En lo que va del 2025, la moneda local se fortaleció más de un 4% frente al dólar, sorprendiendo al mercado. ¿Qué hay detrás de esta apreciación? ¿Cómo impactan las tasas, la iliquidez y el comportamiento de las empresas? Economistas de PUENTE analizan los factores que mueven hoy al tipo de cambio y qué esperar para el segundo semestre.

Al 24 de julio de 2025, el guaraní paraguayo (PYG) se cotiza en torno a los 7.498 PYG/USD, registrando una apreciación de aproximadamente 4,1% en lo que va del año.

Esta dinámica positiva se da en un contexto regional donde varias monedas muestran un comportamiento similar, pero con particularidades locales que explican el movimiento de la divisa paraguaya.

Durante abril, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 8.029,54, mientras que los niveles mínimos se registraron tras la última subasta de bonos del Tesoro en junio. Esta volatilidad encuentra explicación en variables tanto internas como externas que confluyeron en una apreciación nominal significativa.

“A comienzos del año se preveía un shock negativo por una menor producción de soja, similar al comportamiento de octubre de 2024, cuando el guaraní se depreció 5,3%”, explicó Rodolfo Melgarejo, economista senior de PUENTE. “Sin embargo, esa situación fue contenida por la intervención del Banco Central, que estabilizó la moneda en torno a los 7.800–7.830 hacia fin de ese año”, añadió.

Factores que impulsaron la apreciación. Entre los principales motores de la revalorización del guaraní, se destacan el bajo precio de los commodities, lo que generó oportunidades para los importadores, y un contexto de crecimiento del PIB estimado en 4,4% para este año, que benefició a empresas orientadas al consumo interno.

Otro factor determinante fue el diferencial de tasas de interés entre el guaraní y el dólar, que provocó un traspaso de capitales hacia la moneda local.

Las tasas en guaraníes subieron en mayor proporción debido a la iliquidez del mercado, como lo evidencian las recientes subastas del Banco Central, caracterizadas por bajo nivel de renovación y títulos de corto plazo (30, 60 y 90 días).

“Muchas empresas migraron de dólares a guaraníes, buscando aprovechar el diferencial de tasas”, explicó Juan Manuel Invernizzi, estratega senior de PUENTE. “Además, la compra de forwards -valorizados al tipo de cambio spot más un spread según plazo- generó un efecto manada que profundizó aún más la apreciación”, agregó.

¿Estabilidad o nueva presión a la vista? Si bien el guaraní muestra fortaleza, no hay señales de estabilización definitiva. La estacionalidad típica del segundo semestre -donde históricamente se observa una depreciación- podría marcar una reversión parcial de la tendencia.

A esto se suma la exposición a shocks externos como los términos de intercambio desfavorables (por ejemplo, un nuevo descenso en los precios de los commodities) o a flujos financieros volátiles, como los de inversores no residentes que participaron en la última subasta.

“Nuestra moneda suele ser estable durante varios meses, pero está expuesta a factores externos que generan shocks temporales. En esos casos, el Banco Central actúa para suavizar los impactos, como ya ocurrió anteriormente”, concluyó Melgarejo.

El presidente del Congreso Nacio­nal, el senador Basi­lio Núñez, manifestó que el próximo lunes 28 de julio mantendrán un encuen­tro con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centu­rión, con el fin de agilizar en el Legislativo el proyecto que plantea la reforma del trans­porte público impulsado por el gobierno del presidente Santiago Peña.

“Le vamos a dar la mayor importancia y celeridad. La ministra de Obras Públicas está invitada a la reunión de líderes y vicelíderes de bancadas prevista para este lunes a las 9:00 antes del desarrollo de la mesa direc­tiva”, comentó el legislador a los medios de comunicación. Núñez estima que el trata­miento de la propuesta en el Congreso Nacional abarcaría un periodo de 30 días.

Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las reformas automáticas, es decir las empresas que quieran ope­rar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.

Asimismo, promueve la com­petencia para elegir a opera­dores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraestructura.

A tal efecto se exigirá una flota moderna, segura y accesible, se controlarán las frecuen­cias para que la ciudadanía no tenga que esperar mucho tiempo en las paradas. Otro de los puntos que contempla la propuesta es la creación de un fideicomiso que adminis­trará los fondos del sistema, incluyendo los subsidios con transparencia y trazabili­dad. Asimismo, se gestionará un sistema tecnológico en tiempo real para el control de la calidad del servicio en favor de los pasajeros.

La reforma establece tarifas justas y con beneficios, en ese contexto se busca proteger el bolsillo del usuario con pasajes acce­sibles; habrá beneficios para estudiantes, adultos mayo­res y personas con discapaci­dad.

Se promoverá una tarifa integrada, es decir el pasajero podrá tomar distintos buses, pagando un solo pasaje, en el lapso de un tiempo determi­nado. Así también, contem­pla la creación de sistemas digitales para saber dónde se encuentran los buses, cuánto van a demorar y cómo llegar más rápido.

El diputado Rubén Rubín mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, para oficializar su proyecto de modificación del Código Penal: “Prisión permanente revisable” aumentando la pena de cárcel hasta 90 años por hechos de homicidio y otros delitos graves. El titular del Legislativo resaltó que existe la voluntad política en ambas cámaras para buscar una solución al problema.

Núñez felicitó al legislador por la iniciativa y aseguró que tanto en Diputados como en Senado existe la voluntad política de analizar estos temas que preocupan a la ciudadanía e indicó que, si este tipo de asuntos no se abordan, también la clase política sería cómplice de estos hechos delictivos.

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“Agradezco la visita del diputado Rubín y desde ya agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal, atendiendo los hechos graves sucedidos recientemente. Le decía que nosotros también somos culpables de omisión, o por omisión, si es que no hacemos nada”, expresó.

Sostuvo que esperamos que se entienda bien, que el violador y que mate a una niña indefensa, “no puede quedar libre en tan solo 3 o 4 años. No más víctimas fatales, por eso tenemos que darle un punto final. Tenemos que trabajar la propuesta, contamos con cientos de asesores que nos pueden ayudar a mejorar la propuesta. Pero la voluntad política está tanto en Diputados como en Senado”, precisó.

El proyectista Rubén Rubín indicó que coincide plenamente con el senador Núñez en que la clase política es cómplice si no se hace nada para cambiar la situación actual.

“Sería una irresponsabilidad que un representante del pueblo, que tiene las atribuciones de modificar las leyes, no lo haga nada cuando Paraguay pide a gritos que se agregue la cadena perpetua al Código Penal”, explicó.

Señaló que la propuesta comienza planteando una modificación al artículo 38 del Código Penal, sobre la duración de las penas privativas de libertad, elevando la pena máxima a 90 años.

Además, indicó que en los casos de pena privativa de libertad, de 50 años en adelante, podría ser revisable. Por ello, se establece el término de Prisión Permanente Revisable.

Lo que se busca es que Paraguay se adecue a la coyuntura regional, explicó el diputado, añadiendo que ya se comenzó a adoptar este sistema. No obstante, por la Constitución Nacional no se puede contemplar la cadena perpetua como tal, por ello recurren a la figura de Prisión Permanente Revisable.

“Nosotros no vulneramos la posibilidad de reinserción del condenado. Esto ya lo hizo Argentina, Chile, Colombia; ahora justamente lo está debatiendo también Ecuador. Es decir, nosotros no vamos a innovar legislativamente hablando, por el contrario, estamos llegando tarde”, acotó.

Mencionó que por ahora, la propuesta de Prisión Permanente Reversible es para infractores mayores de edad; y la revisión será posible una vez que se cumpla los dos tercios de la condena, dependiendo de cuántos años se haya aplicado. Pero en el caso de delitos graves, sería entre 50 a 90 años como máximo.

Igualmente, indicó que el proyecto contempla la acumulación de condena en el caso de que exista más de una víctima o varios delitos, se irá sumando la pena por cada una de ellas. Esta propuesta de elevar las penas son para delitos graves como homicidios y violaciones.

Asimismo, explicó que existen ciertas excepciones, como el caso de un accidente de tránsito con derivación fatal, siempre y cuando no esté alcoholizado, garantizando el derecho a la defensa personal.

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El presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), ingeniero José Luis Heisecke, precisó que la deuda del sector público (generada por la exadministración) es de USD 100 millones, pero que la deuda total con intereses incluidos asciende a USD 150 millones.

Esta suma condice con el informe de Indicadores Financieros del Banco Central del Paraguay (BCP) que precisa que la construcción y el consumo son los sectores que lideran los índices de morosidad en el sistema financiero con el 4 % y 5,12 %, respectivamente.

Vale recordar que el gobierno de Santiago Peña saldó una deuda heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez de USD 350 millones con las empresas constructoras. Ese atraso produjo una deuda de USD 100 millones en concepto de intereses.

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Desde Capaco explican que durante la pandemia este rubro fue fundamental para que la economía no parara demasiado y que se siguiera trabajando. A ello, suman que invirtieron un capital propio que quitaron del sector financiero para poder concluir con muchas obras, y que tales obras hoy están generando riqueza, uniendo ciudades, ríos y puentes, haciendo crecer el producto interno bruto (PIB).

Respecto a cuál sería el trato que mantienen con las autoridades, el titular de Capaco explicó que hablan constantemente con el gobierno sobre esta deuda y que existe una posibilidad de que estos intereses sean saldados antes de que termine el 2025.

Acerca de cuáles obras son las que están certificadas y asumidas con compromiso de pago, el expresidente de Capaco, Guillermo Más Duarte, dijo a GEN/Nación Media, meses atrás, que el sector asumió un compromiso de continuar con las obras y que ellas pudieron concluirse con capital del sector financiero. “Eso es lo que nosotros asumimos y es lo que está en los contratos. De hecho, todo esto está en la ley 2.051 (Contrataciones Públicas)”, dijo.

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