El Ministerio de Salud reiteró la importancia de que las personas con enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes o hipertensión arterial, mantengan los cuidados necesarios durante la Semana Santa, evitando excesos alimentarios y cumpliendo estrictamente con las indicaciones médicas.

Desde la cartera de Salud señalaron que esta época se caracteriza por una mayor disponibilidad de alimentos tradicionales con alto contenido calórico, ricos en hidratos de carbono y grasas, lo que puede representar un riesgo para quienes padecen patologías de base. En ese sentido, advirtieron que una alimentación inadecuada podría derivar en descompensaciones y complicaciones de salud.

Las autoridades sanitarias recomendaron consumir con moderación platos típicos como chipa, sopa paraguaya y chipa guasu, procurando mantener una dieta equilibrada. Asimismo, insistieron en la necesidad de planificar la alimentación, incorporando frutas, verduras, proteínas magras y alimentos ricos en fibra.

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Entre las principales sugerencias, el Departamento de Factores de Riesgo aconseja reducir el consumo de sal, reemplazándola por hierbas y especias naturales; mantener una adecuada hidratación, con una ingesta diaria de entre dos y tres litros de agua; y limitar el consumo de bebidas azucaradas, alcohol y productos ultraprocesados.

Igualmente, se enfatizó la importancia de sostener la actividad física diaria, con al menos 30 minutos de ejercicio, a fin de contribuir al control del peso, la presión arterial y los niveles de glucosa.

Finalmente, Salud recordó a los pacientes bajo tratamiento farmacológico la necesidad de no interrumpir la medicación y seguir las indicaciones de su médico tratante, a fin de evitar complicaciones durante estos días de recogimiento.

Desde el Ministerio de Salud anunciaron este domingo que finalizó la primera edición del curso de capacitación “Fundamentos de Inteligencia Artificial para Políticas Públicas”, dirigido a funcionarios públicos.

Informaron que la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos del Ministerio participó del curso, con el que se refleja el compromiso con la innovación, la modernización institucional y el fortalecimiento de la gestión basada en evidencia.

La Mgtr. María Cristina Retamozo Subeldía, directora de la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos, participó de la actividad que fue organizada de manera conjunta por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), la Unesco y la Unión Europea.

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Desde la cartera sanitaria destacaron que durante la apertura, las autoridades nacionales se refierieron al papel de la inteligencia artificial como motor de transformación social, así como la responsabilidad del sector público de liderar su implementación de manera ética, segura y orientada al bienestar de la ciudadanía.

Entre los participantes estuvieron el Benjamín Barán, la representante de la Unesco, Natalia González Alarcón, y Kirsti Ala-Mutka, en representación de la Unión Europea.

“La participación del MSPBS en este espacio permite avanzar en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de investigación, planificación y evaluación de políticas sanitarias. La capacitación abordó tanto fundamentos técnicos como marcos éticos para la implementación responsable de estas tecnologías en el ámbito público”, expresaron los organizadores.

Finalmente agregaron que el programa incluyó siete módulos temáticos desarrollados por expertos internacionales, orientados a brindar herramientas prácticas para el uso estratégico de la inteligencia artificial en la gestión pública.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.

“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.

Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.

La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.

El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.

Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.

Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".

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La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.

Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.

Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.

“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.

Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".

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Acoso sexual, hostigamiento y violencia laboral contra médicos residentes serían causales.

El Ministerio de Salud ordenó la interven­ción del Hospital Nacional de Itauguá tras un relevamiento encubierto de datos por denuncias de supuesto acoso sexual, hos­tigamiento y violencia labo­ral a médicos residentes. El interventor designado es el Dr. Carlos Alberto Román.

“Yo soy la primera persona interesada en aclarar las denuncias”, manifestó ayer el director Miguel Ferreira, en declaraciones a la 1020 AM. Añadió que desde el momento que apareció la pri­mera denuncia puntal de una médica residente, hace apro­ximadamente cuatro meses, tomaron la determinación de separar del cargo a los acu­sados, el jefe de servicio de cirugía y al jefe del servicio de residentes. “Las personas denunciadas fueron separa­das de sus cargos, pero siguen siendo funcionarios de Salud, porque yo no le puedo echar de la institución sin ningún sumario”, precisó.

La primera denuncia fue pre­sentada ante la Secretaría Anti­corrupción del Ministerio de Salud y los hechos habrían ocu­rrido el año pasado en el servi­cio de cirugía. Según expresio­nes del director, la estudiante se habría sentido intimidada por algunas correcciones hechas por sus superiores. Sin embargo, extraoficialmente se maneja la información de que, presuntamente, el jefe de servicio habría pedido sexo a la residente a cambio de tener día libre. Además habría otras denuncias similares.

Por otra parte, el Tribunal de Apelación Penal 3.ª Sala, inte­grado por los jueces Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y María Belén Agüero, decidió confirmar la condena aplicada por el Tribunal de Sentencia a Carlos Granada.

Cabe recordar que el perio­dista y exgerente de prensa del SNT había sido senten­ciado a 10 años de cárcel tras ser hallado culpable de coac­ción, coacción sexual y acoso sexual, luego de múltiples denuncias formuladas en su contra. Los magistrados con­sideraron que la pena fue apli­cada correctamente, razón por la que –a su criterio– no existen elementos que pudie­ran motivar su anulación y dejarla sin validez.