El día de ayer, el cuestionado jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, acudió a un encuentro con el gremio empresarial que aglutina a empresarios de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Esto, para dar su versión de los hechos en el caso del acuerdo extrajudicial entre el Gobierno Nacional y la petrolera venezolana PDVSA.
“Esto no quiere decir de ninguna manera ningún apoyo. Si se comprueba de que existe un acto de corrupción, ninguno de nosotros apañaríamos actos de corrupción”, manifestó Pedro Galli, presidente de la ARP, en contacto con la 650 AM. El ministro Villamayor busca apoyo en diversos sectores en vísperas de su interpelación que podría culminar con un voto de censura.
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“No saca el derecho de pedir explicaciones”
“El hecho de que le llamen a interpelar por la Cámara de Diputados no nos saca el derecho de pedir ‘una interpelación’, entre comillas por decirlo así”, sostuvo Galli y añadió que “habían bastante áreas grises y confusiones que no cerraban, le pedimos al ministro para hacer una exposición de los hechos directamente de la fuente, por ese motivo se lo convocó”.
Galli explicó que en la reunión participaron alrededor de 30 representantes de gremios. Indicó que si bien puede llamar la atención la invitación a dar su descargo, cualquier ministro puede ser convocado. “Que no se pongan celosos los otros; a algunos vamos a llamarles y a otros no”, sostuvo para dar cuenta los intereses de los gremios con respecto al Gobierno Nacional.
Si bien explicó que “hay cosas que no necesitan mucha explicación, están bastante claras, por eso no convocamos a cada uno de los ministros”, contrariamente al caso de Villamayor que precisa mayor esclarecimiento. Asimismo, Galli da cuenta de que harán este tipo de reuniones y convocarán a quienes quieran acudir a estas reuniones para tener información de primera mano.
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Gremios exigen a Alliana reformular el PGN 2027 y eliminar privilegios tras crisis de Ueno Bank
Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).
En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.
Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.
Advierten sobre pérdidas millonarias y más de 5.000 empleos afectados
Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.
En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.
A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.
Exigen austeridad y eliminación de privilegios
Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.
Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.
Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública.
También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.
Proponen utilizar bienes recuperados para resarcir a ahorristas
Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria.
Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.
La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.
Piden reformas en instituciones públicas
La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado.
Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.
Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.
Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Sector privado ofrece colaborar con el Gobierno
Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.
Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.
Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos.
“Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.
Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera.
“El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.
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Acuerdo busca modernizar el registro de marcas y señales del ganado
La identificación del ganado y la seguridad sobre la propiedad de los animales son aspectos clave para el desarrollo y la competitividad del sector pecuario. En ese contexto, se busca avanzar en la modernización de los registros y fortalecer los mecanismos de control mediante una mayor coordinación entre las instituciones vinculadas a la actividad ganadera.
Con ese objetivo, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que apunta a reforzar la trazabilidad del ganado, optimizar los procesos de registro de marcas y señales y brindar mayores garantías jurídicas a los productores.
La iniciativa contempla el aprovechamiento de las competencias y capacidades de cada institución para mejorar los mecanismos de identificación y registro de los animales. Uno de los principales ejes será fortalecer la trazabilidad a lo largo de la cadena pecuaria, mediante registros más confiables que faciliten las tareas de control y verificación.
Asimismo, el acuerdo busca modernizar los procedimientos relacionados con las marcas y señales, herramientas fundamentales para identificar el ganado y respaldar legalmente su propiedad. Con ello, se pretende aportar mayor seguridad a las operaciones del sector y mejorar los servicios destinados a los productores.
El convenio fue suscrito este lunes por el presidente del Senacsa, José Carlos Martin; el titular de la ARP, Daniel Prieto Davey, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. También participó la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González Pereira.
A través de esta articulación, las instituciones buscan impulsar mejoras en los sistemas de registro e identificación, acompañando las necesidades de un sector que requiere cada vez más herramientas para garantizar la transparencia y confiabilidad de su cadena productiva.
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ARP pide acelerar la restitución a los ahorristas y preservar la cadena de pagos
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.
“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.
En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.
“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.
Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.
Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.
Proceso de resolución
El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.
La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.
Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.
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UIP pide investigar hasta las últimas consecuencias y recuperar la confianza ciudadana
La Unión Industrial del Paraguay (UIP) se pronunció sobre la crisis política e institucional que atraviesa el país y destacó la actuación de las instituciones para encauzar la situación y dar paso a una nueva conducción nacional. A través de un comunicado, el gremio pidió que las sospechas de irregularidades sean investigadas hasta sus últimas consecuencias y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
La organización también felicitó al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana y al vicepresidente, Antonio Barrios, y señaló que tienen la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana, garantizar la estabilidad y demostrar un compromiso con la honestidad y el interés nacional.
Asimismo, reconoció la actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero sostuvo que la firmeza institucional debe mantenerse hasta el esclarecimiento completo de los hechos. En ese sentido, advirtió que ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal debe convertirse en refugio para la impunidad.
El gremio consideró que la crisis obliga a revisar los controles del Estado, establecer responsabilidades claras y fortalecer los mecanismos de detección temprana para evitar que las autoridades investigadas puedan obstaculizar los procesos. También puso el foco en los ahorristas afectados, quienes necesitan respuestas urgentes, información transparente y medidas concretas para proteger sus derechos y recuperar sus recursos conforme a la ley.
Finalmente, la UIP sostuvo que la confianza debe reconstruirse mediante la verdad, la justicia y resultados concretos. Además, afirmó que el país necesita marcar un quiebre definitivo con la tolerancia a la corrupción y garantizar que ningún cargo esté por encima de la ley ni ningún interés particular prevalezca sobre el destino de la República.
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