El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó que el proyecto de transporte escolar impulsado por el Ejecutivo pretende generar un cambio estructural en la organización del sistema educativo, facilitando el acceso a instituciones con mejor infraestructura y permitiendo el cierre o transformación de escuelas con baja matrícula o condiciones precarias.

Ramírez explicó que la propuesta contempla un servicio de buses con un radio de cobertura de hasta 10 kilómetros, que inicialmente beneficiaría a estudiantes de barrios cuyas escuelas cerraron, pero que, a mediano plazo, podría incluir a todos los alumnos del sistema público. “La idea es que los chicos se trasladen a un punto focal cercano y desde allí se los transporte a una escuela con condiciones adecuadas”, detalló.

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El secretario de Estado sostuvo que el proyecto está inspirado en modelos implementados en otros países y busca aprovechar de manera más eficiente los recursos públicos, especialmente los provenientes del Fonacide, cuyo 70 % ya está destinado por ley a educación, con foco en infraestructura. “Proponemos que a ese párrafo se agregue ‘y/o transporte’, sin modificar el destino general de los fondos”, indicó.

Asimismo, Ramírez aclaró que el plan no tiene relación con el programa Hambre Cero ni con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), como erróneamente interpretaron algunos legisladores de la Cámara Alta al revisar un documento preliminar, mientras que en la Cámara de Diputados ya obtuvo la media sanción.

Su estudio en el Senado fue suspendido temporalmente ante el pedido de más datos técnicos, los cuales, según anunció, serán entregados esta semana. El titular del MEC también señaló que el objetivo a largo plazo es reemplazar el modelo actual centrado únicamente en reparación de aulas por uno que contemple “escuelas positivas”, con infraestructura integral como canchas deportivas, comedores y espacios de esparcimiento. “El alumno no aprende solo en el aula”, subrayó.

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Finalmente, sostuvo que la implementación del transporte escolar permitirá además identificar zonas con falta de caminos, lo que abrirá la posibilidad de intervenir también en el mejoramiento vial, generando un impacto sinérgico entre distintos sectores.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, participó de la Cumbre de presidentes de Parlamentos en Ginebra, una actividad de la Unión Interparlamentaria que se da cada cinco años, y que se desarrolló esta semana. El parlamentario, dando continuidad a la línea del presidente de la República Santiago Peña, expuso en esta oportunidad las oportunidades y atractivos de Paraguay ante el mundo.

“Este fue un encuentro muy rico en el que tuvimos la oportunidad de hablarle al mundo sobre lo que Paraguay tiene para ofrecer en materia de oportunidades para la inversión, en materia de exportación, de productos de calidad, producidos en base a un modelo de desarrollo sostenible y de su defensa inquebrantable de principios y valores”, dijo el presidente de la Cámara Baja.

Fueron varios los puntos abordados por el legislador durante su exposición ante los presidente congresistas, resaltando sobre las oportunidades que existen en Paraguay, como la disponibilidad energética en base a un modelo limpio y renovable; la baja presión tributaria, el bono demográfico, y la apertura de mercado que hacen a Paraguay un país distinto.

“Hablamos también de nuestro modelo de desarrollo sostenible que redunda en productos de calidad listos para su exportación al mundo, siempre desde la lógica de buscar nuevos y mejores para los productos que hacemos en nuestro país. Mantuve también la posición histórica del Paraguay de defensa de nuestros principios y valores consagrados en la Constitución”, apuntó.

Detalló además que, durante su estadía en Ginebra, realizó varias reuniones bilaterales con otras autoridades, mediante las cuales se lograron gestionar vinculaciones y conexiones importantes en el mundo que plantean acuerdos de cooperación, de comercio y naturalmente la posibilidad de gerenciar inversiones de capital extranjera en nuestro país.

“Las inversiones de capitales extranjeros producen más fuentes de trabajo para nuestros compatriotas, aumenta el dinero circulante en nuestro país, la apertura de nuevos mercados o precios más altos para nuestros productos favorecen nuestra economía y el dinero que ingresa al Paraguay”, destacó.

En este sentido, ratificó la postura del mandatario en la misión de exponer al país ante el mundo. “Yo coincido con el presidente Santiago Peña en el sentido que Paraguay es una verdadera gema escondida, existe un esfuerzo importante que está haciendo el presidente Peña, que también estamos tratando de acompañar, dando a conocer las maravillas del Paraguay en términos de inversión, en términos de exportación, en calidad, en temas de principios y valores”, manifestó.

Así mismo, sostuvo que desde el inicio de este Gobierno, este fue uno de los principales objetivos, en el contexto de atraer la inversión internacional a Paraguay, que tendrá un gran impacto económico, financiero y social.

“Cuando arrancábamos esta gestión, este trabajo, el presidente Santiago, yo, mucha gente no conocía, y de hecho que mucha gente sigue sin conocerlo, y muchas veces la reacción es de sorpresa, es de asombro, con respecto a todo lo que el Paraguay tiene que ofrecer, y no hay que cansarse de hablarle al mundo de nuestro país, de invitarlos a conocerlo, de invitarlos a invertir, de comprar nuestros productos y yo estoy convencido de que no se van a arrepentir”, sentenció.

• Lourdes Torres - periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

Diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en que endureciendo las penas no ayudará a reducir la criminalidad, al hablar del proyecto de Ley del diputado Rubén Rubin, quien propone la prisión permanente revisable.

Señalaron que el planteamiento es inconstitucional, pese a que se plantea con un nombre diferente, pues en esencia es una cadena perpetua que va contra la Constitución. La diputada Abed, líder de la bancada oficialista, dijo a La Nación que si bien los casos de crímenes donde fueron víctimas una niña y una adolescente han destrozado a la comunidad y verdaderamente interpela a todos como sociedad, fue porque el sistema falló y no se las pudo proteger.

Esta situación genera un sentimiento colectivo e impulso de tomar justicia por manos propias; lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo, sobre todo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el derecho penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de prisión permanente revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua, simple y llanamente bajo otro título”, explicó la diputada Abed.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó que tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, justamente están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas, e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas; atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a la corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

Coincidió que aquí lo que se debe trabajar más profundamente son los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, acotó.

Considera también que el planteamiento de su colega Rubin va en contraposición a lo que establecen las leyes. “Debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, dijo.

• Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.

Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, consideran que la propuesta presentada por su colega Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua solapada al plantear elevar las condenas a 90 años.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.

Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.

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Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.

“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.

Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

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Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.

Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.

Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.