El jefe de Estado, Santiago Peña, reveló que el exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, condicionó la unidad colorada a que desista de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones generales del 2023, pretendiendo que se limite a pugnar por un cargo distrital.

“El planteamiento dentro de la operación Cicatriz y luego Concordia era en capital, que yo sea candidato a intendente en Asunción, ese fue el planteamiento formal y concreto por parte del expresidente Mario Abdo, a lo cual yo me negué”, refirió el mandatario a la 780 AM.

Detalló que, finalizadas las elecciones municipales del 2021, nuevamente surgió la propuesta por parte del abdismo de construir una candidatura de consenso bajo la operación de la Concordia colorada, lanzada entre 2019 y 2020 que consistió en el aglutinamiento de los principales movimientos internos de la centenaria agrupación.

“Hubo nuevamente un planteamiento, un intento, nunca fue tan formal de tratar de construir una candidatura en común dentro de la figura de la Concordia, pero había una sola condición: cualquier candidato, menos Santiago Peña. La negociación la llevaba a cabo José Alberto Alderete”, refirió.

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Peña señaló que el intento de Abdo Benítez para sacarlo de la carrera presidencial tuvo como objetivo las pretensiones electoralistas de su entonces vicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez. “En ese entonces, Velázquez ya había lanzado, previo a las elecciones municipales, su candidatura y bajo ninguna circunstancia estaba en condiciones en ese momento de bajar su candidatura”, comentó.

Agregó que la unidad partidaria, de acuerdo al condicionamiento de Abdo Benítez, solo se podría dar “sobre la base de una candidatura de Hugo Velázquez para la presidencia y Pedro Alliana para la vicepresidencia de la República. En un momento de idas y venidas de algunos rumores, Alliana salió y dijo que él bajo ninguna circunstancia sería candidato a vicepresidente si no es por una chapa de Honor Colorado”.

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El tribunal de sentencia que juzga a Giuzzio está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete.

A las 8:00 de este martes conti­nuará el juicio oral para el exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio, acu­sado por presunto cohecho pasivo agravado tras recibir supuestos favores del pre­sunto narcotraficante Mar­cus Vinícius. La audiencia oral seguirá con la declara­ción de Adolfo D’Ecclesiis, funcionario de la empresa Ombú SA (propiedad del pre­sunto narco brasileño Mar­cus Vinícius Espíndola), y otros testigos.

Con la declaración de D’Ec­clesiis se ingresa a una etapa crucial y clave para el pre­sente caso, donde ya declara­ron varios testigos que com­plicaron la situación procesal del acusado Giuzzio.

Días atrás declaró Gilberto Enciso, gerente de Ombú SA, quien fue tajante al mencio­nar que Marcus Vinícius y el entonces ministro del Inte­rior conversaron en varias oportunidades sobre licita­ciones para el Estado. Sos­tuvo que la empresa Ombú pretendía ser proveedora de chalecos antibalas y encar­garse de la reparación de vehículos blindados.

Añadió que “Marcus Vinícius era quien tenía el contacto en el Ministerio del Interior, y sus enlaces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”. Del mismo modo, el testigo aseguró que Giuzzio utilizó una camioneta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directa­mente por su dueño. Ade­más, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré simbólico de 700 dólares que nunca se cobró”.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que tanto los testigos como las prue­bas documentales están probando su tesis acusatoria contra el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El análisis de las vainillas recuperadas permitió identificar que una de las armas utilizadas ya había sido empleada hace un año en un ataque ocurrido en Ybyrarobana’i.

Las autoridades que integran el Consejo de Defensa Nacional (Codena) confirman que el grupo delincuencial auto­denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) actuó en alianza con el cri­men organizado para per­petrar el ataque a la comisa­ría de Naranjito, causando la muerte de dos policías y un civil.

Cíbar Benítez, ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional, afirmó en conferencia de prensa desde Mburuvicha Roga que las evidencias balísticas halladas en el sitio del aten­tado apuntan a una posi­ble alianza entre estos dos grupos criminales. Explicó que el análisis de las vaini­llas recuperadas permitió identificar que una de las armas utilizadas ya había sido empleada hace un año en un ataque ocurrido en Ybyrarobana’i, antecedente que vincula ese armamento con el EPP.

“Podemos concluir que real­mente hay indicios ciertos de que ha sido gente del EPP, por identificar a través de las vainillas utilizadas en ese asesinato pudimos ver que pertenecen a un arma que es la misma que fue usada hace un año en otro puesto poli­cial Ybyrarobana’i”, señaló.

Otra evidencia es la vaini­lla encontrada de otra arma que no es del EPP y que fue usada en un hecho violento registrado en el año 2020 “y pertenece a gente que está ligada a violentos no preci­samente del EPP”.

“O sea que tenemos dos indi­cios de que por un lado son el EPP y por otro lado también la violencia organizada que existe en la zona”, subrayó.

El almirante Benítez ase­guró que el hecho no que­dará impune, al mencionar que todas las instituciones de seguridad están traba­jando intensamente para “tratar de volver a pacificar el lugar y perseguir hasta las últimas consecuencias a los actores de este crimen y ataque a nuestro Estado”. A su vez el ministro del Interior, Enrique Riera, informó que se encontra­ron vainillas de 10 armas diferentes.

“Es una alerta de que ese grupo (EPP) sigue vigente, confinado en un departamento, según informes que recibí extraoficialmente”, expresó el titular del Congreso Nacional.

Núñez señaló que el gobierno impulsó diversas acciones para reforzar la seguridad de los productores del departamento de Canindeyú, donde, según indicó, se encuentra confinado el EPP. “Hay que valorar el trabajo que están realizando las instituciones”, enfatizó.

Igualmente, recordó que, mediante un trabajo conjunto entre la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República, fue presentado y aprobado el presupuesto destinado a la construcción de comisarías.

El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que todo el peso de la ley recaerá sobre los autores del atentado a la comisa­ría que cobró la vida de dos policías y un civil.

Peña comunicó a través de sus redes sociales que se reunió con el ministro del Interior, Enrique Riera, para recabar información sobre los operativos desplegados en la zona del ataque criminal.

“Recibí al ministro del Interior, Enrique Riera, quien me informó sobre cómo continúan los operati­vos desplegados de manera inmediata tras el cobarde ataque en la comisaría de Naranjito”, señaló el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en X.

La autopsia determinó que las heridas recibidas guardan las características de una ejecución directa.

El Dr. Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, dio un informe des­garrador al término de los estudios realizados a los cuerpos de los dos policías fallecidos durante el ata­que terrorista en Naranjito, departamento de Canindeyú, señalando que los mismos fueron ejecutados encontrán­dose en una situación de vul­nerabilidad y sometimiento.

“Uno de los policías fue eje­cutado con un disparo en la boca, mientras que el otro policía también fue ejecutado, tras recibir dos disparos, uno de ellos en la cabeza”. Poste­riormente, fueron quedamos.

El primer cuerpo evaluado fue el del suboficial Herminio Ojeda González (33). “El arma metida en la boca es un dis­paro de ejecución. Indepen­dientemente de eso, también tenía una herida de disparo de atrás para adelante en el tórax, con tres orificios, posi­blemente esquirlas”, dijo a los medios de comunicación.

El segundo cuerpo, del subo­ficial Atilio Martínez Barrios (40), también presenta dos heridas por proyectiles de armas de fuego, una de ellas en la axila, que provocó la lesión de grandes bazos, con una hemo­rragia masiva que le causó la muerte. Posterior a ese disparo, recibió como un tiro de gracia en la cabeza, de izquierda a derecha, a una corta distancia.

Detalló que ambos cuerpos presentaban quemaduras importantes de segundo y ter­cer grado en la región frontal, mientras que las vestimentas estaban quemadas y adheri­das al cuerpo.

Hoy realizarán la autopsia de Josemar Escobar Piris (37), civil que hacía de secretario de los agentes policiales de la colonia Naranjito.

El Dr. Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, dio un informe desgarrador al término de los estudios realizados a los cuerpos de los dos policías fallecidos durante el ataque terrorista en Naranjito, departamento de Canindeyú, señalando que los mismos fueron ejecutados encontrándose en una situación de vulnerabilidad y sometimiento.

La autopsia determinó que las heridas recibidas guardan las características de una ejecución directa.

“Uno de los policías fue ejecutado con un disparo en la boca, mientras que el otro policía también fue ejecutado, tras recibir dos disparos, uno de ellos en la cabeza”. Posteriormente, fueron quedamos.

El primer cuerpo evaluado fue el del suboficial Herminio Ojeda González (33). “El arma metida en la boca es un disparo de ejecución. Independientemente de eso, también tenía una herida de disparo de atrás para adelante en el tórax, con tres orificios, posiblemente esquirlas”, dijo a los medios de comunicación.

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El segundo cuerpo, del suboficial Atilio Martínez Barrios (40), también presenta dos heridas por proyectiles de armas de fuego, una de ellas en la axila, que provocó la lesión de grandes bazos, con una hemorragia masiva que le causó la muerte. Posterior a ese disparo, recibió como un tiro de gracia en la cabeza, de izquierda a derecha, a una corta distancia.

Detalló que ambos cuerpos presentaban quemaduras importantes de segundo y tercer grado en la región frontal, mientras que las vestimentas estaban quemadas y adheridas al cuerpo.

Mañana jueves, la autopsia le corresponderá a Josemar Escobar Piris (37), civil que hacía de secretario de los agentes policiales de la colonia Naranjito.

El ataque terrorista ocurrió el martes alrededor de las 23:30 en la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú, por parte de una banda criminal integrada por unas 30 personas. Fallecieron en el lugar dos agentes policiales, y una persona de civil. La cuarta persona que escapó de las balas y logró salvar su vida es el suboficial Édgar Adalberto Núñez Vázquez (35). El otro que simuló su muerte, quedó herido y fue identificado como Víctor Raúl Gavilán.

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