La Cámara Nacional de Comercio y Ser­vicios de Paraguay (CNCSP) expresó su preo­cupación acerca del impacto en la productividad y competitividad del sector for­mal, especialmente en las micro, pequeñas y media­nas empresas, ante el pro­yecto de ley de licencia por cumpleaños. A través de un comunicado, el gremio se refirió a la propuesta legis­lativa que plantea estable­cer un día de licencia remunerada por cumpleaños para trabajadores del sec­tor privado y funcionarios públicos.

“Manifestamos en primer término, que el desa­rrollo del Paraguay requiere políticas públicas equilibra­das orientadas a fortalecer y empleo formal, la produc­tividad y la competitividad, en beneficio de toda la socie­dad”, indicaron.

Apuntan que si bien toda iniciativa vinculada al ámbito laboral debe partir de una genuina preocupa­ción por las personas, esta medida no constituye una respuesta real a las nece­sidades de trabajadores ni contribuye de manera sus­tantiva a mejorar su cali­dad de vida, sino que por el contrario, incorpora nue­vas cargas para el sector formal sin atender los desa­fíos de fondo del empleo en el país.

“Propuestas de esta naturaleza, aunque puedan resultar atractivas desde lo discursivo, no protegen efectivamente al trabaja­dor y terminan afectando a las empresas que invier­ten, producen y generan empleo dentro de la forma­lidad, especialmente a las micro, pequeñas y medianas”, agregaron.

Reiteraron que toda pro­puesta en materia labo­ral debe ser debatida con responsabilidad, criterio técnico y visión de país, priorizando medidas que promuevan más y mejores oportunidades de empleo, en lugar de disposiciones que restan competitivi­dad sin aportar solucio­nes de fondo.

El comuni­cado fue difundido luego de que unos senadores presentaran un proyecto de ley que plantea otorgar una licencia laboral remu­nerada el día del cumplea­ños a empleados del sector público y privado, señalando que en el caso de que el empleador requiera de la presencia del funcionario, se establecerá una compen­sación económica, equivalente a un jornal diario.

El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, expresó su respaldo a la iniciativa legislativa que plantea el traslado excepcional de funcionarios de la institución a otras dependencias del Estado. Agregó que la entidad apunta a operar con 1.200 funcionarios con la finalidad de sanear sus finanzas.

Stark comentó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que aproximadamente 150 funcionarios de Copaco serían afectados por la iniciativa del diputado colorado José Rodríguez. “Nuestra institución tiene actualmente unos 60 o 70 comisionados a otras dependencias del Estado y a quienes aún le pagamos sus salarios, entonces el primer personal objetivo serían ellos. La idea es poder empezar con esa cifra para luego incluir a otros más y llegar hasta los 150 funcionarios trasladados mediante esta propuesta", indicó.

Stark acotó: “Existen funcionarios que trabajan hace más de 10 años en otros entes y no es racional que Copaco, en la situación que se encuentra, pague los salarios a quienes trabajan en otras dependencias del Estado. En la actualidad se tienen 2.330 funcionarios y cuando yo asumí se tenían 2.864. Copaco necesita reducir la cantidad de funcionarios porque se tienen menos ingresos, por ende, se cuenta con menos clientes".

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Detalló que en su gestión ya logró la salida de aproximadamente 560 funcionarios mediante la figura del retiro voluntario y se apunta a finalizar la relación laboral de otros 600 más. “Tendríamos aproximadamente 800 funcionarios menos de lo que tenemos ahora y nos estaríamos acercando a una situación mucho mejor”, dijo.

Añadió que, de concretarse la reducción estimada, la compañía dejará de pagar mensualmente la suma de G. 2.600 millones en sueldos. “Esto mejorará mucho la situación financiera de Copaco y con un pequeño aumento en los ingresos se estará estabilizando su situación financiera, será más buena y sostenible”, comentó.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta legislativa alternativa para combatir el esquema delictivo conocido como “mafia de pagarés”. La propuesta autoriza a los juzgados de Paz a ordenar la suspensión provisoria de la ejecución de medidas cautelares decretadas sobre sueldos, salarios y otros emolumentos personales.

Esta iniciativa surge como respuesta técnica a ciertas deficiencias identificadas en la iniciativa parlamentaria que actualmente está en estudio. En ese marco, la máxima instancia judicial considera que, aunque el proyecto en trámite persigue el mismo objetivo de proteger a las víctimas, presenta fallas técnicas que podrían comprometer la seguridad jurídica del sistema judicial paraguayo.

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La CSJ manifestó su inquietud por el proyecto de ley “Que establece el régimen de depósito de títulos de crédito originales, modifica normas para la sustanciación de juicios ejecutivos promovidos ante los juzgados y tribunales de la República, modifica los artículos 158, 159, 444 y 448 de la Ley N° 1.337/1988 ‘Código Procesal Civil e incorpora el artículo 501 BIS”.

Esta iniciativa se encuentra en su tercer trámite constitucional tras las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, contiene, según la Corte Suprema de Justicia, un artículo que permitiría el levantamiento o suspensión de embargos, únicamente, bajo el argumento de que el expediente físico se haya extraviado o no se encuentre disponible.

Según la exposición de motivos del máximo tribunal, esta norma presenta algunas deficiencias técnicas que podrían generar consecuencias negativas para todo el sistema judicial.

Asimismo, advierte que una disposición tan abierta podría aplicarse, indiscriminadamente, a cobros legítimos que no presentan irregularidades, e incluso podría incentivar la desaparición deliberada de expedientes para forzar el levantamiento de embargos.

Conforme a la exposición de motivos, la principal objeción radica en que el proyecto parlamentario “no limita ni fuero ni bienes”, lo que permitiría esta práctica peligrosa en todos los procesos de todas las instancias judiciales.

Para corregir estas imprecisiones, la Corte Suprema de Justicia propone un proyecto con tres limitaciones específicas:

• Restricción de competencia: Solo los juzgados de Paz podrán aplicar estas medidas, focalizando la norma en el ámbito donde efectivamente se registraron las irregularidades.
• Limitación de bienes afectados: El levantamiento de embargos se aplicará exclusivamente sobre sueldos, salarios y otros emolumentos laborales, protegiendo así los ingresos básicos de subsistencia de las víctimas.
• Requisito de denuncia previa: La medida solo procederá en casos que hayan sido denunciados y registrados por la “Comisión Especial de Investigación sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada ‘Mafia de los Pagarés’”.

El proyecto de la CSJ establece, además, que la suspensión provisoria estará sujeta a un informe previo del actuario judicial y se mantendrá vigente solo durante el proceso de ubicación o reconstitución del expediente, conforme al artículo 120 del Código Procesal Civil.

El proyecto que actualmente se tramita en el Congreso Nacional, y que motivó la reacción de la CSJ, fue desarrollado tras múltiples reuniones y audiencias públicas con participación de ministros de la propia Corte Suprema.

La iniciativa contempla innovaciones como la custodia judicial obligatoria de pagarés, la presentación exclusiva de títulos originales y la devolución automática de documentos una vez cancelada la deuda.

Sin embargo, las modificaciones técnicas aprobadas por Diputados, que incluyen cambios terminológicos y adaptaciones tecnológicas, no lograron satisfacer las objeciones técnicas planteadas por el máximo tribunal.

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El diputado colorado José Rodríguez presentó ante sus colegas un proyecto de ley por el cual plantea incorporar las costaneras de Asunción a la red vial nacional bajo dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con el fin de que la cartera estatal sea la responsable de su cuidado y mantenimiento.

Durante la última sesión ordinaria, se dio entrada a la propuesta legislativa que plantea ampliar y modificar la Ley N° 5552/2016 “Que clasifica y categoriza las rutas nacionales, departamentales y vecinales”, incorporando a las costaneras de Asunción Norte, Central y Sur como parte de la red vial nacional y otorgando competencias al MOPC para su gestión.

A través de la presentación de motivos, el proyectista asegura que la Ley N° 5552/2016 constituyó un avance fundamental en la organización jurídica y técnica de la infraestructura vial del país, pero que, no obstante, a casi una década de su sanción, las nuevas demandas de movilidad, conectividad y planificación urbana sustentan la necesidad de actualizarla.

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Destaca, por otro lado, que la Costanera de Asunción, en sus tramos Norte, Central y Sur, se consolidó como un eje vial estratégico para la capital, al conectar arterias principales, mejorar la fluidez del tránsito y generar oportunidades para el desarrollo urbano, turístico y social.

El documento de presentación expone que, actualmente, las costaneras están clasificadas como “vías municipales”, sin embargo, debido a su envergadura, volumen de tránsito, impacto nacional y carácter estratégico como corredor vial sobre la ribera del río Paraguay, se propone incorporarlas a la red vial nacional, bajo jurisdicción directa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En esencia, plantea la modificación del artículo 2 de la Ley N° 5552/2016, incorporando un nuevo inciso referente a “Rutas Nacionales Urbanas Estratégicas”, que constituyen aquellas vías de carácter urbano que, por su ubicación, diseño y función, cumplen un rol fundamental en la conectividad vial nacional, la integración regional y el desarrollo urbano sostenible.

Añade que, estas rutas estarán bajo la jurisdicción y administración del MOPC, independientemente de su localización en el ejido municipal.

En el artículo 3 se agrega un párrafo final: “Excepcionalmente, las rutas nacionales urbanas estratégicas estarán bajo la competencia del MOPC, aun cuando se encuentren dentro de ejidos municipales, dada su relevancia para la movilidad nacional, regional y metropolitana”.

De manera expresa, la iniciativa declara a la Costaneras Norte, Central y Sur de Asunción, “en toda su extensión actual y futura”, como rutas nacionales urbanas estratégicas, integrantes de la red vial nacional.

El proyecto establece que el MOPC asumirá la planificación, construcción, modernización, mantenimiento y fiscalización de las costaneras, en coordinación con la Municipalidad de Asunción para aspectos complementarios de tránsito urbano, seguridad vial, espacios verdes y el ordenamiento territorial.

Las intervenciones deberán promover políticas de movilidad sostenible, garantizando espacios seguros para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Se establece que todo proyecto de ampliación, modificación o intervención en las costaneras deberá contemplar estudios de impacto ambiental y social, asegurando la protección del río Paraguay y de las comunidades adyacentes.

Asimismo, la normativa exige que las costaneras cumplan con las normas nacionales e internacionales de seguridad vial, movilidad sostenible y accesibilidad universal, incluyendo calzadas de doble vía con iluminación y señalización adecuadas, ciclovías y paseos peatonales seguros, sistemas de drenaje pluvial y protección contra inundaciones, así como espacios para transporte público y paradas seguras.

El proyecto también contempla la incorporación de sistemas inteligentes de transporte, como semaforización sincronizada, cámaras de monitoreo, sensores de tráfico y paneles de información dinámica.

La iniciativa busca consolidar a las costaneras como corredores estratégicos de la capital bajo un esquema de gestión nacional que permita su modernización y sostenibilidad en el tiempo.

Según el proyectista, esto representa un paso decisivo hacia la planificación urbana integral, la seguridad vial y la transparencia en la gestión de obras públicas, contribuyendo al desarrollo armónico de Asunción y de todo el país.

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