Finalizó en la fecha el proceso de verificación técnica de máquinas de votación, tanto en su aspecto de software como del hardware, a petición del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en el marco de las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas del próximo 7 de junio.

De acuerdo al informe de la Justicia Electoral, esta jornada de verificación técnica se desarrolló durante dos días, con la participación de los apoderados y referentes técnicos del Partido Liberal. Además, contó con el acompañamiento del presidente del TEI - PLRA, Gustavo Bernal, quien destacó que no encontraron ninguna anormalidad en las máquinas.

“Hemos encontrado prácticamente con toda normalidad y tranquilidad, esto goza de garantía y decimos nosotros a todos los conciudadanos y en especial a nuestro partido que tenemos elecciones, que están dadas las garantías para toda la ciudadanía en general del Partido Liberal”, remarcó.

Por su parte, el apoderado técnico del PLRA, Antonio Ocampo, destacó que llevaron adelante la verificación con todos los representantes de la empresa y los técnicos de la Justicia Electoral. “Lo cual nos da una garantía de lo que nos estamos exponiendo, salimos bastante conformes con todo lo explicado en estas dos jornadas y llenan nuestras expectativas como movimiento”, enfatizó.

Desde la Justicia Electoral recordaron que la auditoría de las máquinas de votación se realizó del 2 al 27 de febrero, dando cumplimiento irrestricto al Cronograma Electoral para las Elecciones Municipales de 2026, en presencia de los apoderados técnicos y representantes acreditados por las organizaciones políticas participantes.

Mencionaron, además, que con la finalización de estas jornadas de verificación, la Justicia Electoral dio cumplimiento a la solicitud del TEI del PLRA y del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), reafirmando el compromiso con la transparencia y la apertura institucional de cara al proceso electoral.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dio apertura a un taller internacional enfocado en la facturación electrónica como un instrumento estratégico para mitigar los riesgos de cumplimiento tributario.

El evento congrega en el país a delegaciones y expertos de diversas administraciones fiscales de Latinoamérica para debatir sobre la transformación digital de los tributos.

Durante el acto de apertura, el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, expuso los progresos alcanzados en el ámbito local mediante el despliegue del Sistema Nacional de Facturación Electrónica.

“Con el Sistema Ekuatia y Ekuatiai la DNIT ha avanzado en la formalización económica, la reducción de costos operativos y la eficiencia administrativa”, enfatizó el titular de la institución.

Por su parte, Enrique Rojas, economista senior del FMI, remarcó la visión del organismo internacional respecto a esta transición digital. Sostuvo que la factura electrónica excede el concepto de una simple innovación técnica, configurándose como una pieza de ingeniería institucional para fortalecer los esquemas de fiscalización, cerrar brechas de evasión y reducir de forma sustancial los riesgos del sistema.

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La primera jornada del foro internacional contempló el desarrollo de cinco paneles, orientados al diseño de políticas de control basadas en datos. Los ejes centrales del debate incluyeron:

• Gestión de riesgo fiscal
• Gobernanza y diseño de la arquitectura institucional.
• Calidad y consistencia de la información digitalizada.
• Control y cobranza fundamentados en datos de facturación electrónica.

Especialistas provenientes de las administraciones tributarias de Chile, Brasil, Perú y Uruguay compartieron sus respectivas experiencias operativas en la implementación de estas herramientas, exponiendo los casos de éxito de sus modelos de control basados en información digital.

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“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado", indicó González en el programa “La Caja Negra” de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del área metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas.

“Esta es una causa ya iniciada en el 2013 y la acusación fue presentada en diciembre del 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante", puntualizó la agente.

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Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta", manifestó González.

La fiscal siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

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El Gobierno del Paraguay anunció un decreto firmado por el presidente Santiago Peña, que reactiva el programa “Cielo Guaraní Soberano”. El programa apunta a articular el trabajo de varias instituciones de seguridad a fin de combatir el narcotráfico, que se mueve través de vuelos irregulares, y lograr la captura de los responsables en tierra.

“Este decreto regula el trabajo coordinado de todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la defensa y en la seguridad del país. Lo que queremos lograr con esto es la captura de las aeronaves que aterrizan o de los operadores en tierra”, explicó el comandante de la Fuerza Aérea Paraguay, Julio Fullaondo.

El decreto reactiva un programa que había estado operativo entre 2015 y 2019, y que utilizaba los radares entonces disponibles para el control del espacio aéreo. En esta reactivación, el programa tendrá además de nuevos radares, la participación de los aviones Super Tucano adquiridos por la actual administración para la intercepción de los vuelos.

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El comandante Fullaondo explicó que actualmente la Fuerza Aérea ya despliega acciones de intercepción de aeronaves que realizan vuelos irregulares, a través de los Super Tucano, pero reconoció que es necesaria una articulación con fuerzas operativas en tierra para lograr la captura efectiva de los responsables.

“Las veces que tenemos interceptación de aeronaves, necesitamos la reacción rápida de los otros organismos de seguridad en tierra, como ya ocurrió en el caso de que aterriza el avión y tarda dos minutos para volver a decolar", explicó.

Destacó que con el decreto del Poder Ejecutivo se logrará integrar el trabajo de las instituciones de seguridad del Estado para el combate al narcotráfico, el crimen transnacional organizado y los delitos conexos. “Con este decreto que acaba de firmar el presidente, automáticamente se crea un equipo que va a trabajar coordinado en cielo y en tierra", indicó a su turno el ministro del Interior, Enrique Riera.

Entre las instituciones que se articulan en este trabajo están la Policía Nacional, la Fiscalía, la Secretaría Nacional Antidrogas y las Fuerzas Armadas, entre otras que tengan jurisdicción en los lugares donde aterricen las aeronaves.

“Este decreto es una señal clara de que está decidido a combatir de frente y con todos los elementos a su alcance al crimen organizado, al terrorismo y sobre todo y especialmente al narcotráfico", afirmó el ministro de Defensa Nacional, Oscar González.

Las autoridades destacaron que Paraguay tiene acuerdos de cooperación firmados con los países de la región, incluyendo a Brasil, Argentina y Bolivia, que permite la comunicación directa, el intercambio de información y trabajo conjunto para la vigilancia y protección del espacio aéreo en la zona fronteriza.

En el marco de la cooperación internacional, el encargado de negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, expresó que Paraguay cuenta con la asistencia permanente de su gobierno y que están orgullosos de colaborar con la lucha contra el crimen organizado.

“Los aliados se acompañan y el gobierno del presidente Peña y su equipo de seguridad tienen una visión muy clara con respecto al control del espacio aéreo y su lucha contra el crimen organizado, y los Estados Unidos de América estamos ahí para acompañarlos”,acotó.

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