El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, se presentó en la jornada de este martes ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional para dar detalles sobre la compra de vacunas contra el COVID-19. El secretario de Estado adelantó varias novedades al inicio de su exposición y posteriormente respondió a las consultas de los parlamentarios.
Entre estos puntos, Mazzoleni mencionó que se realizará un estricto control para evitar el tráfico de influencia en la distribución y aplicación de las vacunas, y que las mismas lleguen a la población que está dentro del grupo de riesgo, donde la prioridad serán el personal de blanco y adultos mayores.
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El ministro de Salud solicitó en este sentido a los legisladores el apoyo para que puedan ser evitadas estas situaciones a fin de que las vacunas sean administradas y distribuidas como está establecido en el cronograma.
“Creo que es absolutamente necesaria solicitarles su colaboración para que este Plan Nacional de Vacunación se lleve adelante de acuerdo a la priorización establecida a raja tabla, y que no tengamos la experiencia de otros países donde gente ha abusado de su poder para poder generar la vacunación por vía del tráfico de influencia”, sentenció.
Compromiso
Igualmente hizo un compromiso público sobre el control que será realizado para evitar que las vacunas sean distribuidas a otros sectores que aún no están establecidos. “Yo doy mi compromiso a la ciudadanía y solicito también la cooperación de cualquier denuncia en ese sentido para asegurarnos de esa distribución administrativa como debe ser”, puntualizó el secretario de Estado.
Así también, el titular de la cartera sanitaria reiteró que las vacunas contra el COVID-19 serán recibidas en la segunda quincena de febrero, sin precisar fecha exacta, adelantando además que serán aplicadas después de 72 horas de haber recibido las dosis.
Por otra parte, Mazzoleni no pudo precisar ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional si cuántas y cuándo definitivamente se recibirán las primeras vacunas, reafirmó además que efectivamente se había anunciado 300.000 dosis; sin embargo, ahora se estaría dando una variación.
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MEF defiende ante el Congreso la disciplina fiscal frente a propuestas de elevar el tope
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, acudió este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por Silvio “Beto” Ovelar. Lo hizo con el fin de exponer los planes de acción que impulsará su cartera en este segundo tiempo del mandato del presidente Santiago Peña, para saldar las millonarias deudas acumuladas con las proveedoras del Estado.
“La ley de responsabilidad fiscal lo que ha permitido en este proceso es dar credibilidad a las finanzas públicas y eso se traduce en resultados que son visibles, como los (dos) grados de inversión. Acá lo que tenemos que ser es responsables en administrar y gestionar las deudas que tenemos”, dijo a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Lovera surgieron al ser consultado sobre el proyecto de ley impulsado desde Diputados, el cual plantea elevar el déficit fiscal del 1, 5 % al 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “No es una iniciativa del Ejecutivo, no fuimos consultados y evidentemente no acompañamos ese proyecto“, sentenció.
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El proyecto para flexibilizar el déficit fiscal según la exposición de motivos responde a una desaceleración en los ingresos tributarios, evidenciada en el primer trimestre del año, lo que ha reducido el margen financiero del gobierno. Se detalla que será “transitorio, acotado y necesario” para evitar la acumulación de pasivos y sostener la actividad económica.
“Lo que hacemos ahora es discutir con los sectores afectados, el pasado sábado nos reunimos con las vialeras y esta semana nos reuniremos con las farmacéuticas, se está agotando todas las herramientas posibles para poder llegar a acuerdos de pagos, que nos permitan no afectar de manera significativa la expectativa de resultados que tenemos en el corto y mediano plazo”, comentó Lovera.
El alto funcionario de Estado acotó: “Estamos trabajando en un plan de pagos para este año, en base al flujo que esperamos de los ingresos, tuvimos un incremento en el mes de marzo y tenemos una perspectiva positiva para este mes“.
Detalló que mantenerse dicha perspectiva positiva, se tendrá la posibilidad de pagar montos superiores a los inicialmente acordados que eran de 40 millones de dólares mensuales provenientes del Presupuesto General.
A inicios de marzo, las deudas con el sector de las farmacéuticas superaban los USD 700 millones, mientras que con las constructoras el monto era de USD 360 millones. “Estamos viendo la forma de ir cancelando las deudas de tal manera a no realizar una carga inmediata de ese requerimiento en este ejercicio fiscal 2026 (elevar tope). Vamos a seguir revisando que gastos en el sector público podemos o debemos priorizar“, manifestó.
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EE. UU. busca garantizar lucha contra el crimen organizado tras promulgación de SOFA
El encargado de Negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, acudió este lunes al Congreso Nacional con el fin de solicitar una mayor cooperación en materia legislativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo para consolidar la seguridad hemisférica.
“Con Paraguay compartimos valores democráticos e intereses nacionales; se está fortaleciendo y llevando a cabo entre los dos países todo un horizonte de alianza estratégica en materia de seguridad y oportunidades económicas para los dos pueblos”, comentó a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Alter surgen tras mantener un encuentro con el senador opositor Eduardo Nakayama, con quien dialogó en torno a los beneficios que otorgará a Paraguay el acuerdo de Estatuto de las Fuerzas (SOFA).
“Conversamos sobre la importancia del acuerdo y el marco jurídico que nos da para fortalecer la colaboración en seguridad entre los dos países. Acá la intención es hacer más y mejor. Tenemos una excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países y el acuerdo SOFA nos da un marco jurídico para facilitar la llegada de las capacitaciones, ejercicios conjuntos para que las fuerzas de ambos países tengan niveles de profesionalismo fuertes y efectivo”, refirió.
El acuerdo fue promulgado el pasado 11 de marzo por el presidente de la República, Santiago Peña. “La intención es fortalecer a ambos países para defender sus soberanías. El acuerdo habla de inmunidades, no impunidades, existe una gran diferencia entre las dos cosas”, refirió Alter.
Por su parte, Nakayama detalló que “hablamos sobre la seguridad hemisférica y uno de los principales flagelos que tenemos como América Latina es el crimen organizado y el terrorismo. Hablamos también sobre la ciberseguridad, ya que existen ataques constantes, avanzados y difíciles de evitar que requieren de mejores capacidades. El convenio SOFA permitirá tener una mayor flexibilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen”.
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Sociedad de Pediatría apoya la protección de la población infantil contra infecciones respiratorias
Como respaldo a la estrategia nacional de inmunización 2026 del Ministerio de Salud, la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) lanza la campaña “Vacunarse es poder”. Esta campaña hace hincapié en la protección de bebés menores de un año contra el virus respiratorio sincicial (VRS), responsable de llenar las salas de pediatría cada invierno.
El virus respiratorio sincicial (VRS) es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en bebés menores de 1 año —con mayor riesgo en los menores de 6 meses—, y anualmente genera un alto número de consultas, hospitalizaciones y complicaciones, informaron desde la nucleación médica.
Los especialistas señalan que los niños menores de un año tienen 16 veces más probabilidades de ser hospitalizados por VRS que por influenza. Se estima, además, que entre el 50 % y el 90 % de las internaciones por bronquiolitis en lactantes están asociadas a este virus.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, solo en 2024 se registraron más de 800 hospitalizaciones y 12 fallecimientos en niños menores de dos años, a causa del VRS. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente el año pasado, cuando Paraguay se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en implementar la inmunización universal contra el VRS, siguiendo a Chile, referente regional en esta estrategia.
Gracias a esta estrategia, el país alcanzó un hito sanitario histórico en salud pública en 2025: no se registraron muertes por VRS en los bebés que recibieron esta protección. La intención en este 2026 es fortalecer la iniciativa con la inmunización de 60.000 niñas y niños, 20.000 más que el año pasado.
“Gracias a esta inmunización de vanguardia, el 2025 cerró con un logro sin precedentes: cero muertes por VRS en bebés protegidos”, expresó de manera institucional la doctora Julia Acuña, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría.
Añadió que este éxito impulsa a ir por más. “Que ningún niño menor de seis meses quede sin esta protección que salva vidas. No queremos más bebés en terapia intensiva por un virus que se puede prevenir“, subrayó.
La protección contra el VRS consiste en la aplicación inyectable de una sola dosis, generalmente en el muslo.
Está indicada para niñas y niños nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026; menores de 12 meses con factores de riesgo (prematuridad, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías o necesidad de tratamiento respiratorio reciente); e infantes de hasta 2 años con cardiopatía congénita que cumplan criterios específicos.
Puede aplicarse junto con las vacunas del esquema regular, sin interferir en su eficacia ni en la respuesta del sistema inmunológico. Esto permite aprovechar las visitas al servicio de salud y facilitar el acceso a la protección, sin necesidad de consultas adicionales.
La temporada de vacunación 2026 ya inició y finalizará en julio de este año, abarcando el periodo de mayor circulación de este virus. En Paraguay, el VRS circula generalmente entre abril y agosto y es importante proteger a los bebés antes de la temporada de mayor circulación.
Instamos a madres, padres y familias a acudir a los centros de salud para inmunizar a sus bebés. La prevención es el poder de proteger y salvar vidas. “Protejamos a nuestros hijos”, recordó la presidenta de la SPP.
La vacuna está disponible en hospitales maternoinfantiles, unidades neonatales, vacunatorios públicos y centros privados en convenio con el Ministerio de Salud. Para más información, consultar el listado de vacunatorios en www.vacunate.gov.py.
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Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
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Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
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