La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que debe ser renegociado con Brasil para el año 2023, es un tema fundamental para el futuro de nuestro país e inexplicablemente está ausente en el debate nacional, ya sea para el Gobierno o para los partidos políticos y para los demás estamentos de nuestra sociedad.

En el programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN y conducido por los periodistas Benjamín Livieres y Gustavo Velázquez, fue invitado Eusebio Ramón Ayala, doctor en Derecho, miembro de la Convención Nacional Constituyente en 1992 y actual senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Esto tiene varias aristas. Hay un problema estructural permanente que es el tema de los jueces, quienes tienen que dictar la prisión de cualquier persona. Hay miles de personas que sufren una mala interpretación judicial de la prisión preventiva. La Constitución Nacional dice que debe dictarse solo en el caso de que sea indispensable para las diligencias del proceso.

Pero luego del Código Procesal Penal comenzó a hacer algunas distinciones que la Constitución Nacional no las hacía y bastardeó eso hasta que finalmente el año pasado este código fue modificado. Antes decía el código que crímenes son aquellos hechos punibles que puedan merecer una pena mayor a 5 años y el juez estaba compelido por ley a no dar ninguna medida alternativa, entonces las cárceles se llenaron y estas tampoco cumplen con la función de readaptación social.

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Esa es una cuestión estructural, donde hubo mala formación de jueces y fiscales en las universidades y ahora, producto de la pandemia, se ha modificado esa parte. Entonces, no se respeta la libertad, en principios y la gente cree que cualquier sospechado tiene que ir a la cárcel directamente.

La gente no concibe que se puede discutir y llevar un proceso civilizadamente, en libertad, salvo las dos causales, que son la posibilidad de una obstrucción en la justicia o que pudiera haber peligro de fuga. Fuera de esas condiciones, todo ciudadano sigue siendo inocente hasta tanto sea culpable mediante una sentencia judicial. Esa es la parte estructural que no solo le afecta al presidente del PLRA, sino que a muchísima gente.

Creo que fue incorrecta la apreciación para la imputación ni tampoco corresponden esas medidas alternativas que le dieron.

En un Estado de derecho, y si uno cree en eso, no tiene más alternativas, por más injusta que sea, que someterse al proceso y obviamente se litigó y se tuvo la medida alternativa. Su abogado dijo que le recomendó cumplir las medidas alternativas, pero él tiene otros abogados que le recomendaron otra cosa.

Él considera que este sistema es corrupto, es mafioso y está todo mal. Entonces decidió hacer una lucha política en contra del sistema y, por lo tanto, al hacer esa lucha política y sin cumplir esas medidas, ahí se le aplicó el tema de la detención preventiva. Es un hecho grave para el país, porque es el presidente de un partido grande y nosotros creemos que nadie tiene que pasar por esa situación.

No hay una explicación razonable del por qué no existe discusión ni debate, pero ¿quién debería impulsarlo? El manejo de las relaciones internacionales le corresponde al presidente a través de la Cancillería, eso es claro y categórico. Tenemos que instalar esa agenda y hay que discutirla.

Lo que ocurre también es que esa diplomacia del siglo pasado, donde uno tiene que tener una diplomacia discreta para no decir oscura u opaca, ya pasó de tiempo, sobre todo en los temas de Itaipú o Yacyretá. Hay muchos otros temas que pueden discutirse con las reglas de la democracia del siglo anterior, reserva, prudencia, poca información a la gente, solo información privilegiada para ciertas personas.

Pero no se puede hacer con el tema de Itaipú, porque es una causa nacional y es la mayor riqueza que tenemos concentrada en un territorio determinado.

Eso está comprobado, podemos tener opiniones, pero hay hechos concretos. El acta bilateral entreguista del 2019 fue un hecho y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias derivadas de eso. Finalmente esa acta salió a la luz y la Cancillería pidió al gobierno de Brasil para dejarla sin efecto. Brasil aceptó y entonces esa acta bilateral quedó sin efecto.

Nosotros tuvimos conocimiento que la Ande, Eletrobras e Itaipú firmaron acuerdos de contratación de potencia perjudiciales para la Ande, con un precio superior a la barata, en otras palabras: contrató más cantidad de energía cara en vez de contratar energía más barata, que fue aprovechada en mayor medida por Brasil y que fue el motivo de la crisis del acta bilateral.

Hay diferentes tipos de responsabilidades y el principal es el equipo ejecutivo que tiene todos los elementos y las relaciones. Obviamente los demás sectores también son responsables. Desde el Parlamento, nosotros habíamos dictado una ley desde una Comisión Bicameral para acompañar el estudio de la revisión del Anexo C, que tiene una conformación en la Cámara de Senadores, pero no se ha logrado aún conformar en la Cámara de Diputados.

Si se llega a conformar, eso sería como el contralor del Ejecutivo. El año pasado ya se formó un equipo político y técnico, pero nosotros no tenemos los resultados ni los avances de ese estudio y que yo sepa, no ha llegado ni siquiera un informe preliminar al Congreso.

Un equipo enorme de 20 personas estudiaron ese tema y ya tiene conclusiones enormes que pasaron al Poder Ejecutivo para su estudio, pero al Congreso no se pasó ni un resumen y mucho menos a la población. Creo que por la misma necesidad del Gobierno para negociar con mayor legitimidad, debería abrir a la gente. De lo contrario, cómo podría explicar un fracaso en las próximas negociaciones.

Tampoco, pero no obstante este año nosotros vamos a volver a estudiar lo que necesitamos estudiar y vamos a colocar en la agenda de cualquier manera. No hubo respuestas por parte del Ejecutivo y creo que lo que ellos deben hacer es compartir parte de esas conclusiones. Nadie pide que se hagan públicas esas cuestiones estratégicas.

Es muy importante el debate público porque así como vemos es muy difícil que lleguemos a una buena negociación, pero ¿cómo podríamos llegar a un buen puerto si nuestra tripulación o nuestro piloto o capitán o timonel no están bien enfocados?

Hoy, si nos hubiésemos preparado cinco años atrás o dos años atrás, hay una serie de herramientas que sí podemos preparar, pero cuanto más se acerca el final tenemos menos herramientas. Paraguay podría haber hecho lo que estuvo haciendo en alguna medida con las limitaciones en cuanto a aumentar la capacidad de transmisión y de distribución, que está pendiente.

La utilización más intensiva y con tarifas más apetitosas para las grandes industrias consumidoras que puedan instalarse en el parque industrial de Hernandarias o para otros sectores. Eso podría ser una palanca para el desarrollo, más allá del precio del costo, va a tener un efecto multiplicador.

No hay una política de estímulo del uso de la energía que pueda negociarse con empresas medianas o grandes y que puedan tener una tarifa diferenciada, dependiendo de la cantidad de empleos.

Del lado brasileño ellos ya lo tienen bien establecido y es natural que Bolsonaro e Itamaraty defiendan los intereses de Brasil. Tienen una serie de ventajas porque cuentan con un mercado eléctrico insatisfecho y la posibilidad de seguir consumiendo energía barata que Paraguay no utiliza.

Tienen a integrantes del sector público y privado en el manejo del sector eléctrico. Tienen una inmensa cantidad de capitales privados y que están muchos de ellos en el consejo de administración porque Eletrobras es un enorme conglomerado y, dentro de eso, está Itaipú.

A Brasil le interesa que ese conglomerado que tiene socios privados sea una empresa de este siglo, transparente, equitativa, sin una posición dominante y con resultados amigables con el medioambiente, que le trate bien al vecino, que sea buen socio, porque hay un pacto global de las Naciones Unidas.

Hay muchos elementos que si Paraguay los utilizara bien, Brasil, obligado por las circunstancias, va a tener que tener un trato saludable con un socio que es un país menor.

Porque muchos Gobiernos no entraron en un plan intensivo de infraestructura. El estado actual de la Ande no es justificable, es propietaria, generadora, transmisora, comercializadora y distribuidora de la energía y no está en condiciones de competir ni utilizar todo y tampoco tiene la cantidad suficiente de recursos como para que pueda cambiar el panorama en dos o tres años y esa es una cuestión nuestra, no del Brasil.

Una posición paraguaya muy diferente sería si pudiéramos consumir gran parte de su energía de Itaipú sin necesidad de venderla, porque así podría negociar la venta a un precio diferente.

Desde ahora o desde ayer, ya tendríamos que estar trabajando en los costos. Uno de los costos sería compensar, cosa que no se tuvo en cuenta en su día, a toda la zona. Compensar por el territorio inundado y perdido y por el costo de oportunidad perdido por la zona adyacente, lo que perdieron Ciudad del Este, Hernandarias o Salto del Guairá para que la tarifa no tenga un bajón muy importante.

En este momento, el Gobierno tendría que estar con un equipo de técnicos estudiando el mercado eléctrico brasileño.

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