La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

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El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.

Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.

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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.

Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.

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En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley, remitido por el presidente de la República, el cual fija los feriados nacionales y móviles, y otorga la posibilidad al Poder Ejecutivo de poder decretar hasta tres feriados extraordinarios cuando así lo considere necesario.

“La movilidad de los feriados es muy importante sobre todo para el turismo interno que se genera, según dice la Secretaría Nacional de Cultura y la Secretaría Nacional de Turismo”, expresó el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación.

De esta forma, se establecieron como feriados móviles que podrán ser trasladados por el Poder Ejecutivo:

• el 1 de marzo, Día de los Héroes de la Patria
• el 12 de junio, Día de la Paz del Chaco
• el 20 de junio, Día de la Jurada de la Constitución Nacional (nuevo feriado incluido)
• el 29 de septiembre, Día de la Batalla de Boquerón.

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En la sesión también se abordó la propuesta legislativa presentada por el senador José Oviedo, quien propuso la declaración de dos nuevos feriados, el 12 de octubre, como día de la Proclamación de la República del Paraguay y el 22 de septiembre fecha de la victoria de la Curupayty, contienda en la que Paraguay venció a los Argentina, Brasil y Uruguay en el marco de la Guerra contra la Triple Alianza.

Además se aprobó facultar al Poder Ejecutivo a fijar, cada año y por decreto, hasta un máximo de tres días adicionales como feriados nacionales que podrían ser decretados para fechas conmemorativas, celebraciones deportivas o actividades que impulsen el turismo y la economía nacional. La propuesta será remitida a la Cámara de Diputados para su estudio correspondiente.

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El abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Rubin, que propone incorporar la figura de la prisión permanente revisable y elevar las penas privativas de libertad a niveles que podrían superar los 90 años. Según el constitucionalista, la propuesta es contraria a los principios establecidos en la Constitución y contiene además ciertos errores.

“No hay ninguna vuelta, es inconstitucional”, aseveró el abogado y explicó el por qué es inviable la propuesta presentada por el diputado independiente. “Se plantean cuestiones que hoy tienen una motivación claramente populista desde la misión de persona pública que está ahí por votos”, añadió.

Duarte Cacavelos afirmó que analizó la propuesta legislativa impulsada por Rubin y detalló que la redacción contiene problemas constitucionales dado que se habla de la cadena perpetua y de penas muy elevadas para lo cual se establece un límite en la regulación constitucional.

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“En el artículo n.° 20 establece claramente cuáles son los fines de la pena y cómo se justifica la aplicación de una pena que debe tener como finalidad, aparte de la protección a la sociedad, debe servir para readaptar a una persona, si se dispone de una cadena perpetua se está violando ese artículo que consagra que se tiene como misión que la persona se readapte a una vida sin delinquir”, señaló.

El abogado además mencionó que por la forma en que se plantea el proyecto, quedó en evidencia el gran desconocimiento del sistema jurídico penal, puesto que desconoce figuras que ya existen en el Código Penal Paraguayo, y como ejemplo, mencionó que se describe al “dolo eventual”, como si fuera un elemento que no existe actualmente en la normativa paraguaya.

“Lo cual es una falacia, actualmente están castigados los hechos punibles dolosos en todas sus formas. Después desconoce la punibilidad de la tentativa, porque empieza a describir que también se castiga la tentativa en ciertos crímenes y en la parte general del Código Penal se establece ya que la punibilidad de la tentativa se establece en todos los crímenes, solo en los delitos se debe regular la tentativa, y eso también se desconoce”, sostuvo.

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Como otro de los puntos cuestionados del proyecto, hizo mención del desconocimiento de la existencia de la regla para aumentar marcos penales en casos de concurso de hechos punibles. Indicó que si se aplica lo planteado por Rubin, se podrían llegar a penas de más de 130 años. “Claramente se desconocen las reglas vigentes y existentes”, enfatizó.