Ante el recrudecimiento de casos y defunciones por COVID-19, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, dispuso la desinfección total del edificio en el ala donde funcionan las diferentes oficinas legislativas y del área administrativa.
Aprovechando el feriado de Semana Santa, se intensificarán los trabajos de desinfección y mantenimiento en los diferentes bloques que componen la institución.
“Por precisas indicaciones del presidente, diputado Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), con coordinación de las secretarías general y administrativa, dichas tareas serán llevadas a cabo con especial énfasis durante estos días en que la asistencia de personas al recinto parlamentario se ve considerablemente disminuida”, refiere un informe del Departamento de Comunicaciones de la Cámara Baja.
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Explica que la medida es adoptada siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y el decreto presidencial que establece las condiciones en que deben operar las instituciones para garantizar un ambiente saludable y sin riesgos de contagio del nuevo coronavirus.
Así también, Alliana exhorta a no bajar la guardia y el respeto al protocolo sanitario, que estipula el uso de tapabocas, el lavando constante de manos y el distanciamiento social. Otro vehemente llamado es evitar las aglomeraciones y actividades sociales que impliquen un riesgo para la salud, al ser consideradas potenciales focos de contagio para el COVID-19.
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Audiencia Pública: Diputados debaten reforma para sancionar uso abusivo del sistema judicial
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, organizó una audiencia pública para debatir aspectos del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley Nº 1160/97 - Código Penal Paraguayo”. La iniciativa busca fortalecer la protección de la administración de Justicia y prevenir el uso abusivo del sistema judicial.
Esta audiencia estuvo presidida por el titular de la comisión el diputado, Yamil Esgaib, junto con sus colegas Jorge Ávalos Mariño que preside la Comisión de Legislación y Codificación; y José Rodríguez, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Estuvieron presentes, a su vez, representantes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Gremio de Abogados de Caaguazú, la Asociación de Defensores, entre otros estamentos.
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En el inicio de esta actividad, el legislador Esgaib destacó que, conforme al derecho comparado, diversos países como Brasil, México, España y, recientemente, Argentina, avanzan en reformas orientadas a sancionar con mayor severidad conductas vinculadas a denuncias falsas, especialmente en contextos de violencia.
“Debe ser un tema de interés legislativo, dada la necesidad de resguardar tanto a las personas falsamente acusadas como al sistema judicial frente a posibles abusos”, expresó.
En representación de la Fiscalía General del Estado, el Dr. Rubén Darío Riquelme indicó que el proyecto parte de una finalidad legítima: reforzar la protección de la administración de justicia ante el uso indebido de la denuncia penal, particularmente cuando una imputación falsa genera consecuencias gravosas para el denunciado.
Sostuvo que la técnica legislativa adecuada consiste en incorporar un nuevo inciso que contemple una agravante del hecho punible de denuncia falsa. Propuso que, cuando la denuncia derive en la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva o en una condena firme para la víctima, la pena privativa de libertad pueda alcanzar hasta diez años.
Sobre el proyecto
Este proyecto de ley tiene como objetivo promover la implementación de mecanismos más rigurosos que garanticen investigaciones exhaustivas de las denuncias, protegiendo tanto a las víctimas reales como a las personas falsamente acusadas.
Cabe señalar que en países como Chile, Perú y Colombia también se desarrollan debates en torno al endurecimiento de las sanciones por denuncias falsas, aunque estas iniciativas enfrentan críticas relacionadas con el eventual riesgo de desalentar la formulación de denuncias legítimas.
En ese contexto, la propuesta en estudio busca equilibrar la necesidad de sancionar el uso abusivo del sistema judicial con la protección efectiva de quienes recurren a él en busca de justicia, en un marco de equidad y seguridad jurídica.
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Diputados pide informes sobre presuntas irregularidades en la Patrulla Caminera
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre la Dirección Nacional de Patrulla Caminera (DNPC).
El pedido fue presentado por la diputada Cristina Villalba, tras un dictamen de la Contraloría General de la República (DGIT/DGDC N° 18/2025) que señala supuestas anomalías institucionales.
Entre los hallazgos figuran designaciones en cargos estratégicos sin cumplir los requisitos legales, vulneración del principio de mérito y posibles hechos punibles vinculados al uso indebido de bienes públicos.
Según la exposición de motivos, existen funcionarios que ocupan cargos sin reunir el perfil exigido por la Resolución MOPC N° 955/2023.
Además, se advierte un estancamiento en el escalafón jerárquico que afecta la operatividad, transparencia y credibilidad de la institución.
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La diputada Villalba subrayó la necesidad de que la cámara ejerza su función de control constitucional con el objetivo de verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría y las acciones correctivas sobre las designaciones irregulares y el régimen de ascensos.
El pliego de consultas incluye un detalle de medidas disciplinarias y sumarios iniciados; las resoluciones que sustentan las designaciones actuales y la cantidad de inspectores generales.
Se piden además datos de funcionarios sin funciones operativas y especificaciones sobre el sistema de promociones y el régimen jubilatorio.
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Incendio: depósito de Capasa colapsó en su totalidad, pero no se reportaron heridos
El incendio de gran magnitud registrado en un depósito de Cañas Paraguayas S.A. (Capasa) fue controlado en su totalidad esta madrugada, alrededor de las 02:30, sin víctimas que lamentar. Sin embargo, el fuego provocó cuantiosos daños al edificio.
“La estructura colapsó en su totalidad. El techo cayó. Las paredes se vieron fuertemente afectadas”, refirió Ray Mendoza, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, en el programa Así Son Las Cosas de canal GEN y Radio Universo 970AM.
No se reportaron personas heridas ni atrapadas. “En principio teníamos información de que había gente atrapada, pero con el correr de los minutos, se hizo la verificación y eso se descartó”, indicó el rescatista.
Tampoco hubo bomberos lesionados ni intoxicados por humo. No obstante, algunos vecinos fueron evacuados de la zona por precaución.
Aún no existe hipótesis sobre el origen del incendio. “No tenemos todavía esa información. Esta mañana se va a estar trabajando para ver las causas del incendio”, señaló Mendoza.
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Más de 60 bomberos y 16 móviles participaron del operativo con apoyo de compañías de capital, Central, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Además, Petropar proveyó 1.000 litros de químico que se utilizó para contener más rápidamente el incendio. La rápida acción permitió que el fuego no se extendiera a otros depósitos y zonas aledañas. “Se pudo controlar el fuego para que no llegue a los depósitos de metanol que se tienen en el lugar así como el depósito que es de la Presidencia que contenía utensilios y útiles de oficina como fotocopiadora y otras máquinas”, explicó el entrevistado.
Mencionó que el depósito, de aproximadamente 40 por 60 metros, contenía mucho material inflamable. “Maderas, entre otro tipo de contenidos, hicieron que rápidamente se propagara el fuego y llegara a afectar en su totalidad el depósito”, precisó.
No obstante, solamente el depósito fue afectado. “Las viviendas que están alrededor se pudieron proteger, así como los demás depósitos que contenían alcohol y otros utensilios. Es un depósito antiguo, eso hizo que la estructura colapsara en forma rápida”, detalló. Actualmente, realizan tareas de enfriamiento y remoción, en tanto evalúan los daños e investigan sobre las causas del siniestro.
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Diputados aprueba ley que crea nuevas instancias judiciales en Caaguazú
En sesión ordinaria la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que crea juzgados, fiscalías, defensorías y sindicatura en el departamento de Caaguazú. De promulgarse la normativa, beneficiará a los distritos de Yhú, Vaquería y San Joaquín para una población estimada en 70.000 habitantes.
La propuesta legislativa busca extender el Poder Judicial y, a su vez, acercar la Justicia a los habitantes de estas tres localidades del quinto departamento.
Según explicó el diputado David Jara, la iniciativa pretende asentar en una sede propia del Poder Judicial, a través del Juzgado de Primera Instancia, un juez Penal de Garantías y Penal Adolescente; un juez civil, Comercial y del Trabajo; y un juez de Niñez y Adolescencia.
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Así también, del Ministerio Público, dos agentes fiscales penales; y un agente fiscal civil, comercial, de la mujer, y de la niñez y adolescencia. Del Ministerio de la Defensa Pública, tres defensores públicos para todos los fueros.
Igualmente, se prevé la creación de la Sindicatura General de Quiebras y la designación de un agente síndico, que sería el primero fuera de Asunción.
El parlamentario colorado expresó que los habitantes se encuentran con numerosas problemáticas que requieren respuestas inmediatas.
“El Paraguay es un Estado descentralizado, si descentralizamos la Justicia también hacemos que sea más rápida, más expeditiva, más económica y, sobre todo, más justa”, fundamentó Jara.
A su vez, el diputado Miguel Del Puerto destacó el respaldo a la iniciativa por parte de la Bancada A del Movimiento Honor Colorado, considerando la importancia de la descentralización de la Justicia para el interior del país.
“Caaguazú es un departamento muy grande territorialmente hablando, y dificulta mucho de repente el traslado para litigar”, expresó.
El pleno aprobó el texto y será remitido a la Cámara de Senadores para su análisis y consideración.