La diputada colorada Rocío Abed presentó esta semana ante la Cámara Baja, un proyecto de Ley que declara el 16 de octubre como “Día Nacional del Reconocimiento al Personal de Limpieza”. Fue luego de una reunión con el director de Empleo de la ANR, Dr Enrique López Arce, quien recomendó que Paraguay se sume a este Día Internacional.

El propósito principal es visibilizar y dignificar la labor de cientos de miles de compatriotas que desempeñan estas labores, tanto en el ámbito público como privado.

En la nota dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, menciona que considera esencial establecer una fecha que honre el esfuerzo diario y aporte al reconocimiento de sus derechos, condiciones laborales y dignidad como trabajadores fundamentales en la vida cotidiana de toda la sociedad.

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Lamentó que muchas veces esas condiciones laborales no reflejan el valor social, ni económico que representan. “La propuesta de ley surge como un acto de justicia social hacia un sector históricamente invisibilizado y muchas veces estigmatizado: el personal de limpieza”, comienza señalando la exposición de motivos.

Destaca que el personal de limpieza está compuesto de hombres y mujeres que, en silencio, sostienen condiciones básicas de higiene, salubridad y que al mismo tiempo logran mantener el orden y la limpieza en oficinas públicas, centros educativos, hospitales, industrias, comercios, e incluso los hogares.

A través de su nota, la diputada Abed explica que la propuesta de dedicar un día específico al personal de limpieza se inspira en iniciativas como la instaurada en Nueva Zelanda en 2015, que apunta a revalorizar un oficio honesto, digno y muchas veces puerta de entrada al crecimiento personal y profesional.

“El 16 de octubre es una fecha estratégica, próxima al Día Mundial del Lavado de Manos (15 de octubre), con lo cual se refuerza el mensaje sobre la importancia de la higiene, salud pública y trabajo digno. Promover este día no es simplemente un gesto simbólico, sino una herramienta para educar, sensibilizar y construir una cultura de respeto, en donde cada función laboral sea valorada en su justa medida", destaca el documento.

Finalmente, la parlamentaria aclara que instaurar esta conmemoración nacional no implicará ninguna erogación presupuestaria adicional, pero sí representa un avance ético, cultural y humano, que dignifica a miles de trabajadores esenciales para el desarrollo del país.

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El diputado Hugo Meza, señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delictivos cometidos por menores de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas privativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcances del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Nosotros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descompuesto”, manifestó en conversación con la 1020 AM.

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Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está trasladando hacia las autoridades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.

Mientras tanto, indicó que hay que mirar y buscar otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté involucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario también debe ser mejorado, y no puede ser considerado como una de las únicas opciones.

“Tenemos un sistema carcelario que no significa absolutamente una reinserción social. Nosotros necesitamos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y tener devuelta esa contención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.

Finalmente, sostuvo que, “hay que estudiar mucho más profundo, nosotros lo que tenemos es un concurso de quien presenta más penas, y rayando el populismo, porque no aborda absolutamente en lo general, nosotros necesitamos algo integral de protección social para que estas penas, para que estos delitos, no vuelvan a ocurrir en nuestro país”.

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La Cámara Paraguaya de Fintech expresó su respaldo firme al proyecto de ley que busca regular el Sistema Nacional de Pagos, actualmente en análisis. La cámara considera que esta normativa representa un paso clave hacia la modernización del ecosistema financiero del país, alineando a Paraguay con estándares internacionales en materia de transparencia, inclusión e innovación.

Según manifestaron a través de un comunicado, el proyecto fue ampliamente discutido en mesas multisectoriales y es visto como una herramienta esencial para consolidar un entorno de pagos más eficiente, justo y competitivo.

“La regulación está diseñada para beneficiar directamente al usuario final, promoviendo un entorno de libre competencia que permita florecer la innovación y la eficiencia. Asimismo, busca beneficiar al comercio y a los distintos actores que componen el sistema financiero y tecnológico del país”, expresa parte del comunicado.

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Resaltan el establecer condiciones más equilibradas, se espera que florezca la innovación tecnológica y la eficiencia operativa, generando beneficios directos tanto para los ciudadanos como para empresas y comercios.

Uno de los principales impactos positivos que tendrá esta ley, según el gremio, es fortalecer la inclusión financiera, una deuda pendiente en Paraguay. Al permitir la incorporación de más jugadores del sector fintech, se abren nuevas posibilidades para que sectores tradicionalmente excluidos del sistema bancario accedan a servicios como billeteras electrónicas, medios de pago digitales, transferencias y otros instrumentos. Esto responde además a los objetivos de la Estrategia Nacional de Transformación Digital impulsada por el Gobierno.

Asimismo, la propuesta legislativa busca prevenir prácticas anticompetitivas que han dificultado el crecimiento del sector fintech en años anteriores. Establecer un marco claro y transparente permitirá evitar abusos de posición dominante, proteger los derechos de los usuarios y garantizar que todos los participantes del sistema operen bajo las mismas condiciones, explican. Esto, a su vez, promoverá la confianza de los consumidores y atraerá inversiones al sector.

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El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.

“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.

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Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.

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