El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

Leé tmbién: “El interventor no puede tomar decisiones de orden político”, sostiene abogado

El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

Te puede interesar: TSJE exige celeridad frente a objeción que paraliza licitación electoral

“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

Leé también: Urgen sanción del proyecto por María Fernanda: “Esto ya fue debatido ampliamente”

A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

Te puede interesar: Senad destituye a director de la SIU citado por el narco Marset

El diputado Arturo Urbieta, miembro de la comisión especial de intervención del municipio de Ciudad del Este, afirmó que existen causales suficientes para aprobar la solicitud de indagación a la administración del intendente Miguel Prieto. Agregó que el principal argumento radica en la falta de documentos respaldatorios sobre erogaciones superiores a los G. 42.000 millones.

“Tenemos una decisión tomada y la vamos a defender”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La citada irregularidad señalada por la Contraloría General de la República (CGR) guarda relación con los gastos de capital correspondiente al período 2019-2022. Desde el órgano extrapoder habían indicado que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran.

“Nosotros hemos evaluado de manera tranquila el pedido de la Contraloría que presentó documentos respaldatorios de lo que encontraron mediante los trabajos que realizaron en la Municipalidad de Ciudad del Este. A la vez escuchamos el descargo de Miguel Prieto. Nadie nos da órdenes como mencionan desde la oposición”, puntualizó.

Leé también: Protección de datos: instan a definir un modelo regulatorio propio

Ayer lunes, la comisión especial emitió dos dictámenes, a favor y en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo por solicitud de la Contraloría. El titular del bloque, Alejandro Aguilera, había mencionado que el dictamen a favor fue el que tuvo mayoría.

Ya dependerá de la mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, incorporar los dictámenes en el orden del día de las próximas sesiones ordinarias para su estudio en el pleno. Otra de las alternativas para el tratamiento podría ser la convocatoria a una sesión extraordinaria, que deberá ser planteada por un total de 15 diputados.

Te puede interesar: TSJE define fecha para internas y elecciones municipales

El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, informó que ya cuentan con la fecha en que se desarrollarían las internas y elecciones municipales, no obstante, esta aún no fue dada a conocer de manera oficial por la institución puesto que aún no cuenta con el visto bueno de los ministros.

“No salió el cronograma oficial, pero ya lo tenemos delineado, solo falta la aprobación de los miembros del TSJE. Las internas simultáneas de los partidos serían el 7 de junio de 2026 y las elecciones municipales el 4 de octubre del 2026, no tenemos mucho margen en ese sentido porque resulta que nosotros tenemos que hacer las elecciones entre 120 y 135 después de las elecciones y si modificamos esa fecha, para las internas nos agarra el Mundial de fútbol y queremos evitar coincidir con el certamenl”, explicó.

Ljubetic recordó que las internas se realizan de manera simultánea para todos los partidos y concertaciones y dicha fecha fue marcada ya que en los domingos siguientes coincidirá con el desarrollo del Mundial de fútbol y el objetivo del TSJE es que una vez iniciado este evento, ya se hayan realizado las internas de modo a un mejor desarrollo del proceso electoral.

“Las elecciones municipales se realizarán el 4 de octubre para poder cumplir con la finalización del mandato de los intendentes municipales y que la transmisión se dé a los cinco años, y pensamos que a finales de octubre estaríamos terminando el juzgamiento y el 3 de noviembre estarían asumiendo los electos”, detalló ante la 650 AM.

Lea también: Gobierno encara con responsabilidad problemática del transporte público, destacan

El proceso de licitación de máquinas de votación podría nuevamente verse suspendido a raíz de un fallo judicial que ordena detener el proceso, esto luego de haber dado lugar a una acción presentada por una empresa. Desde el TSJE manifestaron que el interés es poder dilucidar esta cuestión, puesto que esto podría generar contratiempos que comprometan el desarrollo de las municipales.

“Estamos viendo que estamos metidos dentro de una verdadera guerra de empresas que están pugnando por participar de la licitación con ventajas o conveniencias para ellos, y algunos si se quiere, hasta con cierta maldad porque gente que ni siquiera se presentó a preguntar cómo serían los pliegos, hacen protestas, demandan y nunca han manifestado interés y ni conocemos si tienen antecedentes de haber participado alguna vez en la vida con máquinas de votación”, lamentó.

Ljubetic recordó que la institución desea contar con las primeras 5.000 máquinas para fin de año de modo a iniciar las capacitaciones. Además, si se retrasa esta entrega, el próximo año se debería abrir nuevamente el debate de los recursos asignados al presupuesto para esta compra. “Si no ejecutamos ese presupuesto, vamos a tener inconvenientes para llevarlo el año próximo, hay que empezar de nuevo el presupuesto. Tenemos que buscar destrabar una demanda presentada por una empresa que nosotros consideramos prácticamente fantasma”, sentenció.

Lea también: Hambre Cero supera meta y llega a 1.040.000 niños a nivel nacional