El senador Fernando Lugo, vicepresidente primero del Congreso Nacional, se encuentra en cuarentena por COVID-19, así lo informaron desde la institución legislativa. Mientras tanto, el presidente del Congreso, el senador Óscar Salomón, dio negativo al test de coronavirus y ya se encuentra cumpliendo funciones en la institución legislativa.
Sin embargo, hasta el momento, el legislador del Frente Guasu ni referentes de su entorno no se pronunciaron sobre su estado de salud, a pesar de la información que surgió en el ámbito legislativo.
Te puede interesar: Diputado planteará priorizar a personas con discapacidad para que reciban vacuna
Otros casos de legisladores
Por otra parte, el senador Enrique Riera ya se reintegró a las actividades legislativas y este lunes participó de la reunión de la mesa directiva tras ser internado también por un cuadro de COVID-19. El legislador ya obtuvo su alta y superó la afección causada por el virus. Además de Riera, otros 4 integrantes de su familia también dieron positivo al coronavirus.
A su vez, los senadores Juan Darío Monges y Enrique Bacchetta también dieron positivo al COVID-19 y fueron internados en sanatorios por la afección. En la lista de parlamentarios que se contagiaron con el mortal virus se encuentran los senadores colorados Lilian Samaniego, Silvio “Beto” Ovelar, sus colegas José “Pakova” Ledesma (PLRA), Patrick Kemper (PH). Además de la exsenadora María Eugenia Bajac, quien perdió sus fueros el 14 de abril del 2020.
Mientras que en la Cámara Baja la lista incluye al titular de Diputados, Pedro Alliana; su colega Walter Harms, el diputado Basilio “Bachi” Núñez y el exdiputado liberal Robert Acevedo, quien falleció el pasado 26 de febrero por complicaciones de la enfermedad tras permanecer por varios días internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en Asunción.
Podés leer: Gobierno apuesta por consciencia y no habrá cuarentena total como piden médicos
Dejanos tu comentario
BCP apunta a mercado de pagos más abierto y competitivo con nueva ley
El Banco Central del Paraguay (BCP) apunta a mejorar el mercado de pagos del país, que actualmente consideran que está “fraccionado” e incluso con actores que tienen dominancia en el rubro. De acuerdo con Liana Caballero, miembro del Directorio del BCP, la normativa busca que la banca matriz se constituya como ente regulador para velar por la competencia y la interoperabilidad. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores.
Explicó que el espíritu del proyecto de Ley de Sistema Nacional de Pagos del BCP no busca otra cosa que impulsar el mercado de pagos nacional con una conciliación de los actores del rubro para garantizar interoperabilidad, interconexión y tasas competitivas tanto para los usuarios como para los empresarios. “El mercado de pagos es un mercado fraccionado. Hay diferentes actores que no conversan entre sí, y hay ciertos actores que tienen dominancia de mercado y no permiten que ingresen otros competidores.
Lo que buscamos con esa ley es consolidar al Banco Central como un regulador que pueda velar por la competencia, por la interconexión, por la interoperabilidad”, dijo a la 1080 AM. Respondió a los cuestionamientos de sectores como la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y otros gremios que señalaron una falta de socialización, además de supuestas “facultades excesivas” para el BCP con el artículo 4 del proyecto de ley que establece las atribuciones de la banca matriz como autoridad de aplicación.
Dejanos tu comentario
Senado da luz verde a proyecto que eleva la pena máxima a 15 años para adolescentes
La Cámara de Senadores aprobó por mayoría, el proyecto de ley que modifica el artículo n.° 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, a través del cual se eleva la pena máxima a 15 años para los casos de adolescentes involucrados en delitos graves como homicidios en los que haya existido alevosía y premeditación.
Durante la sesión ordinaria, el pleno del Senado estudió esta propuesta legislativa que buscaba endurecer las penas para los adolescentes de 14 a 17 años, esto como respuesta a los recientes sucesos, como el asesinato al trabajador de delivery y a María Fernanda, cuyas vidas fueron arrebatadas por adolescentes.
“El fundamento de la presente ley radica esencialmente que se viene experimentando lamentablemente el aumento considerable de menores infractores de la ley penal de lo cual nos habla la estadística de los tribunales y ello implica el aumento de la cantidad de procesos abiertos por distintos hechos punibles de adolescentes”, expresó el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El Artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia en Paraguay establece las medidas privativas de libertad para adolescentes que hayan cometido delitos. La duración mínima de estas medidas es de seis meses y la máxima es de cuatro años, pero en casos calificados como crímenes por el Derecho Penal común, la duración máxima puede ser de hasta ocho años.
Lea también: Che Róga Porã 2.0 es una realidad: Gobierno entrega primeras viviendas en Guarambaré
La moción de esta comisión fue elevar las penas a un máximo de 15 años. Por su parte, la Comisión de Legislación, presidida por Luis Pettengill, sugirió modificaciones señalando que el proyecto no pretende criminalizar al adolescente infractor, ni endurecer la normativa de forma arbitraria, y manifestó que dictaminaron a favor de una pena máxima de 10 años.
Tras un intenso debate entre parlamentarios, votaron a favor de elevar a 15 años la penas, conforme a lo sugerido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero utilizando el texto propuesto por Legislación. Con 20 votos, quedó aprobado el proyecto que será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio.
“Esta no es la solución absoluta al problema, sabemos que no resuelve, sabemos que hay múltiples factores que deben juntarse y tratar de buscar una solución de fondo al problema de los delitos penales de nuestros jóvenes, pero creo que es de estricta justica, darle la posibilidad a un juez o a la autoridad pertinente donde por lo menos pueda en casos aberrantes y claros, una pena máxima de 15 años”, alegó Zacarías.
Dejanos tu comentario
Congreso convoca a Peña para su segundo informe de gestión
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, oficializó este miércoles la convocatoria a ambas cámaras legislativas para la reunión en conjunto, a fin de que el presidente de la República, Santiago Peña, brinde su segundo informe de gestión.
La convocatoria es realizada mediante la Resolución 3.167 y fue confirmada para el martes 1 de julio a las 20:00. La idea de presentar nuevamente el informe en horario de la noche, rompiendo el tradicional horario mañanero, surgió con el objetivo de garantizar una mayor difusión y que la población pueda seguir desde sus hogares sobre la situación actual del país y los planes encarados por el Gobierno.
La propuesta había sido planteada por el propio jefe de Estado. Los mandatarios acuden cada 1 de julio ante los senadores y diputados para dar cumplimiento al precepto constitucional, establecido en el artículo 238. Normalmente el informe de gestión al Poder Legislativo se realiza durante las primeras horas de la mañana.
El citado articulado sostiene que uno de los deberes y atribuciones del presidente de la República “es dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro”.
Dejanos tu comentario
Protección de datos: por qué Paraguay necesita una ley hecha a medida
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Actualmente, el Congreso es escenario de discusión del proyecto “De protección de datos personales en Paraguay”, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales en relación al uso y tratamiento de la información personal. A pesar de que la intención de la propuesta es valorada, expertos en la materia consideran necesario que Paraguay posea un modelo regulatorio propio.
“Celebro que el tema sea objeto de análisis en nuestro país, pues la sociedad y el mercado así lo requieren, considero que Paraguay se encuentra en un momento crucial, aunque el punto de partida de este tema tuvo una importante omisión, el debate sobre el modelo regulatorio que nuestro país necesita”, afirmó Stephan Vysokolán, abogado y experto con Certificación Internacional en Protección de Datos.
El proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de mayo en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento. "La protección de datos como derecho fundamental o como derecho individual del consumidor, este debió ser el punto de partida en el análisis de esta iniciativa“, señaló como uno de los principales cuestionamientos.
Vysokolán agregó que otro punto cuestionable es que un 70 % del documento aprobado por los Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, razón por la cual será de difícil aplicación y cumplimiento en Paraguay.
“Si bien es importante hacer notar que el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea contiene principios y estándares de cumplimiento y protección muy elevados -extremo que lo convierte a nivel nacional en el instrumento normativo más importante en esta materia-, no podemos ignorar las diferencias entre la sociedad europea y la paraguaya; por ende, una copia textual podría resultar ineficaz e incluso perjudicial para nuestro país“, advirtió.
Sobre el cuestionamiento a la falta de debate sobre el modelo regulatorio que el Paraguay necesita, el experto dijo que “actualmente la normativa europea reconoce tal protección como un derecho fundamental y lo regula en consecuencia bajo esa premisa o circunstancia específica. Por su parte, el modelo regulatorio de Estados Unidos, China y otros países considera a la Protección de Datos como un derecho individual del consumidor“.
Vysokolán acotó a su crítica que “en la Cámara de Diputados en principio debió debatirse este tema, determinar previamente si en Paraguay este derecho sería fundamental o un derecho del consumidor, y a partir de ello, optar por el modelo regulatorio que sería considerado la base de nuestra legislación, sea un modelo centralizado, híbrido o cectorial".
El abogado insistió en que se debió dar participación en la discusión del proyecto de ley a autoridades nacionales y representantes del sector privado. “El Estado paraguayo, de acuerdo a sus políticas públicas en materia de captación de inversiones, debe establecer el norte a seguir y tal cuestión debió ser comunicada al Congreso", remarcó.
Agregó que, a partir de ello, si nuestro país tiene intenciones a largo plazo de establecer mayores lazos comerciales con Europa, es probable que sea más conveniente tener en cuenta varios aspectos del reglamento general de la Unión Europea; pero si por el contrario, las políticas públicas en materia de inversiones nos focalizan en acuerdos con Estados Unidos, China, Brasil, entre otros, “lo recomendable sería adaptar nuestra legislación a la tendencia de tales países en materia de protección de datos”, enfatizó.
Leé también: “Es el inicio del fin de una persecución feroz”, afirma Núñez
Impacto en la inversión nacional y extranjera
Vysokolán refirió que la regulación europea en materia de protección de datos es altamente restrictiva y contiene estándares de cumplimiento elevados en cuestiones relacionadas con la innovación y la tecnología.
“Importar ciertos aspectos de tal regulación podría afectar a las importantes inversiones que empresas paraguayas están realizando, como así también inversiones extranjeras que pretenden desembarcar en nuestro país en el rubro de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las Fintech, entre otros modelos de negocios“, puntualizó.
Añadió que una regulación altamente restrictiva en materia de protección de datos, tal como se plantea en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, “podría ahuyentar capital extranjero, viéndose afectada de esa manera nuestra economía nacional. Otra cuestión a tenerse en cuenta son los altos costos que implica tener una regulación rigurosa y restrictiva en materia de protección de datos, especialmente para las entidades financieras, de crédito y las pymes“.
El experto manifestó que considerado las políticas públicas actualmente trazadas por el gobierno de Santiago Peña, en materia de captar inversiones, “la opción más viable sería establecer un modelo regulatorio híbrido, de esa forma, nuestra regulación tendría mayor versatilidad y eso facilitaría la labor del gobierno como del empresariado paraguayo en su afán de captar inversión extranjera, pues, la existencia de barreras altamente restrictivas en materia de protección de datos podría ahuyentar a potenciales inversores de regiones especificas del continente".
Finalmente, Vysokolán considera que contar con una Ley General de Protección de Datos Personales será una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos con respecto al tratamiento de sus datos, que a su vez es un aspecto clave en la atracción de inversión extranjera.
“Esto también tiene directa relación con el acceso a la innovación que todo país tercermundista requiere. Pero para lograr lo expuesto, debemos evitar la trampa de la copia fácil y optar por un modelo regulatorio que adecue a nuestro país“, concluyó.