Ya estaba escrito en la agenda de Alberto Grillón que uno de los objetivos era buscar la salida del presidente y del vicepresidente a través de hechos violentos, similares a los que desviaron los verdaderos reclamos ciudadanos.

En el escrito figuran datos de un supuesto plan regional con vínculos entre referentes del Grupo de Puebla y de dirigentes del Frente Guasu para crear condiciones y promover un juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez.

Salida por “demolición”

El objetivo mencionado en la agenda es primeramente establecer un “Gobierno de unidad nacional”, algo ya logrado, a juzgar por la cantidad de opositores que forman parte del actual gobierno, en su mayor parte en los organismos de control y seguridad.

Pero el plan que se lee y que de alguna manera podemos ir comprendiendo a medida que suceden los hechos de los últimos días agrega la salida de Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez “por demolición”, algo que podría atribuirse a las protestas continuas que generan desgaste en la ciudadanía y en las fuerzas de seguridad.

El exsenador del Frente Guasu, Alberto Grillón, admitió ser el dueño de la agenda amarilla. Foto: Gentileza.

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Golpe blando para llegar al poder

La agenda de Grillón contempla otras opciones para la toma del poder. Habla de nuevas denuncias en contra del expresidente de la República y el juicio político al presidente y vicepresidente, o también lo que llaman “golpe blando”.

Esto consiste en un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.

En una segunda etapa del “golpe blando” mencionado en la agenda de Grillón se desarrollan intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder.

Fiscalía General del Estado, en la mira

La hoja de ruta para llegar al poder sin necesidad de recurrir a las urnas, como se propone en parte del cuaderno amarillo, contempla la entrega de la Fiscalía General de la República al partido Frente Guasu.

Quizás eso le agregue mucho más sentido al ataque que sufre esa institución en la figura de su titular, la doctora Sandra Quiñónez, por parte de referentes de partidos opositores, entre ellos Efraín Alegre, quien es mencionado en otra página de los escritos de Alberto Grillón.

Asociación criminal

Las anotaciones y documen­tos se encontraban en una de las aeronaves confisca­das durante una operación conjunta del Ministerio Público, la Senad y la Policía Nacional, en el aeródromo de Areguá, a mediados de octubre del año pasado.

En el lugar, según informaciones, estaría ope­rando una organización cri­minal relacionada al trá­fico aéreo de drogas y otros hechos ilícitos. En la agenda figuran informes de fechas de reuniones con personajes vinculados al Grupo de Puebla, un conglomerado de expresidentes y líderes de la izquierda radical latinoamericana.

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Postura del Frente Guasu

El senador Jorge Querey, del partido Frente Guasu, se refirió a lo descrito en la agenda. “No es bueno para la institucionalidad de la República estar haciendo golpes de Estado o expulsiones vía juicio político”, subrayó.

Sin embargo, durante el primer día de la marcha ciudadana y que culminó con incidentes al igual de los días posteriores, Querey publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Deben irse Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Por Constitución Nacional se debe convocar a nuevas elecciones. ¡La ciudadanía lo reclama!”.

Infiltrados

El Ministerio del Interior, en conjunto con la Fiscalía, investigará a través de imágenes de circuito cerrado si existió o no la presencia de grupos antagónicos que accionaron de manera violenta durante la manifestación del #MarzoParaguayo2021, con el objetivo de desvirtuar la movilización pacífica que la ciudadanía convocó para exigir el cese de la corrupción y que finalmente acabó en una batalla campal entre las fuerzas del orden y supuestos infiltrados.

Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior, atribuye el desborde de la situación a personas innominadas que fueron pagadas para ocasionar destrozos y violencia entre los manifestantes, y defendió el accionar represivo de la Policía afirmando que solo obraron con firmeza con el único objetivo de preservar el orden.

“No se descarta que estos grupos formen parte de barras bravas, pero hay varias conjeturas al respecto, hasta se habla de personas que vinieron del exterior, personas que pertenecían a grupos más violentos, más extremistas y también se habla obviamente de barras bravas”, señaló el ministro respecto a los pagados para desvirtuar la fiesta cívica.

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