En una esquina del centro de La Paz, a días de las elecciones generales del 17 de agosto, Wilson Paz recorre más de una decena de puestos, pero no encuentra pan fresco: la crisis económica dejó de nuevo sin harina a los panaderos. “Estamos esperando con muchas ansias que lleguen de una buena vez las elecciones para cambiar este modelo que nos ha empobrecido bastante”, afirma este trabajador independiente de 39 años, con una familia de siete miembros.

La escasez de alimentos, de combustibles y de dólares exacerban el malestar en Bolivia antes de los comicios presidenciales y legislativos. Por primera vez en 20 años, la izquierda no figura en las encuestas como alternativa de poder. Dos candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), dominan las preferencias electorales.

El gobierno del presidente Luis Arce, que no buscará la reelección, casi ha agotado sus reservas internacionales de dólares para sostener su política de subsidios. Importa gasolina y diésel y algunos insumos como el trigo, para hacer la harina panadera, y los vende a menor precio en el mercado interno.

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Pero sin divisas para estas compras internacionales, la disponibilidad de estos bienes se ha vuelto inconstante y se generan largas filas. Ligia Maldonado, un ama de casa de 70 años, se va sin marraqueta, el pan favorito y subsidiado de los paceños. “Con este gobierno no hay esperanza. Tiene que irse y entrar uno que sepa cómo viven los pobres”, dice.

En medio de una inflación interanual de 24,8 % en julio, la más alta desde 2008, la marraqueta es uno de los pocos productos que no se encareció debido al control de precios del gobierno. Otros panes, sin subsidio, asoman en los mostradores. Pero como muchos productos, su precio se disparó y no están al alcance de todos. La escasez de marraqueta es un padecimiento crónico en el mercado, de la misma manera que el aceite o el arroz.

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En las gasolineras, los conductores se resignan a perder horas de trabajo en filas extensas que serpentean entre las calles. “Esta mañana he venido a las 6 de la mañana y a las 11 recién estoy entrando a cargar” gasolina, dice Manuel Osinaga, un taxista de La Paz. La exportación de gas natural, antes el principal motor de la economía boliviana que mantenía un importante ingreso de divisas para el país, viene en caída libre desde 2017.

Según el gobierno, el año pasado las ventas de este hidrocarburo solo representaron 1.600 millones de dólares, mientras que los desembolsos que la administración hizo al exterior, por deuda externa e importaciones, alcanzaron los 5.000 millones. El valor de la divisa estadounidense se duplicó en el mercado paralelo y disparó el precio de varios productos básicos.

Carlos Tavera, un socialista jubilado de 65 años, asegura que apoyará al mejor ubicado de la oposición, aún si es de derecha. “Cualquiera es mejor que esto”, asegura. “Ahora no tenemos dólares. Hay filas para la gasolina, para el pan, para todo. En los hospitales no hay medicamentos”, agrega.

El economista Napoleón Pacheco, profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, indica que los bolivianos ahora son más pobres en general. “Lo poco que se había ganado en los años anteriores se ha ido perdiendo porque la economía se ha contraído”, ha crecido la informalidad laboral y la inflación, señala.

Un estudio de la boliviana Fundación Jubileo advierte que la pobreza actual sería de 44 % si se toma en cuenta la subida del costo de vida, una cifra mucho mayor a la que reporta el gobierno (36 %). “Yo diría que estamos al borde de iniciar un proceso hiperinflacionario”, dice Pacheco, pues el gobierno busca estabilizar la economía a través de la emisión de moneda local. Entre 2023 y 2024, la masa de dinero circulante creció en 20 %.

Según el especialista, para contener la crisis son necesarias medidas de shock, como un cambio en la política de subvenciones y el cierre de empresas públicas deficitarias. “Yo creo que viene un período, parafraseando a Churchill, de sangre, sudor y lágrimas. Hay que abrocharnos los cinturones”, concluye.

“No me voy a escapar”: el expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia, dijo en entrevista con la AFP que seguirá dando “batalla en las calles y caminos” de Bolivia, ante la probable victoria de sus opositores de derecha en las elecciones del domingo. El líder indígena, que gobernó entre 2006 y 2019, pretendía buscar un cuarto mandato en estos comicios, pero quedó inhabilitado por un fallo del tribunal constitucional que señaló que nadie puede gobernar el país más de dos períodos.

Desde el año pasado se refugia en Lauca Eñe, un pequeño poblado del Trópico de Cochabamba, para evadir una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor cuando era presidente, cargo que él niega. Según Morales, no saldrá de Bolivia si gana la derecha tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo, que lideró hasta antes de abandonar sus filas este año por su disputa con el presidente Luis Arce.

“Me voy a defender, no me voy a ir. Dicen: ‘Se va a escapar a Cuba’. No me voy a escapar”, señaló el dirigente cocalero. Las encuestas anticipan un duelo reñido entre el millonario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), quienes se verían en una segunda vuelta el 19 de octubre.

Ambos son enconados adversarios de Morales. “Estoy con mi pueblo, no voy a abandonar al pueblo boliviano”, remarcó el expresidente, que en el 2019 se exilió por un año tras verse forzado a renunciar en medio de protestas, después de que fue acusado de cometer un fraude en las elecciones de ese año.

En ese sentido, dio a entender que no dará tregua al próximo gobierno y que estará de vuelta en la “batalla en las calles y en los caminos”. Morales encabezó violentas protestas y bloqueos de vías contra Arce, a quien acusó de excluirlo de la carrera electoral en complot con los jueces.

Fuente: AFP.

La escasez de agua ha sido clasificada como “de importancia nacional” en Inglaterra, que ha experimentado los seis primeros meses más secos desde 1976, informó el martes la Agencia de Medioambiente (EA).

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Según la institución, cinco regiones de Inglaterra están afectadas por la sequía, enfrentándose a una disminución de las reservas de agua y una caída de los rendimientos agrícolas.

El Grupo Nacional sobre la Sequía, que reúne al gobierno, a representantes del sector agrícola y las compañías de agua, se reúne para debatir la situación, mientras algunas regiones del país se preparan para afrontar la cuarta ola de calor de este verano.

“La situación actual es crítica a escala nacional, y hacemos un llamamiento a todos para que desempeñen su papel y contribuyan a reducir la presión sobre nuestro medio ambiente acuático”, declaró Helen Wakeham, responsable de agua en la EA.

La vicepresidenta de la Unión Nacional de Agricultores, Rachel Hallos, expresó “una creciente preocupación por los próximos meses”, ya que los agricultores siguen enfrentándose a “condiciones de sequía extrema”.

En los últimos días, los niveles de los embalses en toda Inglaterra solo alcanzaban el 67,7 % de su capacidad, muy por debajo de la media para la primera semana de agosto, que es del 80,5%.

Según el servicio meteorológico Met Office, Inglaterra ha experimentado en 2025 la primavera más seca en más de cien años.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por los humanos hace que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las olas de calor y las sequías, sean más intensos y frecuentes.

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Fuente: AFP

La situación de probable necesidad energética se instalaría a partir de 2030, esto si no se toman acciones y medidas de manera inmediata. Este tema fue abordado en el programa “Fuego cruzado”, por el exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, y el economista y exdirector de Aduanas, Julio Fernández.

Ambos coincidieron que esta situación podría estás en puertas, y el camino es tomar las medidas necesarias para afrontarla. “Es un tema por demás importante, es un tema que realmente hay que encararlo y estamos todavía a tiempo, pero hay que tomar acciones”, expresó Cáceres.

El mismo explicó que actualmente Paraguay cuenta con tres fuentes de generación, de las cuales “Itaipú aporta 6.060 megavatios de potencia, Yacyreta aporta en torno a 1.700, como máximo, la central Acaray, la más antigua de todas 220 estando en optimas condiciones, cosa que actualmente no lo está, si sumamos todo eso, llegamos a los 7.800 megavatios de potencia”.

Cáceres citó como un ejemplo claro de lo que pueda ocurrir a futuro que, “en marzo del 2025 el consumo llegó a 5.122 megavatios de potencia en un horario en verano, si tomamos ese verano y hacemos una proyección de crecimiento histórico del 10 %, allá por el 2030, 2031, nosotros llegaríamos vamos a tener problemas en verano en ciertos horarios”.

En este contexto, sostuvo que hay que entender que esa insuficiencia energética que se avecina no va ser de la noche a la mañana y todo el año, sino se puede presentar por época, esto exige correr contra esa demanda máxima que se podría registrar en momentos de alta demanda a partir de 2030 o 2031.

“Creo que el tema de la generación recién ahora surge como algo muy urgente, estamos al parecer muy convencidos del excedente energético, el común de la gente cree que todavía tenemos excedente, entonces no fue un problema visibilizado, 40 años de tranquilidad, con excedente energético, casi un carnaval energético”, refirió Julio Fernández.

Para el experto, esa tranquilidad sobre el excedente de energía, hizo que no se haya previsto energías alternativas para enfrentar una crisis de esta magnitud, en comparación a otros países de la región que registran una importante en todo este tiempo.

La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se han destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto del 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó, el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el período de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.