El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.

También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.

Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.

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A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.

Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.

Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.

Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.

Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.

El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, afirmó que el movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, irá consolidado en las internas partidarias de este domingo 7 de junio. El parlamentario dijo que el oficialismo logrará la representación colorada en más 200 localidades, entre ellas la capital del país, destacando el potencial político del aspirante a intendente Camilo Pérez.

“Honor Colorado es un muy movimiento consolidado, con más de 15 años de presencia dentro de la política paraguaya. En las internas partidarias, más de 200 municipalidades serán representadas por Honor Colorado, para luego representar a la Asociación Nacional Republicana en las elecciones generales municipales del 4 de octubre”, comentó este miércoles a los medios de comunicación.

Núñez acotó: “Las elecciones serán un plebiscito para ver quiénes quieren estar con Honor Colorado y la disidencia, es ahí donde la ciudadanía opinará si está de acuerdo o no con este modelo”.

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Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la campaña lanzada desde el sector de la oposición, la disidencia colorada y medios de comunicación que fungen como aliados, consistente en que el movimiento recibirá supuestamente el “voto castigo” en ciudades como Asunción.

“Estoy seguro que Camilo podrá aglutinar la confianza de la ciudadanía asuncena en unas elecciones transparentes. Camilo es el temor de la oposición porque su figura tiene piso, pero no techo“, refirió.

Núñez también instó a la unidad colorada una vez finalizadas las contiendas internas con el fin de enfrentar unidos a la oposición en la puja por las 263 intendencias en las elecciones municipales generales del 4 de octubre. “Después de las elecciones se tiene que dar el diálogo y el abrazo republicano”, dijo.

El legislador señaló que su colega Arnaldo Samaniego quien pujará contra Pérez en representación de la disidencia cuenta con dos obstáculos que terminarán favoreciendo al oficialismo, su nomina de precandidatos para la concejalía y el respaldo del exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, a quien calificó como un “ancla” que hundirá sus aspiraciones de reelección en la jefatura comunal capitalina. “Marito en donde esté te lleva los votos hacia abajo, es un ancla, solo hay que mirar las encuestas”, sentenció.

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Con la aprobación legislativa, la iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto, conforme al procedimiento constitucional.

• HOY.COM.PY

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que declara en situación de emergencia nacional la seguridad vial, una medida que busca hacer frente a los elevados índices de accidentes de tránsito, fallecimientos y lesiones graves registrados en todo el territorio nacional.

Con la aprobación legislativa, la iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo para su pro­mulgación o eventual veto, conforme al procedimiento constitucional.

La normativa establece la declaración de emergen­cia ante la persistencia de los siniestros viales y dis­pone que la Agencia Nacio­nal de Tránsito y Seguridad Vial adopte medidas admi­nistrativas excepcionales y extraordinarias orientadas a la prevención, fiscaliza­ción, control y reducción de los accidentes de tránsito.

Entre las acciones previstas se contempla la utilización de herramientas tecnológicas, la coordinación con otras insti­tuciones del Estado y el forta­lecimiento de campañas de concienciación y educación vial dirigidas a conductores, motociclistas y peatones.

Asimismo, la ley autoriza a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial a implementar los meca­nismos operativos, técni­cos e interinstitucionales necesarios para ejecutar las medidas establecidas durante el periodo de emer­gencia.

La propuesta legislativa fue presentada por los diputa­dos Hugo Meza y Miguel del Puerto, con el objetivo de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar una problemática que genera miles de víctimas cada año y representa uno de los prin­cipales desafíos en materia de salud pública y seguridad ciudadana. La declaración de emergencia permitirá acele­rar la adopción de acciones específicas destinadas a dis­minuir los índices de sinies­tralidad y reforzar las polí­ticas públicas de prevención en todo el país.

Más que dilatar, los 15 años de chicana no le sirvieron a Rafael Filizzola para refutar la acusación del Ministerio Público que documentadamente compromete la conducta del exministro del Interior de Fernando Lugo en lo que fue la gran estafa al Estado paraguayo con las “comisarías de oro” por las que se pagaron G. 1.200 millones, sin que ninguna se haya terminado.

La animadversión hacia el Ministerio Público del hoy senador por el Partido Democrático Pro­gresista (PDP), exministro del Interior del gobierno de Fer­nando Lugo, Rafael Filizzola no puede disociarse del pro­ceso judicial que viene alar­gando hace 15 años, gracias a la mina chicanas que interpuso.

Y es que los 15 años de chi­cana no le sirvieron para enterrar la acusación en su contra por parte del fis­cal Luis Piñánez, en la que compromete seriamente al senador del PDP en el per­juicio de G. 1.200 millones al Ministerio del Interior, cuando estuvo al frente de esta cartera.

Paso a paso, la acusación fis­cal documenta el alevoso des­pojo con la licitación de ade­cuación de 24 comisarías en el Área Metropolitana para construcción de celdas, sani­tarios, etc. Sin la existencia de algún dictamen técnico o la necesidad de las obras, pla­nillas o planos, dicho por la misma fiscal de obras, lleva­ron adelante la contratación por valor de G. 1.200 millones a finales del año 2010.

Ni siquiera los espacios donde se erigirían las construcciones se había previsto, pero apura­ron el contrat, el presupuesto y realizaron pagos de manera veloz, en una misma fecha y sin las actas de recepción, según los datos que se desprenden de la imputación fiscal.

La acusación del Ministerio Público sostiene que, Rafael Filizzola a sabiendas de que las obras no se iban termi­nar en el mencionado periodo 2010 ya que, a un mes de fene­cer el periodo fiscal (22 de noviembre) recién se proce­día a la apertura de ofertas, dispuso que las obligaciones de pago sean generadas den­tro de ese mismo periodo.

Es así como, en un solo día solicitaron dos transferen­cias de recursos (STR) para el pago por la totalidad a la empresa contratista Todo Verde Emprendimientos.

Las solicitudes fueron gene­radas el 30 de diciembre del 2010, esto a pesar de que Fili­zzola y su administración estaban en conocimiento de que las obras no fueron recep­cionadas para esa fecha. De hecho, una sola construcción terminada quedó de este pro­yecto millonario y los avances estuvieron por debajo del 10 %.

El pago de la totalidad de las STR también se realizó en el tiempo récord de 24 horas, entre el 1 y 2 de febrero del 2011, según los documentos que obran en el expediente de contratación. Como las obras no estaban recep­cionadas, el exministro le firma a la empresa contra­tista una adenda de amplia­ción de vigencia del contrato y hasta ajustaron la tipología de la construcción con el finde aumentar el presupuesto y librar el pago de otros G. 219 millones al proveedor.

Hoy, 16 años después de aque­lla escandalosa contratación, el Ministerio Público sigue insistiendo con el proceso por Lesión de Confianza y pide a la Corte que se pronuncie para que se dé continuidad. En este contexto, paralelamente, desde su posición privilegiada y su inmunidad, el senador del PDP despotrica sistemática­mente contra funcionarios judiciales, principalmente agentes fiscales a los que per­sigue con discursos de des­prestigio en sus labores.