El vicepresidente Pedro Alliana señaló que, conforme a su método de trabajo, y al cargo que ocupa, lo que hace es escuchar a la gente todas sus inquietudes y transmitirle luego al presidente de la República. Confirmó que sí le hizo llegar algunos reclamos y conversó con él sobre la necesidad de cambios en el Gabinete.

Durante el lanzamiento de la precandidatura a la Intendencia de Camilo Pérez, este jueves por la noche, el segundo del Ejecutivo fue abordado por varios trabajadores de prensa que le realizaron diversas consultas.

Entre ellas, aclaró que fueron varias las ocasiones en que tuvo oportunidad de conversar con el jefe de Estado, a quien le hizo llegar todos los cuestionamientos, tanto de forma pública y de frente, como también lo hizo durante la reunión de ministros.

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Señaló que su planteamiento lo hizo mirando hacia el 2028, buscando continuar con el modelo de gestión, y si para ello es necesaria una mirada más política de la gestión, y que esto mismo ya lo había dicho en su momento al presidente Santiago Peña.

“No solo fue un descargo con el que queríamos llamar la atención del público, o de los correligionarios, sino era algo que yo realmente sentía que se tenían que hacer algunos cambios dentro del Gabinete. Le dije al presidente de la República en privado, lo dije en una reunión de ministros y lo dije también en público. Así es que yo voy a seguir trabajando de esta misma manera y bueno, estoy seguro de que la dirigencia también valora ese trabajo", comentó.

Reconoció que hay cosas por corregir y darle una mirada más política. “Hay que darle una mirada más política a la gestión, y esto no lo estoy diciendo hoy al presidente Peña, ya le había dicho a él, y es lo que nosotros vamos a seguir seguramente proponiendo”, acotó.

Por otra parte, el vicepresidente Alliana habló de la idea de la candidatura a la Presidencia 2028. Remarcó que aún no es el momento, que ahora está concentrado en las elecciones municipales de este año en las que se apunta a lograr la mayor cantidad de intendencias coloradas.

Aseguró que llegado el momento, lo estará analizando de forma personal, con su familia, y de ser necesario hablará con la dirigencia del movimiento Honor Colorado, para saber si aún lo consideran como el mejor candidato.

No obstante, indicó que de ser necesario mandará incluso a hacer una encuesta no para el público, sino para él poder tomar una decisión de aceptar o no la propuesta de la candidatura a la Presidencia.

“Yo no tengo miedo a los desafíos, estoy seguro de que gracias al trabajo que realicé siempre, en los cargos que me tocó ocupar, gracias al Partido Colorado, yo creo que la dirigencia del partido se siente muy identificada conmigo. Voy a tratar de cumplir la promesa que asumí. Voy a mirar todo esto que ocurre en estas elecciones municipales, pero por supuesto, yo no descarto la posibilidad de salir cuando pueda, salir a trabajar y a acompañar a nuestros candidatos", enfatizó.

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Un jurado federal en Estados Unidos determinó ayer viernes que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter al criticar a la red social cuando estaba a punto de comprarla mediante un acuerdo de 44.000 millones de dólares, según un fallo consultado por la AFP.

El jurado rechazó, sin embargo, la acusación de maniobra fraudulenta deliberada para hacer bajar el precio de la acción. Pocos minutos después del anuncio del fallo, los abogados de Musk informaron a la AFP que su cliente tenía intención de recurrir la decisión, que calificaron de “contratiempo”.

Después de tres semanas de este juicio civil, marcado por el testimonio en persona del hombre más rico del mundo, el jurado de un tribunal federal de San Francisco consideró que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas que hicieron caer el precio de Twitter. Un abogado de los demandantes calculó los daños en aproximadamente 2.600 millones de dólares.

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El fallo constituye una rara derrota judicial para Musk, a menudo apodado “Teflon Elon” por su capacidad para salir indemne de juicios que muchos creían que perdería. Sus abogados recordaron este hecho a la AFP, y subrayaron que este mismo viernes un tribunal de Texas lo había exonerado en un proceso por difamación.

En 2023, un jurado del mismo tribunal federal de San Francisco había absuelto a Musk de acusaciones similares a las de los accionistas de Twitter, presentadas por los titulares de acciones de Tesla, después de que Musk hubiera tuiteado en 2018 que tenía los fondos para comprar el fabricante de automóviles.

Musk, que publica a diario numerosos mensajes en X, la otrora Twitter, no reaccionó de inmediato a la decisión del jurado. El juicio giró en gran medida en torno a las afirmaciones del magnate sobre la cantidad de cuentas falsas en Twitter. Sostuvo que la plataforma tenía muchas más cuentas de spam y automatizadas que el 5% declarado en sus documentos regulatorios.

De esta manera, utilizó lo que presentaba como un engaño por parte de Twitter para justificar su intento de retirarse del acuerdo de compra. Tras el primer mensaje publicado en la plataforma sobre este tema por Musk, en mayo de 2022, el precio de la acción cayó un 17% en dos sesiones, lo que llevó a algunos accionistas a vender.

Los demandantes, por su parte, alegaban que estas declaraciones formaban parte de un plan destinado a presionar al consejo de administración para obtener un precio inferior a su oferta inicial, en un momento en que el precio de la acción de Tesla caía y encarecía la financiación de la operación. Después de que Musk intentara desvincularse del acuerdo de compra, Twitter lo demandó en el estado de Delaware para obligarlo a cumplir el acuerdo.

Poco antes de la apertura de ese juicio, Musk dio marcha atrás y aceptó pagar el precio original, antes de rebautizar la plataforma como X. Algunos accionistas vendieron así sus títulos con un descuento de más del 30% con respecto al precio finalmente pagado por Musk.

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Primer hombre en superar, el año pasado, la barrera de los 500.000 millones de dólares de fortuna personal estimada, Musk posee un patrimonio valorado, a comienzos de marzo, en 839.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Está compuesto esencialmente por la suma del valor actual de sus acciones en Tesla y SpaceX.

Fuente: AFP

El Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat emitió un comunicado en el que, aclaran que ante publicaciones y cuestionamientos que se generaron a partir de la adquisición de una unidad habitacional (departamento) en el proyecto denominado “Las Residentas”, ubicado en la ciudad de Luque, por parte del senador nacional Javier Vera Medina, aclaran que la transacción se realizó conforme a las condiciones vigentes establecidas para dicho emprendimiento.

Asimismo, informan a la ciudadanía que tanto la postulación, como también la posterior operación para la adjudicación se realizaron dentro del marco reglamentado aplicable y vigente.

Menciona además que el MUVH desarrolla su política habitacional sobre la base de un principio institucional claro: no excluir arbitrariamente a ningún ciudadano, ni otorgar privilegios a persona alguna.

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“Por ello, cada uno de sus programas se rige por condiciones propias, públicas y objetivas, aplicables en igualdad de condiciones a todos los postulantes que cumplan con la reglamentación vigente”, explican desde la institución.

Remarcan además que la actual administración impulsa una política habitacional amplia, inclusiva, y sostenible, con instrumentos diferenciados para atender las distintas necesidades de la población.

En ese marco, señalan que el objetivo del MUVH es ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda propia sin discriminaciones, sin favoritismo y con estricto apego a las reglas establecidas.

“A la fecha, el gobierno del Paraguay ha impulsado decididamente mayores oportunidades de acceso a la vivienda para los paraguayos y paraguayas, habiendo gestionado 44.446 viviendas y entregado 30.873 viviendas a través de sus distintos programas en todo el país”, menciona parte del documento.

Finalmente, el MUVH reafirma su compromiso con una política habitacional inclusiva, transparente y sostenible, orientada a generar más oportunidades para todos los paraguayos, sobre la base de criterios objetivos, reglas claras y sin privilegios de ninguna naturaleza.

Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.