de mi parte, yo sí hago el esfuerzo y el día de mañana debo volver a mi profesión y no puedo volver con un desprestigio de haber tratado de ser lo más coherente posible”, enfatizó.
El congresista del Frente Guasu se refirió a la ley que crea el Fondo Nacional para cobertura de gastos de pacientes en unidades de terapia intensiva por COVID-19, reglamentada por el Ejecutivo el 22 de abril último y que beneficiará a quienes estén siendo tratados tanto en el sector público como privado.
Amplían atención odontológica con insumos para cinco USF de Caaguazú
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El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social realizó la provisión de instrumentales, insumos clínicos y materiales necesarios para la prestación de los servicios, con una inversión de G. 61.235.850, a través de la dirección de Salud Bucodental, para promover la atención odontológica en cinco Unidades de Salud de la Familia (USF).
Los establecimientos beneficiados son las USF Brasilero Cué, Santa Isabel, Montanaro, San Luis y Cantera Boca, que recibieron recursos destinados a garantizar la continuidad de las atenciones odontológicas, optimizar la capacidad de respuesta de los servicios y contribuir a la reducción de las listas de espera.
Las cinco USF brindan atención odontológica los lunes, miércoles y viernes, de 7:00 a 15:00, y los martes y jueves, de 07:00 a 13:00. Los turnos se gestionan en la ventanilla de admisión de cada establecimiento. Entre los recursos entregados se encuentran algodón, baberos, gorros y tapabocas quirúrgicos; adhesivo dental, resinas y ácido ortofosfórico, además de kits para pulido de resinas, fórceps para adultos y pacientes pediátricos, elevadores, curetas, sondas y espejos bucales.
También fueron provistos diversos instrumentales como tijeras, pinzas y jeringas carpule, además de anestésicos y agujas odontológicas, entre otros insumos necesarios para la atención. El fortalecimiento de los servicios odontológicos en las USF permite acercar la atención a las comunidades y reducir barreras de acceso, especialmente para niños, embarazadas, adultos y personas mayores que requieren atención de salud bucal.
La entrega estuvo a cargo del departamento de Salud Bucodental de la V Región Sanitaria – Caaguazú, como parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios de salud bucal en el primer nivel de atención. La disponibilidad de materiales e instrumentales adecuados contribuye a que los equipos de salud puedan desarrollar los procedimientos correspondientes de manera oportuna y segura, fortaleciendo la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.
El hospital distrital de Caaguazú está en proceso de modernización y los diputados departamentales piden informes sobre la ejecución del proyecto al Ministerio de Salud. Foto: Archivo
Diputados piden informes sobre proyecto de modernización del hospital de Caaguazú
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Un pedido de informes sobre la ejecución del programa de reconstrucción y modernización del Hospital Distrital de Caaguazú fue presentado en la Cámara de Diputados por los legisladores colorados Miguel Del Puerto y David Jara.
Entre los principales puntos requeridos a las autoridades sanitarias se encuentran el porcentaje del presupuesto ejecutado o comprometido y el estado del proceso de licitación.
Piden detallar también la eventual empresa adjudicada, el inicio de obras y los plazos previstos para la conclusión del proyecto.
Asimismo, solicitan información sobre el plan de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios médicos durante el periodo de reconstrucción, incluyendo eventuales traslados, alquileres de espacios temporales y recursos destinados a dicha planificación.
El requerimiento también contempla aspectos vinculados a la evaluación técnica de la infraestructura existente, la protección de las recientes mejoras realizadas en el hospital, la fiscalización de las obras y la coordinación institucional.
Según mencionan los proyectistas, el hospital recibediariamente a más de 400 pacientes, por lo que el proyecto busca mejorar las condiciones de atención y la capacidad resolutiva de los servicios sanitarios.
El senador Ramón Retamozo reclamó a los postulantes presentar planes concretos para mejorar la institución y conocer sus principales falencias. Foto: Gentileza
Legislador critica que candidatos a defensor del Pueblo se presentan “sin planes reales”
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El senador Ramón Retamozo, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, cuestionó a los postulantes que aspiran a ocupar los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto, por dedicar mayor tiempo de sus exposiciones a la presentación de su currículum y prácticamente sin propuesta o programa de trabajo.
El legislador señaló que durante las audiencias públicas tuvo que hacer un llamado a la atención, porque cada postulante a los que le ha tocado escuchar hasta ahora, se ha dedicado a presentar su preparación académica, y experiencia.
Pero, señaló que casi nadie habla sobre lo que tiene previsto hacer para mejorar la institución, o de su plan de gestión, y lo más grave es que casi nadie maneja el presupuesto que tiene la Defensoría del Pueblo.
“Me parece que si uno pretende llegar al cargo, uno tiene que tener ya la radiografía de esa institución. Tiene que tener ya todas las falencias punteadas y qué van a hacer para que mejore esa institución. Necesitamos un defensor o una defensora del Pueblo que lidere todos los procedimientos que se realizan a nivel país, ya sea en lo judicial, en lo social, en todos los sentidos”, remarcó.
El senador Retamozo indicó que a su criterio el defensor del Pueblo debe estar involucrado en todos los aspectos. Señaló que son cargos sumamente importantes para la sociedad, ya que tienen que cuidar al pueblo, afirmando que el cargo se podría comparar como el cargo de un fiscal general del Estado.
“Debe tener monitoreados todos los procedimientos en donde hay falencias, donde hay abandono, donde se está cometiendo injusticias, abusos por nuestra gente y ahí tiene que estar el defensor o la defensora del Pueblo”, remarcó.
Kemper destacó eficiencia de la CGR bajo gestión colorada: “Datos matan relato”
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El senador colorado Patrick Kemper salió al paso de las críticas de la oposición, que califica de “farsa” la conformación de las ternas para los cargos principales de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inclusión del actual contralor Camilo Benítez, quien busca su reelección.
Kemper afirmó que, bajo la gestión de Benítez, el órgano extrapoder tuvo un crecimiento significativo en los controles y resultados en cuanto a la fiscalización y controlar del uso de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Estado.
El parlamentario manifestó que muchas de las denuncias por hechos de corrupción que actualmente salen a la luz, particularmente en entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), los municipios de Asunción y de Ciudad del Este, son producto de los trabajos realizados por la dirección actual de la Contraloría.
“Esas denuncias son parte del informe de la Contraloría. Gran parte de todas las denuncias que hoy están saliendo de IPS y de otras instituciones son producto del trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República. Los datos matan el relato”, manifestó ante la intención de la oposición de desestimando el reiterado discurso opositor, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.
El legislador recordó que hasta abril de 2019 las declaraciones juradas eran de carácter reservado, mientras que actualmente más de 1.600.000 declaraciones juradas están disponibles de manera pública, gratuita y de fácil acceso. Según Kemper, esta apertura permitió generar antecedentes para investigaciones por posibles casos de enriquecimiento ilícito.
A la vez destacó el aumento de los informes de análisis patrimonial. “Hasta el 2019 se habían generado 256 informes de análisis patrimonial de gestiones anteriores”, indicó. En contraste, afirmó que entre 2019 y 2026 se realizaron 1.217 informes, lo que representa un incremento del 375 %.
En cuanto a los sumarios por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, señaló que antes de 2019 no existían procesos de este tipo, mientras que actualmente hay 1.073 sumariados, con multas por G. 8.856 millones, de las cuales aproximadamente el 26% ya fue cobrado.
El actual contralor Camilo Benítez conforma la terna elaborada por el Senado y remitida a Diputados. Foto: Gentileza
Kemper también resaltó el alcance de las auditorías sobre autoridades. “Hoy se hicieron auditorías sobre presidentes, expresidentes, ministros de Corte, exministros de Corte, ministros del Poder Ejecutivo”, manifestó. A esto sumó más de 69 sumariados por conflictos de intereses y 325 informes remitidos al Ministerio Público.
Uno de los datos que consideró más relevantes fue el impacto económico de las investigaciones de la Contraloría. “Hasta el 2019, el resultado del impacto económico de los trabajos investigativos de la Contraloría representaban 35 millones de dólares. Del 2019 al 2026, como bien estaba mostrando el presidente, casi, casi es 1.000 millones de dólares”, puntualizó.
El senador también destacó la digitalización de las rendiciones de cuentas, que actualmente se realizan de manera online, y la incorporación de tecnología para el control del gasto público. A la vez resaltó la implementación de mecanismos de transparencia e integridad. Según indicó, actualmente existen 224 unidades de transparencia y anticorrupción operativas en los tres poderes del Estado.
Por otra parte, defendió el desempeño internacional de la institución y recordó que Paraguay ocupó por primera vez la presidencia de la OLACEFS durante el periodo 2023-2025, tras una elección por unanimidad en México. “No es justo cuando se habla de que esta gestión es ineficiente. Fortalecer una institución como esta es apostar realmente a tener un Estado más eficiente y, sobre todo, que la aplicación de los fondos públicos, producto de los contribuyentes, de todos los paraguayos, sean aplicados de forma eficiente para beneficio de todos ellos”, indicó.