El dirigente campesino y exdirigente de la Liga Nacional de Carperos, José Rodríguez, se apersonó en el Congreso Nacional para manifestar a los senadores de varias bancadas que el uso indiscriminado de los fondos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá afectaría a más de 13.000 familias que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, es decir, la extrema pobreza.
Sostuvo que la suma de las restricciones y el redireccionamiento de fondos podría traducirse en violencia debido a que los sectores más vulnerables se verán en una seria situación por la falta de ingresos para el consumo diario. Indicó que se reunieron con el presidente del Congreso, Óscar Salomón y los senadores Fidel Zavala, Pedro Santacruz y Pakova Ledesma.
“No descartan movilizaciones”
Dijo que no descartan movilizaciones, debido que consideran se ve en peligro la asistencia de estas familias. Asi también, sostienen que otro sector que se vería perjudicado son los programas de becas. Sin embargo, con respecto a este último punto, el Gobierno Nacional informó que los programas de becas de Itaipú no serán interrumpidos.
“Nadie nos asegura que no se toquen estos fondos. La ley es tajante y clara, no menciona nada acerca del sector campesino. Indica que de manera integral se habla de los fondos socio-ambientales y empresariales, sin distinción. Se reglamentará el uso para en Salud, pero no el uso de los recursos para los campesinos y estudiantes”, manifestó Rodríguez.
Respecto a la asistencia agrícola que reciben estas familias, indicó que la siembra directa, el mecanismo de cultivo mecanizado, se vería afectado. “Compra de insumos y semillas, mejoramiento, recuperación y enriquecimiento de suelo para estas familias podría verse desfinanciado”, alegó.
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“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal”, dice titular del Indert
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, habló sobre la importancia de la titulación de tierras en Paraguay.
“Entregar un título de propiedad a un campesino es integrarlo al sistema formal, económico, social y político”, señaló a la 1140AM.
Aseveró que la formalización de la tierra representa una herramienta clave para el acceso a derechos, financiamiento y desarrollo productivo en el sector rural.
“Junto con el presidente de la República pusimos en marcha un proyecto realmente transformador porque transforma vidas, comunidades, la sociedad y el país”, expresó.
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Afirmó que de esta manera el Gobierno cumple con lo estipulado en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que el objetivo de la Reforma Agraria es la integración del campesinado al desarrollo económico y social de la Nación.
“Entonces, pusimos en marcha algo que le llamamos titulación masiva, aplicamos nuevos métodos, nuevas tecnologías. Y esencialmente estamos impulsando que todas esas propiedades que han sido adquiridas por el Estado -que tiene como propósito lograr que se desarrolle la agricultura familiar campesina, la economía rural- pasen a manos de sus verdaderos ocupantes”, puntualizó.
Dijo que sin el título de propiedad de nada sirve impulsar políticas públicas. “Porque el título de propiedad es un activo que le permite a él integrarse plenamente al sistema económico y formal”, enfatizó.
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Indert destaca mediación que destrabó conflicto por tierras en Caazapá
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.
Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.
Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.
Inicio del conflicto
Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.
Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.
“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.
Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.
Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.
Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.
“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.
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Indert: resaltan impacto de la entrega de títulos de propiedad favorece a reducir la pobreza rural
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, se refirió al tema de la reducción de pobreza, que fue anunciado este viernes por el Gobierno nacional, destacando que el principal motor para la reducción de la pobreza en el ámbito rural ha sido, sin dudas, la entrega de títulos de propiedad a los campesinos.
En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que desde el momento en que un campesino recibe su título de propiedad, se vuelve millonario, al contar con sus tierras propias, y a partir de ahí, el campesino ha podido generar sus propios ingresos, así como acceder a créditos financieros para el desarrollo rural de sus tierras.
“Le estamos sacando de la pobreza a un campesino, cuando le estamos entregando el título de propiedad de sus tierras; nosotros le convertimos en millonario a los campesinos", remarcó Ruíz Díaz.
Pero para comprender el contexto, puso como ejemplo el caso del dirigente campesino Justino Vera, quien pagó cerca de 5 millones de guaraníes por su tierra que tenía más de 30 años de ocupación.
“Se había comprado hace 30 años a unos precios irrisorios y por Reforma Agraria se mantienen los precios por 11 hectáreas de tierra. Él pagó 5 millones, pero nosotros le hicimos una tasación de su inmueble y en realidad él estaba llevando 1.600 millones de guaraníes, hoy al precio de mercado”, explicó.
Al respecto, resaltó que, al contar con título de propiedad, esa tierra vale, y dejó de empobrecer a una familia. Al mismo tiempo, señaló que las familias tienen acceso al crédito, pueden realizar inversiones productivas, pueden mejorar su rendimiento. Pero también el Gobierno les garantiza la compra de su producción agrícola a través de la Ley Hambre Cero.
Recordó, además, que los estudios internacionales dicen que cuando se titula una tierra de manera automática, el campesino puede acceder al crédito, tiene 40 % más de productividad y sus ingresos mejoran en un 30 %. Resaltó que todo esto ha tenido un impacto en miles de familias campesinas en el país.
Proyecto de Ley para eliminar barreras
El titular del Indert destacó que, por este motivo, el presidente de la República, Santiago Peña, se comprometió a profundizar en este trabajo sobre la titulación masiva de tierras rurales y señaló que en poco tiempo más el Poder Ejecutivo estará remitiendo al Congreso, un proyecto de ley que permitirá eliminar una traba importante que tenía el campesino.
“La ley vigente actualmente exige el pago de la primera cuota de su tierra, antes de acceder a su título. Pero la propuesta normativa que se busca modificar plantea que esa primera cuota, que equivale más o menos entre 7 y 8 millones de guaraníes, la realice recién a los 12 meses de haber recibido el título”, precisó.
Destacó que ya durante este gobierno se bajó la tasa de interés al 0 % para las mujeres, por lo cual redujo en un 50 % el valor de las tierras en beneficio de las mujeres jefas de hogar, para cumplir con el mandato constitucional y del Estatuto Agrario que habla de priorizar a la mujer en el campo.
“El presidente de la República pidió ampliar los plazos; en ese proyecto de ley que se va a remitir en breve al Congreso, va a ampliar el plazo para que las mujeres, en lugar de tener que pagar por su lote 15 años de plazo, lo paguen en 30 años de plazo. Ese proyecto de ley ya tiene la última revisión y se está definiendo el momento más oportuno para su presentación”, comentó.
Por lo expuesto, el presidente Ruíz Díaz resaltó que no existe mejor política para sacar al campesino de la pobreza que otorgarle su título de propiedad y que el título tienda también a favorecer a las mujeres.
“Esto es muy importante, porque nosotros estamos pasando del 30 % de los títulos que se entregaban para las mujeres, como se hacía antes de que asumiera el gobierno del presidente Peña el 15 de agosto del 2023. En la actualidad, gracias a esa política de incentivos de favorecer la titulación en nombre de la mujer, se está llegando a un 60 %. Es decir, que 6 de cada 10 títulos que se entregan en esta administración son para mujeres; y las mujeres son el mejor, el mejor vehículo para atacar la pobreza en los hogares rurales”, concluyó.
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Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
Impacto financiero y presión a suministro
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
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