Con miras a la descentralización del sistema sanitario ante esta crisis y la saturación de los hospitales, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que crea el Sistema Regional de Cooperación Interinstitucional Sanitario”.
Mediante esta norma se pretende poner a disposición las instalaciones independientemente a qué institución pertenezcan para que sean herramientas de servicio general como plan de la contingencia durante la pandemia.
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Se tendría asiento en las instalaciones del Destacamento Militar de la Fuerza de Tropas Especiales, ubicado en Benjamín Aceval, lugar denominado Cerrito. Estarían integrados la Gobernación de Presidente Hayes, las Fuerzas Armadas de la Nación, el Ministerio de Salud Pública y los municipios de la región.
El pleno se conformó en comisión para su estudio detallado y con dictamen a favor se procedió a su aprobación. La iniciativa contó con amplia mayoría y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores.
Como uno de los proyectistas, el diputado Enrique Mineur, del departamento de Presidente Hayes, indicó que es una alternativa para fomentar y fortalecer el sistema de contención de los casos de COVID y la alta demanda que existe en el contexto de la pandemia.
También el diputado Celso Kennedy resaltó la importancia de que el sistema sea descentralizado. Además, considera que la inclusión de los municipios es esencial para los que tienen a su cargo la coordinación de la atención sanitaria a través de los consejos locales de salud.
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Diputados da luz verde a creación del municipio de Santa Cecilia
La Cámara de Diputados aprobó este martes la creación del municipio de Santa Cecilia, en el departamento de Guairá. La iniciativa plantea una nueva organización territorial y administrativa en la zona.
Según el proyecto, se busca mejorar la organización del territorio y acercar la gestión pública a los pobladores.
Además se apunta a generar un nuevo polo de desarrollo, con posibilidades de crecimiento sostenible, conforme expresó la diputada María Constancia Benítez.
El colorado Edgar Chávez también es impulsor del proyecto y destacó que la creación de Santa Cecilia permitirá avanzar hacia la descentralización administrativa.
Asimismo mejorará la prestación de los servicios públicos y generará nuevas oportunidades de desarrollo para los habitantes de la zona.
La propuesta contempla la creación del municipio de Santa Cecilia, con asiento en el pueblo del mismo nombre, mediante la delimitación de un nuevo territorio que será segregado del actual municipio de Independencia.
Por otro lado, establece los procedimientos para la puesta en funcionamiento de la nueva municipalidad y la adecuación administrativa que corresponda, hasta convertirse en un gobierno local.
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Diputados da media sanción al traslado de funcionarios de Copaco a otras instituciones
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley “Que autoriza la transferencia laboral excepcional del personal de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (Copaco S.A.) a instituciones del Estado”, durante su sesión ordinaria.
La iniciativa establece un mecanismo extraordinario para posibilitar el traslado definitivo de funcionarios activos de Copaco a otras instituciones públicas que requieran sus servicios, atendiendo a la experiencia técnica y administrativa del personal, así como a la compleja situación financiera que atraviesa la empresa estatal.
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Durante el tratamiento, el diputado colorado José Rodríguez, en su carácter de proyectista, explicó que la propuesta fue objeto de varias audiencias y reuniones de trabajo, además de mesas técnicas con representantes de las instituciones involucradas, con el propósito de analizar su viabilidad jurídica, administrativa y presupuestaria, y construir una alternativa que permita brindar una solución a los trabajadores.
En ese sentido, señaló que se busca aprovechar ese capital humano formado con recursos del Estado y establecer un procedimiento legal que otorgue seguridad a todas las partes. Indicó que el proyecto autoriza, por única vez, la movilidad laboral de funcionarios activos hacia instituciones públicas que requieran sus servicios, sin que ello represente un nuevo ingreso a la Función Pública.
Conservación de derechos
Asimismo, contempla la conservación de los derechos laborales, la antigüedad y los aportes jubilatorios, sin generar nuevos cargos, ya que las instituciones receptoras deberán prever los recursos correspondientes junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El proponente también aclaró que el procedimiento no será automático ni implicará el traslado masivo de funcionarios, sino que dependerá de solicitudes específicas de los ministros o titulares de las instituciones interesadas y del dictamen favorable del Viceministerio de Capital Humano.
Consultas con IPS
El diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, señaló que se trata de un traslado definitivo y no de una transferencia laboral, y mencionó que se realizaron consultas al Instituto de Previsión Social (IPS) respecto a la continuidad de los aportes y las obligaciones jubilatorias de los funcionarios.
Mencionaron que de acuerdo a las evaluaciones realizadas con las autoridades de la empresa, la salida de al menos 500 funcionarios sería necesaria para contribuir a su estabilización financiera y administrativa. Mientras que actualmente existen más de 100 funcionarios comisionados en otras instituciones públicas, quienes continúan dependiendo administrativamente de Copaco, incluso con dificultades relacionadas con el pago de sus salarios y la cobertura médica.
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Diputados aprueban ley que penaliza el matrimonio con menores de edad
Durante la sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que penaliza el matrimonio con menores de edad y el texto pasa ahora a consideración del Senado.
Se trata de la propuesta “Que incorpora el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997, Código Penal, y establece responsabilidad penal por la celebración dolosa de matrimonios prohibidos entre niños, niñas o adolescentes”.
El diputado Daniel Centurión, uno de los proyectistas, explicó que la iniciativa tiene por objeto establecer sanciones penales para quienes intervengan deliberadamente en la celebración de matrimonios prohibidos por la legislación civil cuando uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años.
Según manifestó el parlamentario colorado, se busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes, mediante la intervención penal en las conductas directamente vinculadas con la celebración de estos matrimonios.
Aclaró que el proyecto respeta los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, intervención mínima y proporcionalidad. Además, no modifica las disposiciones relativas a la validez, nulidad o efectos civiles del matrimonio.
Sanciones que prevé la ley
En cuanto a las conductas previstas, explicó que el proyecto contempla tres tipos de responsables.
- La primera es el adulto que contraiga matrimonio con una persona menor de edad, con conocimiento de su condición.
Para este caso, se establece una pena de hasta tres años de prisión o multa, siempre que el matrimonio llegue a celebrarse.
- El segundo supuesto comprende a quienes tengan responsabilidades legales de representación, guarda o tutela y realicen acciones concretas para promover, organizar o facilitar la celebración del matrimonio prohibido.
La sanción prevista también es de hasta tres años de prisión o multa, siempre que se demuestre que la conducta contribuyó a la concreción del hecho y que existió intención dolosa.
- Y tercera, se incluye al funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, autorice o celebre un matrimonio prohibido, con conocimiento de que uno o ambos contrayentes son menores de edad. Para estos casos, se establece una pena de hasta cinco años de prisión.
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Oficialismo apoya juicio político al fiscal general del Estado
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció este martes en rueda de prensa que las bancadas disidente y del oficialismo acompañarán el juicio político al fiscal general de Estado, Emiliano Rolón, impulsado por el sector de la oposición en la Cámara Baja.
“En conversación con las bancadas fraternas, la bancada A y la bancada B del Partido Colorado, que en conjunto genera la mayoría en la Cámara de Diputados, queremos dar el anuncio de que vamos a acompañar el juicio político la fiscal general del Estado. Nosotros entendemos lo delicado de la situación, nosotros entendemos que el gran desafío que tenemos es estabilizar nuestra nación y devolver la institucionalidad a nuestra República”, anunciaba el titular legislativo.
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Latorre dijo además que en este momento la prioridad es atender y dar respuestas inmediatas a las personas afectadas con el quiebre de Ueno Bank, como así también restablecer la situación financiera y económica en el país.
“Tenemos como absoluta prioridad que los ahorristas puedan recuperar sus haberes. Tenemos como absoluta prioridad fortalecer y restablecer la histórica estabilidad macroeconómica que tuvo nuestro país y, por supuesto, la estabilidad de nuestro sistema financiero, es una prioridad el ejercicio de la justicia, de que los responsables sean castigados y que esto sea en el marco de la confianza ciudadana”, apuntó el legislador.
A su vez, el diputado Hugo Meza confirmó que no habrá liberación de voto y que existe consenso para respaldar el proceso. “No hay liberación de voto y creemos que hay mérito suficiente para acompañar e impulsar el juicio político al fiscal general del Estado”, manifestó. Igualmente, criticó el deterioro institucional generado por la situación, señalando que las responsabilidades y las actuaciones de las instituciones involucradas deben ser evaluadas.
Por su parte, el diputado Miguel Del Puerto indicó que, tras varias horas de deliberaciones, ambas bancadas alcanzaron una posición unánime. “Había cierta disparidad, pero hoy tenemos un criterio unánime entre ambas bancadas. Acompañamos por unanimidad el juicio político al fiscal general”, afirmó.
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