Tras la presentación del libelo acusatorio contra el presidente Mario Abdo Benítez, los diputados iniciaron la votación nominal para conocer la postura de los legisladores. Cada uno de los legisladores está votando a viva voz, ya sean los presentes como los que participan de la sesión virtualmente.
Si bien en principio se solicitó que ambos libelos acusatorios puedan ser girados a comisión para un mejor estudio –y a la vez negociar para conseguir los 53 votos necesarios para seguir con el proceso– finalmente, por mayoría, los diputados llevaron a votación ambas acusaciones.
Primeramente se pone a consideración el libelo acusatorio contra el mandatario, Abdo Benítez, mientras que al concluir esta votación se procederá a determinar si se enjuicia al vicepresidente, Hugo Velázquez.
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De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, hay solo dos personas ausentes, lo que indica que 78 diputados participaron de la sesión.
Ahora procederán a votar por el juicio contra el vicepresidente Velázquez. La bancada liberal votó en pleno por el enjuiciamiento, mientras que las bancadas coloradas cerraron filas para evitar que continúe el proceso.
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Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza otra chicana de abdistas
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.
Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.
Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.
ANTECEDENTES
Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
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Abandono de Abdo al barrio San Francisco dejó un agujero de G. 30.000 millones
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, lamentó el abandono que sufrieron las 1.000 familias vulnerables del barrio San Francisco, a raíz del odio y revanchismo político que predominó durante el gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Agregó que la millonaria deuda por la prestación de servicios básicos es una muestra clara de la desatención que padecieron los pobladores del complejo habitacional.
“El barrio tuvo un abandono de cinco años, en ese periodo ni siquiera el consumo eléctrico y agua se regularizó. Nosotros tenemos una deuda multimillonaria con la Administración Nacional de Electricidad y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay”, sostuvo.
El secretario de Estado detalló que la deuda ocasionada por la administración de Abdo Benítez con ambos entes trepa a G. 30.000 millones. “Hoy existe un proceso de regularización, estamos trabajando, buscando soluciones”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Las afirmaciones de Baruja surgieron antes de las denuncias realizadas por los pobladores del barrio, consistente en la falta de titulación de sus viviendas. “Estamos en permanente contacto con ellos, y muchas veces entendemos que, lógicamente, hay ansiedad, pero se requieren tiempos para lograr las documentaciones, porque realmente todo el trabajo paró durante el gobierno anterior”, comentó.
El barrio San Francisco fue edificado durante la administración presidencial de Horacio Cartes, en homenaje al papa Francisco, quien visitó Paraguay en 2015 y falleció el lunes 21 de abril a los 88 años de edad a causa de un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca en la Casa Santa Marta.
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Referentes de Honor Colorado rechazan pedido de juicio a Rolón, pero lo debatirán en bancada
A tempranas horas de este martes, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, rechazó la intención de someter a un juicio político al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández. Latorre aclaró que esta es una postura personal y que el pedido será debatido en la bancada de Honor Colorado.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también expresó su rechazo al requerimiento. Agregó que el enjuiciamiento contará con el apoyo de los legisladores opositores y de la disidencia colorada, que valiéndose del caso Lalo Gomes buscan un titular del Ministerio Público que responda a sus interés.
“No estoy a favor de los juicios políticos. En el periodo anterior sufrimos eso cuando estaba como diputado, pasamos cuatro, cinco juicios políticos contra la exfiscal general, Sandra Quiñonez. Acá la idea es poner a un fiscal a medida. Yo no creo que esto se apruebe en Diputados”, dijo.
Hizo lo propio el diputado Rodrigo Gamarra, asegurando que la solicitud será profundamente debatida dentro de la bancada.
Gamarra precisó que altos referentes de Honor Colorado ya sentaron su postura en rechazo al planteamiento impulsado por la familia del fallecido dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
“Hay algunos que ya hicieron público su posicionamiento, pidiendo la destitución del fiscal y otros que piensan distinto. Cuando llegue el pedido de juicio al seno de la bancada se tomará con la seriedad debida que corresponde, será analizado profundamente dentro de la bancada y del movimiento Honor Colorado. Nosotros no somos una isla, tenemos una conducción y esto será analizado detenidamente con todos los actores”, sostuvo Gamarra a la 1020 AM.
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