El senador liberal Fernando Silva Facetti dijo estar en contra de las nuevas restricciones establecidas por el Poder Ejecutivo en algunas ciudades del país, a fin de mitigar la propagación del COVID-19. Argumentó que se debe dejar a la ciudadanía trabajar libremente, pero cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.
“No estoy de acuerdo con las restricciones laborales al sector gastronómico, por ejemplo, porque tenemos dos derechos constitucionales fundamentales: el derecho a la salud, que es el Artículo 68, en el que dice que el Estado protegerá y promoverá la salud como un derecho fundamental de las personas, y el Artículo 86, que es del derecho al trabajo, donde dice que todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito”, sostuvo el legislador.
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Pide profundizar las medidas sanitarias
Facetti manifestó que ambos derechos cuentan con la mismas jerarquías, razón por la cual deben coexistir.
“Ambos son del mismo nivel. Se debe dejar a la gente que trabaje, pero cumpliendo con las medidas de restricción que no impiden el trabajo, por ejemplo el distanciamiento, el uso de tapabocas, lavado de manos”, mencionó.
Desde el próximo jueves hasta el domingo 4 de abril, nuevas restricciones regirán especialmente en 24 ciudades de las zonas de Central, Cordillera, Itapúa, Alto Paraná, Guairá, Misiones, entre otras. En todas las zonas afectadas, entrará en vigencia la restricción de circulación desde las 20:00 hasta las 5:00.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Ejecutivo eleva a G. 7.000 millones la recompensa para hallar a los secuestrados
El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.
La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.
Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.
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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.
En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.
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Nueva ley de patentes espera definición del Ejecutivo: “Hicimos una ley previsible”, afirma diputado
El proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades, ya cuenta con la sanción del Congreso nacional, y se encuentra en instancias del Poder Legislativo. Al respecto, el diputado Hugo Meza, sostuvo que lo más probable es que esta nueva normativa sea promulgada.
“Creo que no habría problema, porque hay un consenso con los intendentes, la Opaci y la Agencia Nacional de Tránsito, y una conversación permanente que hemos tenido para unificar los precios de los patentes”, indicó en entrevista a La Nación/Nación Media.
Así también, refirió que el Congreso y otras instancias como la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los intendentes y la Agencia Nacional de tránsito trabajaron en conjunto para la elaboración de una nueva ley previsible.
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“Se han unificado los precios para abajo, lo que hicimos es hacer una ley previsible, enfocada en los precios para poder darle de alguna manera alivio económico en lo que se refiere los montos de la ley aprobada anteriormente, y esto viene a corregir eso, pero en puridad, eso saltó porque la anterior ley, la derogada, nadie cumplía”, refirió.
Mientras tanto, explicó que la normativa vigente fracasó “por lo excesivo de los costos”, pero en la ley en sí hay un acuerdo general de una necesidad de unificar los precios, para evitar la migración de contribuyentes y la competencia desleal de los municipios, especialmente de tercera categoría, en todo el territorio nacional.
“Lo más importante es que esta ley prevé, por primera vez, un Registro Nacional de Habilitaciones atendiendo que este documento era tierra de nadie en nuestro país, absolutamente no había nada en relación con las habilitaciones y era una discrecionalidad de las municipalidades en poder otorgar este documento tan importante que es la habilitación de los rodados”, aseveró.
Aseguró que la ley anterior, derogada por la normativa actual, no se cumplía en ningún municipio. “Había una competencia desleal entre todos, entonces al ni haber un marco jurídico cumplible, y por lo general alguien que le puede estar monitoreando, en este caso le hemos dado la potestad absoluta a la Agencia Nacional de Tránsito de poder controlarle a las municipalidades si están cumpliendo los parámetros en relación a la fijación de precios de las patentes de rodados”, sentenció.
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Embajador paraguayo brindó reportes sobre seguimiento del espionaje de Brasil
Desde la presidencia de la República informaron sobre el resultado de la reunión que mantuvo el presidente de la República, Santiago Peña, con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador de Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo. Al respecto, indicaron que el diplomático paraguayo brindó toda la información relacionada a la acción de inteligencia contra Paraguay, que fue ordenada por el gobierno anterior de la República Federativa del Brasil.
Del encuentro desarrollado en la mañana de este lunes en Mburuvichá Roga, también participaron el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, el titular del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (Mitic) Gustavo Villate, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.
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Delgadillo informó al jefe de Estado sobre la situación sociopolítica que se vive en Brasil a raíz de la publicación de la acción de investigación que llevó a cabo el gobierno Jair Bolsonaro, durante los meses de junio 2022 a marzo 2023, y que guarda relación con la negociación de Itaipú.
Detalló además sobre la posición que tomó el actual Gobierno del presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva con relación al incidente. Asimismo, el diplomático paraguayo le puso al tanto, al jefe de Estado sobre el seguimiento que está llevando a diario la embajada paraguaya en Brasil.
Este informe obedece a una de las acciones inmediatas que tomó el Poder Ejecutivo, ni bien tuvo conocimiento sobre las acciones de investigación que llevó a cabo el vecino país durante 9 meses, que coincidió con el gobierno de Mario Abdo Benítez, que no reportó este incidente hasta que emitió un decreto el último día de su mandato el 14 de agosto del 2023.
Asimismo, el gobierno de Paraguay continúa aguardando las respuestas del gobierno brasileño a las notas que fueron enviadas la semana pasada al embajador de Brasil en Asunción, José Antonio Marcondes. En tanto, que el Mitic lleva adelante una investigación en el período que habría ocurrido el espionaje.
Hasta que esta situación sea satisfactoriamente aclarada, toda negociación con Brasil con respecto al Anexo C de Itaipú quedó suspendida hasta nuevo aviso.