El presidente de la Comisión Bicameral para el Control de Recursos de la ley de emergencia sanitaria, senador Amado Florentín, convocó al ministro de Salud, Julio Borba, para tener una explicación sobre la ejecución de los recursos.
La adquisición de vacunas, los insumos y medicamentos dentro del marco de la pandemia serán los temas a evaluar mañana martes, a las 11:00. La comisión, desde su creación, viene exigiendo a la cartera una ejecución más eficiente de los fondos que fueron aprobados por el Congreso Nacional.
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El senador Florentín, desde la Presidencia, viene cuestionando el manejo que se da a los recursos, pese a tener disponible en el presupuesto su ejecución, no va acorde a las necesidades que se dan en la salud pública.
Del plan de emergencia que se preparó desde el Ejecutivo se basó en el préstamo de US$ 1.600 millones que estaban enfocados en la inversión en la salud pública con la compra de insumos y construcción de hospitales.
Hasta la fecha solo se ejecutaron unos US$ 180 millones de los US$ 426 millones que fueron destinados para los fondos de salud, que serían solo el 36% del total. Al principio fueron destinados unos US$ 515 millones del préstamo, pero con la reasignación quedó en US$ 426 millones.
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Reforma del transporte público es integral y no atropella derechos laborales, dice Núñez
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, calificó como un proyecto integral a la reforma del transporte público en el área metropolitana, que ya cuenta con media sanción del Senado. El legislador aseguró que todas las modificaciones planteadas fueron incorporadas a la propuesta impulsada por el gobierno de Santiago Peña.
“Esta es una reforma integral, tiene una contribución importante del Poder Legislativo y de otros sectores patrocinados por los legisladores, ahora estamos a la espera de que la reforma del transporte público sea en beneficio a la ciudadanía”, indicó a los medios de comunicación en una conferencia, este miércoles.
Asimismo, Núñez mencionó que “no hay atropellos a los derechos laborales, el Código Laboral se encuentra vigente, existe una protección al trabajador. No se puede continuar con el estancamiento de todo el sistema del transporte público, necesitamos la renovación de buses, mejorar la atención a los ciudadanos, espero que los choferes entiendan”.
El proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), a través del Viceministerio de Transporte, antes de su media sanción, fue analizado por un total de 10 comisiones asesoras de la Cámara Alta. Durante su tratamiento en la plenaria fueron objetados un total de 92 artículos, de los cuales se aceptaron 20 cambios y en uno se introdujo una corrección de forma para mejorar la redacción.
Principales puntos acordados
Entre los principales puntos acordados, se resaltan las garantías para la continuidad laboral de los conductores, la creación de un fondo de cobertura de indemnizaciones a cargo de las empresas, y la declaración del servicio de transporte público de pasajeros como un servicio imprescindible, con la obligación de mantener niveles mínimos de cobertura durante huelgas o paros.
La iniciativa será remitida a Diputados y propone la creación de un marco que permita la modernización del transporte público mediante la incorporación de buses nuevos, la implementación de tecnologías innovadoras y la adopción de modelos de gestión sostenibles para los futuros concesionarios, siempre con los usuarios en el centro de las prioridades.
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Reforma del Transporte Público: no reducirá empleos ni derechos laborales, aseguran
El senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras, aseguró que el proyecto de ley de Reforma de Transporte Público, en particular, no puede ir en contra a lo que ya está establecido en el Código Laboral, en relación a la preocupación de los choferes sobre sus puestos de trabajo.
Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, el legislador explicó que en caso de que la empresa de transporte público vaya a la quiebra, se le retire el itinerario o cierre, el Código Laboral establece que primero se deben pagar los pasivos laborales; por tanto, todos los choferes están 100 % protegidos en sus derechos adquiridos.
Resaltó que no se puede modificar nada de lo que ya contempla el código con una ley de Reforma, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta, con las correspondientes modificaciones en sus articulados.
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Chase aseguró que durante el estudio que se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto de ocho comisiones asesoras, se ha tratado con mucho cuidado todo lo referente a la relación laboral que los trabajadores del volante tienen con las empresas transportistas, teniendo en cuenta que son relaciones independientes a la concesión de las rutas.
“Dentro del proceso de contratación que va a existir, las empresas que tienen las rutas actuales tienen ventajas en la licitación que se va a llevar adelante. Entonces, creo que seguirán manteniendo, porque tienen una ventaja considerable en el proceso de licitación de los tramos y creo que eso seguirá igual”, explicó.
Mencionó que tampoco se contempla la disminución de los puestos laborales. Respecto a la evaluación que contempla, señaló que siempre las empresas van a tomar a aquellos trabajadores más idóneos, teniendo en cuenta la protección y seguridad de los pasajeros. Indicó que incluso está de acuerdo en que se intensifiquen los controles, pero aclaró que ese punto no está incluido en el proyecto de Ley.
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“Debería ser así, porque cuántas veces hemos visto la irresponsabilidad de los choferes del transporte público que han jugado carreras, o que fueron responsables de accidentes de tránsito, justamente por la falta de evaluación, ya sea psicológica o laboral, que deberían tener”, acotó.
Derecho a la huelga
El senador Chase remarcó además que la propuesta normativa no está cercenando el derecho a la huelga, ya que está garantizado igualmente en todo momento por el código laboral.
“En la reforma se establece como imprescindible el servicio de transporte, pero no se establece un tope, ni mínimo ni máximo, ya que eso se contemplará en el decreto reglamentario que el Poder Ejecutivo deberá regular, tener en cuenta las libertades y lo que corresponde al tema de las huelgas”, explicó.
Aclaró igualmente que el Ministerio de Obras Públicas no absorbe a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatram), ya que la misma seguirá manteniendo su autonomía.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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PGN 2026: Congreso instaló comisión bicameral y definió a sus miembros
Las máximas autoridades del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, titular de la Cámara de Senadores y Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, encabezaron este jueves la reunión preparatoria para la instalación de la Comisión Bicameral que se encargará de evaluar el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026.
El plan de gastos elaborado por el Ejecutivo para el próximo año asciende a USD 18.900 millones, un aumento del 12 % respecto al actual ejercicio fiscal de USD 17.700 millones. Este año la presidencia de la Comisión Bicameral recae sobre el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar y la vicepresidencia sobre la diputada colorada Cristina Villalba.
Mientras que como relatores fueron electos el diputado liberal Pedro Gómez y el senador colorado Natalicio Chase. La Comisión Bicameral sesionará bajo la modalidad mixta, es decir de manera presencial y virtual, los días lunes y jueves desde las 9:00 hasta las 17:00.
Las sesiones informativas de la Comisión Bicameral se extenderán hasta el día lunes 6 de octubre y las deliberaciones se realizarán a partir del día 9 de octubre hasta el 30 de octubre.
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La Cámara de Diputados cuenta con un total de 27 titulares: María Cristina Villalba, Yamil Esgaib, Héctor Figueredo, Jazmín Narváez, Saúl González, Bettina Aguilera, César Cerini Benítez, Benjamín Cantero Ramírez, Néstor David Castellano Escobar, Jorge Sebastián Barressi Mancia, Miguel Ángel Del Puerto Silva, Hugo Joel Meza, Juan Manuel Añazco Vera, Edgar Gustavo Olmedo Silva, Daniel Fernando Centurión González, Mauricio Fabián Espínola Núñez.
La lista continua con Marcelo Rafael Salinas González, Dalia Marlene Estigarribia, Luis Federico Franco Alfaro, Emilio Pavón Doldán, Pedro José Gómez Silva, Arnaldo Agustín Valdez Noguera, Graciela Aguilera Ruiz Diaz, Hilda María del Rocío Vallejo Ávalos, Patricia Alexandra Zena Oviedo, Johanna Paola Ortega Ghiringhelli y Rubén Isaac Rubin Orrego.
Mientras que la Cámara de Senadores cuenta con un total de 26 titulares: Silvio “Beto” Ovelar Benítez, Arnaldo Samaniego, Natalicio Chase, Javier Zacarias, Antonio Barrios, Pedro Díaz Verón, Patrick Kemper, Derlis Osorio, Lizarella Valiente, Norma Beatriz Aquino, Dionisio Amarilla, Sergio Rojas, Enrique Salyn Buzarquis, Hermelinda Alvarenga, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez.
La nómina sigue con Líder Amarilla, Ever Villalba, Alfonso Noria, Carlos Núñez Agüero, Blanca Ovelar, Zenaida Delgado, José “Pakova” Ledesma, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola y Noelia Cabrera Petters.