El nuevo ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, asumió la cartera el día de hoy lunes. Los desafíos inmediatos del exministro secretario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y hoy encargado de la seguridad interna de la República deberán atender los casos de extorsión por parte de oficiales en varios puntos del país. Giuzzio se dirigió a los medios de comunicación expresando que su pretensión es introducir tecnología para suplir a los agentes del orden vinculados con extorsión y otros hechos.
Al ser consultado por los medios de prensa específicamente sobre cómo manejará la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional debido a los alevosos casos de extorsión en sus filas, sorprendido dijo: “Vamos a trabajar... Vamos a trabajar... Con el comandante de la Policía Nacional”. Añadió que “si hay que reforzar, lo vamos hacer; si hay que reinstalar, lo vamos a hacer”. Dijo que van a incorporar investigadores. La Dirección de Asuntos Internos es crucial para disciplinar a los policías corruptos y extorsionadores.
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“No es un lugar para tener temor”
“No es un lugar para tener temor, sino para que se le tenga respeto”, dijo el nuevo ministro sobre la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Esta dirección es la encargada de investigar al personal policial, cuyas conductas en ocasión del cumplimiento de sus funciones o fuera de ella atentan contra la ley y los reglamentos institucionales; así como solicitar la aplicación de las medidas administrativas disciplinarias y a tal efecto, el sumario instruido.
“Vamos a ver dónde estamos parados”
Asimismo, la Dirección de Asuntos Políticos está obligada a poner a conocimiento del Ministerio Público los hechos que llegan a su conocimiento que podrían constituir hechos punibles. En ese sentido, al ser consultado acerca de los vicios que se deben erradicar dentro de las filas policiales, Giuzzio, un poco disconforme con la pregunta, respondió: “Quiero entrar con la cabeza abierta y conocer cómo está la institución. Si bien conozco también de afuera, vamos a conocer dónde estamos parados y sobre esa base, en las próximas entrevistas puedo ser más preciso”, concluyó.
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Policía Nacional: reglamentan ley que protege la maternidad y paternidad de postulantes
El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.
La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.
También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.
Autoridad de aplicación
La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.
Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Comité interinstitucional
A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.
Requisitos para la admisión
Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.
Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.
No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.
No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.
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Contraloría Ciudadana cuestiona al equipo legal de Prieto por vínculo laboral con municipio
Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.
El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.
“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.
Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.
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Intereses contrapuestos
En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.
Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.
Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.
En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.
También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.
Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.
También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.
“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.
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Operativo de seguridad para el superclásico iniciará el sábado
La Policía Nacional ya tiene listo el operativo de seguridad para el superclásico del domingo en el Defensores del Chaco entre Olimpia y Cerro Porteño.
“El operativo de control ya comienza el día sábado a las 18:00, teniendo en cuenta que hay muchas personas y grupos organizados que llegan del interior del país”, señaló el comisario Héctor Fernández, jefe de Eventos, en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Luego, el día domingo, desde las 8:00 en las adyacencias del estadio, mil metros a la redonda, personal calificado estará haciendo los controles pertinentes, en el caso de vendedores ambulantes, medios de prensa y otras organizaciones.
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“A partir de las 11:00, los anillos de seguridad van a esta ya totalmente establecidos, teniendo en cuenta que a las 13:00 se abren los portones para la entrada al estadio”, explicó el jefe policial.
Por lo tanto, se recomienda ir munidos ya de su entrada y documento de identidad, teniendo en cuenta que las entradas son nominales, es decir, personal, no se puede transferir a otra persona.
“Si hay menores de edad de por medio, que sean acompañados por sus padres. Vamos a estar interactuando justamente con el apoyo de otras instituciones, como la Fiscalía, la Secretaría de la Niñez, la Codeni y otros estamentos”, puntualizó el uniformado.
Asimismo, adelantó que se estará haciendo un control exhaustivo en la carpas azules, en base a información precisa de Talento Humano de la Policía Nacional, en ese caso, Inteligencia e Investigaciones de Delitos.
El partido se inicia a las 16:00 y una vez terminado el encuentro, los hinchas adherentes al club Cerro Porteño, son los primeros que va a abandonar o se van a retirar del estadio. “Sea el resultado que fuese, se retiran primero los hinchas de Cerro Porteño, acompañados ya de Talento Humano de la Policía ya con sus buses pertinentes”, aclaró.
Y las personas que vienen en su vehículo particular se retirarán libremente, sin objeciones, según donde hayan dejado estacionado su rodado. Se estima según los organizadores que el encuentro deportivo se desarrollará a estadio lleno.
“Teniendo en cuenta que 18.000 entradas ya fueron emitidas por el club Olimpia, que estará de local. Y el día del partido, 8.000 entradas estarán siendo vendidas a partir de las 8:00 en el club Cerro Porteño, se estima que vamos a estar teniendo entre 30.000 y 35.000 personas”, mencionó el agente.
Por otro lado, señaló que el Registro Único de Espectadores de Eventos Deportivos tiene una avance del 85 % y “para finales de este campeonato vamos a estar implementando”, anticipó.
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Titular de Diputados respalda endurecimiento de penas contra la corrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre sentó postura sobre el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los hechos de corrupción. Durante el tratamiento en plenaria, el legislador colorado manifestó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que la lucha contra la corrupción debe involucrar a todos los sectores.
“La corrupción es un problema transversal que atraviesa absolutamente todos los sectores de la sociedad, el sector público y el sector privado”, afirmó el diputado Latorre durante su intervención. El titular de la Cámara Baja remarcó la necesidad de combatir tanto la corrupción como la impunidad. “Tenemos que combatir la corrupción y la impunidad, todos juntos, con todas nuestras fuerzas”, expresó.
A su criterio, no basta únicamente con aumentar las penas, por lo que abogó por fortalecer el sistema de Justicia. “Tenemos que trabajar en el sistema para que, verdaderamente, pueda existir justicia en el Paraguay. Una justicia equilibrada, oportuna, porque la justicia tardía tampoco es justicia”, significó.
El congresista también sostuvo que la clase política debe dar señales concretas de compromiso. “Nosotros, la clase política, tenemos que realizar gestos y señales claras de nuestra voluntad para combatir de manera frontal la corrupción y la impunidad”, afirmó.
Finalmente, anticipó el respaldo al proyecto y destacó que, aunque “podrá no ser la solución definitiva, sin lugar a dudas es una señal, una posición que refleja la voluntad de avanzar en acciones concretas contra la corrupción y la impunidad en el país”. El proyecto de ley fue aprobado, en general, durante la sesión última de la Cámara de Diputados; mientras su estudio, en particular, se postergó indefinidamente.
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