El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo este martes en Mburuvicha Róga una reunión de trabajo con el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, y consejeros, a quienes requirió mayor prioridad en la provisión de medicamentos e insumos para los asegurados de la institución.

“El presidente está preocupado por el sistema de salud y exigió dar prioridad principalmente al área de medicamentos e insumos, hacer una valoración de los medicamentos más importantes para los asegurados. Nos pidió trabajar e insistir sobre eso, que apretemos más”, manifestó Brítez en una conferencia de prensa.

El profesional de la salud acotó: “El presidente nos pidió apartarnos de lo político y dedicarnos a lo técnico. Estas reuniones serán permanentes, por lo menos cada 15 días”.

Brítez ratificó que se vuelve necesario impulsar una reforma a la carta orgánica del IPS con el objetivo de contar con una previsional moderna, eficiente y acorde a las necesidades y exigencias de los asegurados.

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No obstante, ratificó que la prioridad en el segundo tiempo del mandato de Peña radica en abastecer los servicios de farmacia interna. “La carta orgánica data hace más de 80 años, probablemente se tengan que hacer algunas reformas, pero no es el momento para eso. Para una reforma tendríamos que impulsar una mesa de trabajo y llegar a un consenso”, puntualizó.

Por otra parte, el titular de la previsional señaló que Peña en el segundo tiempo de su mandato seguirá manteniendo al actual equipo en la previsional. “Nos dio su apoyo total, tanto a los miembros del consejo como a gerentes, él sabe de la situación y lo difícil que es el IPS, una institución muy grande, es como ocho ministerios en uno, los problemas siempre existen. Estamos trabajando las 24 horas de los 7 días de la semana para poder dar respuestas a nuestros asegurados”, dijo.

Por otra parte, se informó que bajo el gobierno de Peña el nivel de morosidad patronal se redujo del 40 a un 15 %. Se agregó que los trabajos prosiguen con el fin de identificar a las empresas evasoras y emitir los certificados de deudas para iniciar los procesos de demanda.

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La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno.

En un video divulgado en setiembre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López.

Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede observarse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La empresaria los recibía con algarabías y abrazos, y agradecía la gestión del presidente para con la fundación.

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Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a través de su firma Permanent Oriental Holding S.A., firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.

Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudicaciones de la misma en la DNCP.

Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.

En el 2020 Dalia López tomó notoriedad por la llegada del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaúcho”, a Paraguay de la mano de la fundación “Fraternidad Angelical” para impulsar el lanzamiento de un emprendimiento social denominado “Móvil de la salud de las niñas y niños” y de un libro biográfico del exfutbolista, “Genio en la vida”.

A partir de allí se convirtió en una de las personas más buscadas del país tras destaparse el escándalo por las cédulas de identidad paraguaya otorgadas al exjugador y su hermano para ingresar al país. Ronanldinho y su hermano fueron a prisión, mientras que Dalia desapareció por seis años.

Tras desaparecer, también existió la sospecha de una protección de ese gobierno para ocultar a la empresaria.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La Comisión Bicameral, encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2024, presidida por el senador Dionisio Amarilla, recibió al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Jorge Brítez, acompañado de su equipo técnico.

Durante la sesión, las autoridades del ente previsional respondieron a observaciones formuladas en el marco de la auditoría realizada por la Contraloría. El titular del IPS señaló que dicha auditoría fue solicitada por la propia institución tras su asunción, ante la detección de problemas administrativos que requerían una evaluación integral.

La directora general de Control Gubernamental de la CGR, Dra. Gladys Fernández, indicó que el informe presenta un dictamen con salvedades. Entre las principales observaciones se mencionan pagos de bonificaciones por G. 3.471 millones que superaron lo establecido en la normativa vigente, así como la asignación de beneficios a funcionarios de alto rango que no correspondían.

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También se detectó el ejercicio de funciones por parte de profesionales de la salud sin habilitación vigente, quienes percibieron remuneraciones en contravención a las disposiciones institucionales.

Desde el IPS, la directora de Recursos Humanos, Diana Giménez, informó que se realizaron ajustes en los pagos y procedimientos administrativos. Asimismo, se suspendieron ciertos beneficios hasta contar con dictámenes vinculantes y se iniciaron procesos de revisión interna.

En relación con otras observaciones, se reportaron auditorías internas y sumarios administrativos por casos de reposos médicos falsificados. En situaciones de faltas graves, se aplica la desvinculación de contratados o la instrucción de sumarios para funcionarios permanentes, conforme a la normativa.

El informe también refiere acerca de irregularidades como pagos fraccionados de subsidios, falta de registro en el sistema SINAR, omisión en la publicación de remuneraciones, inconsistencias en contrataciones y pagos sin respaldo documental.

En el área asistencial, se identificaron limitaciones en la cobertura de servicios, escasez de profesionales en algunas especialidades y deficiencias en infraestructura y equipamiento. Las autoridades atribuyeron estas situaciones a factores como reducción de carga horaria, renuncias y restricciones presupuestarias, señalando que se trabaja en el fortalecimiento del sistema.

Finalmente, la Contraloría informó que continúan las auditorías en distintas áreas del IPS y que se prevé la presentación de un informe ampliado en los próximos meses, instando a la institución a reforzar sus mecanismos de control interno.

Seguidamente, los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral recibieron a los viceministros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes respondieron sobre observaciones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

Posteriormente, el senador Dionisio Amarilla, en consulta con los miembros de la comisión, resolvió declarar un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10:00, a fin de recibir a Silvia Leiva, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a Viviana Morínigo, decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma casa de estudios.

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