Ciudad del Este. Agencia Regional.

El titular de la Red de Inversiones y Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio, Javier Viveros, y el gobernador de Alto Paraná, César Torres, mantuvieron una reunión con industriales, directivos de parques empresariales, de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), consultores de maquilas y el Colegio de Contadores, con el fin de abordar inquietudes en el proceso de captación de inversiones para el departamento.

El encuentro se realizó en la sede del gobierno regional. “Escuchamos los planteamientos sobre desafíos que tenemos como país, qué podemos mejorar y articular como gobierno para que estas inversiones puedan seguir viniendo y generando empleos”, refirió el viceministro Viveros.

En cuanto a los requerimientos realizados en la reunión, manifestó que “el país se encuentra en un proceso de transformación industrial y eso implica muchos desafíos, principalmente en términos de ordenamiento, debemos ordenar los parques industriales, tener en cuenta las condiciones que necesitan para operar de buena manera”.

Mencionó que la preparación de la gente para responder al crecimiento industrial es otro de los desafíos en el contexto de la captación de inversiones.

“En la medida en que vamos trayendo industrias, nuevos segmentos de inversión, se generan demandas de empleos con nuevas capacidades que debemos ir formando; como gobierno debemos apoyar eso para que las empresas confíen que van a tener lo que necesitan para trabajar en este departamento”, sostuvo el viceministro del MIC.

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Destacó igualmente que en la reunión recibió el informe de que todos los parques industriales están llenos, como muestra del dinamismo que se está generando en el departamento. “El crecimiento industrial trae muchos desafíos como país y debemos estar muy de cerca con la gente que hace parte, para entender cuál es la problemática y ayudar a pasar esos desafíos”, remarcó titular de Rediex.

Como conclusión de la reunión se decidió establecer una mesa de trabajo para abordar los temas puntuales más urgentes en base a plazos. Javier Viveros aclaró que no le interesa una mesa de trabajo para dilatar los puntos de interés, sino para avanzar con propuestas y soluciones concretas.

El viceministro Javier Viveros anunció también que tres eventos de negocios de magnitud se harán en setiembre en el décimo departamento: Invest Alto Paraná, Expo Paraguay – Brasil y la Expo Maquila. Será una semana de negocios desde el 8 de setiembre en el marco de una política de desarrollo industrial, de crecimiento y promoción de atracción de inversiones, afirmó el viceministro del MIC.

El gobernador César Torres mencionó que se trata de ir socializando los eventos de magnitud que se prevén en el departamento, con los actores involucrados con la actividad económica industrial en la región. Indicó que la agenda prevista no es sino la expresión de lo que ya se vive en Alto Paraná y a la vez para ir generando más negocios y empleos.

• Mesa de trabajo con gremios sobre temas puntuales
• Respuesta a desafíos para captación de inversiones
• Tres eventos de negocios de magnitud en Alto Paraná
• Invet Alto Paraná, Expo Paraguay - Brasil y, Expo Maquila
• Acompañamiento a parques industriales

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Eduardo Escobar Said, cuestionó las acciones, tanto de los magistrados que integraron el Tribunal de Sentencia como del fiscal que llevó el caso, por haber liberado al docente villarriqueño, de 53 años, acusado por acoso contra una niña de 11 años, quien fuera su alumna.

A través de su cuenta de red social X, el viceministro realizó su descargo y expresó su preocupación ante este hecho, que golpea fuertemente a todo el sistema de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en los casos de abusos en todas sus formas.

“Luego de una semana difícil por numerosos casos de abuso sexual en niños, en los cuales los operadores de Justicia lastimosamente no estuvieron a la altura; reflexiono sobre este pensamiento del profesor Juan José López Ortega, del cual tuve la fortuna de ser su alumno en la Universidad Carlos III de Madrid”, indicia la reflexión de secretario de Estado.

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El mismo cuestionó el “esmero” de los veladores de la Justicia en este caso, y principalmente, sobre los derechos de protección a la niña víctima en este caso. “Me pregunto: ¿pusieron estos jueces y fiscales el esmero para llegar a la tan mentada ´verdad verdadera´ en un caso tan delicado como lo es un abuso sexual a una niña?”, lamentó.

En ese mismo sentido, también cuestiona: “Señores magistrados ¿les parece justo una absolución en un caso tan grave?, ¿pelearon con esmero por la Justicia?, ¿pelearon por la justicia a una niña víctima por parte de una persona que tenía el deber de cuidarla como lo es un profesor?”.

También lamentó que a pesar de la preparación que puedan tener los jueces que dieron su veredicto, u otros jueces que llevan casos similares, no serviría de nada si el fiscal de la causa “no puede redactar una acusación en forma”, o que un juez Penal de Garantías, no puede ejercer su rol de contralor del proceso y corregir el tipo penal fue imputado el acusado.

“¿De qué sirve si tres jueces de Sentencia no pueden, bajo la posibilidad que otorga el Código Procesal Penal, ordenar la sustanciación de nuevos medios probatorios?. ¿Les parece correcto revictimizar a una niña víctima de abuso?. Porque si ahora se anula el juicio oral y público, ella y toda su familia tienen que volver a pasar por otro juicio, recordando hechos dolorosos”, reprochó.

Ante toda esta situación, expresó: “Señores magistrados lamento informarles que no hacen honor a la investidura que poseen circunstancialmente, ni demuestran la capacidad ni el compromiso que requiere un jurista”.

Detalla además que por este tipo de sentencias, la sociedad se encuentra en una posición de cuestionamiento ante las tantas y constantes campañas para denunciar todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. “Causan un daño tremendo en la percepción de la sociedad respecto a la labor de la protección de la infancia. Vuestras Señorías: ustedes no están a la altura de la labor que les encomendó el Estado y la Sociedad de llegar a la Justicia en los casos que intervienen”, sentenció.

Finalmente, instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a que tomen acciones que sean ejemplo para otros casos. “El JEM ya tiene el caso y espero tengan una sanción ejemplificadora, para que nunca más veamos sentencias como esta”, puntualizó.

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El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, acudió este lunes ante la Comisión de Defensa Nacional de Diputados con la finalidad de proporcionar informaciones oficiales sobre el espionaje impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la tarifa de la entidad binacional Itaipú, entre junio de 2022 y marzo de 2023.

“No hay nuevas medidas ni tampoco un ultimátum para que nos proporcionen una respuesta, estamos aguardando respuestas satisfactorias y sinceras por parte del gobierno brasileño para poder recuperar la confianza entre dos países amigos”, comentó el diplomático a los medios de comunicación presentes en el Congreso.

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Para el encuentro también fueron convocados autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y de la Secretaría de Inteligencia. “Por supuesto que esta situación afecta las relaciones de amistad, estamos hablando de la pérdida de confianza entre dos países hermanos, aliados. Todavía no sabemos en qué consistió la operación de inteligencia, que tipo de informaciones buscaban”, manifestó Verdún.

El pasado 1 de abril, el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña había, anunciado cuatro medidas tras tomar estado público el esquema de hackeo. Se convocó a consultas inmediatamente al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del Gobierno del Paraguay.

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Igualmente, se convocó al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezca explicaciones detalladas sobre la acción de inteligencia llevada a cabo por el Brasil. A su vez, Mitic inició una investigación detallada de los eventos ocurridos entre junio del 2022 y marzo del 2023 en vista que no existió ningún reporte del gobierno de Mario Abdo Benítez al respecto.

La otra acción consistió en la suspensión temporal de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú hasta que Brasil brinde las aclaraciones correspondientes al Paraguay. “Más que un pedido de disculpas del Brasil, como Gobierno queremos saber en qué consistió esa operación de inteligencia y quiénes fueron los funcionarios y las instituciones afectadas. Saber si esto efectivamente concluyó cuando asumió el gobierno de Lula”, refirió Verdún.

De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.