El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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La viuda del periodista brasileño Lourenço “Leo” Veras, quien fuera asesinado por sicarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero el 12 de febrero del 2020, Cinthia González, brindó una conferencia de prensa este jueves y acusó al diputado Santiago Benítez de intentar manipularla para favorecer al principal sospechoso de la muerte de su esposo.

“Días después de la muerte de Leo me llama el señor Santiago Benítez, dueño de la radio Imperio. Me pidió mediar para la entrega de un pendrive a la Fiscalía con supuesta evidencia para favorecer al sospechoso de la muerte de Leo, que es alguien vinculado al crimen organizado. Santiago intentó mucho convencerme; a cambio, según él, tendría una recompensa económica y de protección; me depositarían en una cuenta una cantidad de dinero”, manifestó González.

Explicó que ella le tenía confianza al ahora diputado, ya que era amigo cercano de su marido, y que de igual manera este la expuso a ella y a su familia a situaciones de peligro. Sostuvo que en una ocasión el ahora parlamentario la habría citado a un hotel para confesarle que minutos antes de la muerte de su esposo habría conversado con él.

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“En esa ocasión me confesó haber hablado con Leo, me dijo: ‘El día que mataron a Leo le llamé y le pregunté si él sabía de alguna información porque yo recibí la información de que se le iba a matar a un periodista y Leo me respondió que no sabía nada. Media hora después mataron a Leo’, fueron las palabras de Santiago Benítez”, relató la viuda.

La mujer remarcó que trataron de hacerla ver como una persona que pedía dinero a cambio de su silencio y que inclusive recibió la visita de la abogada del principal sospechoso de la muerte de su marido, quien la habría encarado para consultarse sobre una supuesta solicitud de 10.000 dólares que le dijeron que realizó para brindar una declaración favorable hacia el acusado en aquel momento.

González aseguró que jamás solicitó dinero y que, además de este tipo de circunstancias, debió lidiar con dificultades económicas y el temor por su vida de manera constante, sacando a relucir que inclusive debía pagar el combustible de los policías que la custodiaban.

“No he aceptado ni aceptaré nada, estoy dispuesta a colaborar con la justicia buscando que este crimen no quede impune, pero no en un contexto manipulado ni a cambio de favores. Mi caso ha sido utilizado como herramienta de presión y oportunismo, ignorando que detrás hay una mujer luchando por vivir, una madre sacrificándose para proteger a su familia en condiciones sumamente difíciles, y nos siguen haciendo sufrir con la indiferencia de las autoridades”, dijo González.

Además de exigir transparencia en la investigación del caso de la muerte de su esposo, pide que las autoridades competentes den respuesta a las múltiples interrogantes que existen en torno a todo lo ocurrido y al procesamiento de evidencias, entre las cuales, según la mujer, se encuentran la computadora y el celular del periodista fallecido, los cuales podrían aportar pruebas contra sus asesinos.

Por el crimen del comunicador es sindicado como principal sospechoso Waldemar Pereira Ribas, alias Cachorrão, quien formaría parte del Primer Comando Capital (PCC).

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Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó con 26 votos a favor el proyecto de declara­ción que acompaña la inves­tigación de la Fiscalía e insta a las instituciones del Estado a profundizar y buscar acla­rar las denuncias periodísticas contra el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Sil­vana Abdo, sobre supuestas cuentas millonarias en paraí­sos fiscales, específicamente en la isla Seychelles, África.

La propuesta tiene por acápite la declaración de la Cámara Alta, en acompañar la inves­tigación iniciada por el Minis­terio Público e insta a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Sepre­lad), a la Contraloría General de la República y a la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a iniciar de manera urgente y coordi­nada las investigaciones per­tinentes relacionadas con las publicaciones periodísticas que vinculan al expresidente, con la presunta existencia de cuentas offshore en las islas Seychelles por un monto apro­ximado de USD 21 millones”.

Esta propuesta fue finalmente aprobada con el apoyo de 26 senadores, en tanto, que 1 votó en contra, otros 8 se abstuvie­ron y se registró la ausencia de 4 senadores. La iniciativa fue aprobada con modificaciones planteadas en el plenario.

En mayo de 2021, el entonces presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto N.º 5.324, mediante el cual el Estado paraguayo recono­cía oficialmente a Luigi Paolo Picollo como cónsul honorario de la República de Seychelles. ¿Para qué necesitaba Paraguay un cónsul de Seychelles, un país insular situado en el océano Índico?

Tras salir a la luz que Abdo Benítez y su esposa tendrían dinero en un paraíso fiscal, en redes sociales pronto comenzó a circular la copia del decreto presidencial, por la cual él se aceptaba y reconocía al el nuevo Consulado honorario de la República de Seychelles en nuestro país.

“Por supuesto que tendría­mos que llegar a instancias internacionales, no sería descabellado pedir ayuda al Departamento del Tesoro de los EE. UU., esto se tiene que investigar, llegar al fondo de la cuestión, ahora y siempre lo manifesté que el gobierno de Mario Abdo Benítez fue un gobierno cargado de corrupción”, expresó.

“Si como expresa Mario Abdo, y esto es falso, debe­ría enviar una solicitud a la entidad bancaria exigiendo que aclare la situación. Una nota firmada con puño y letra”, señaló.

“Por supuesto que me inte­resa saber si un expresi­dente de la República se llevó la mitad del país. Si hay indicios, la Fiscalía tiene que abrir una investigación de oficio y que se llegue al fondo de la cuestión. A todos los paraguayos nos interesa que haya claridad. Hacemos un llamamiento al fiscal general del Estado para saber si está enterado sobre este hecho, que tome las medidas correspondien­tes, analizar sea quien sea, tiene que investigar”.