Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tuvo un papel clave en la intermediación y las negociaciones en el proyecto de reforma de a Caja Fiscal, tanto con los gremios docentes, como con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con los legisladores.

El vicepresidente señaló que su objetivo, desde el inicio del tratamiento del proyecto, es llegar a un sistema que pueda ser efectivo y beneficioso para los afectados, y sobre todo, que sea lo menos traumático posible.

“Desde el principio lo que hice fue intermediar, jamás para perjudicarle a nadie, cuando fui a la Cámara de Diputados y se aprobó la media sanción, yo le llamé al ministro Carlos Fernández Valdovinos (de Economía) y le dije que hagamos lo menos traumático posible, vamos a hacer lo más accesible posible. En el Senado también fui e intermedié para que se pueda postergar para un mejor diálogo”, sostuvo en entrevista para La Nación/Nación Media.

Al respecto, el segundo del Ejecutivo adelantó que se encuentran ultimando los detalles para llegar a un acuerdo, principalmente con los gremios docentes, sector que más se resiste con las modificaciones. También señaló que se estaría convocando una nueva reunión con todos los gremios con el objetivo ya de cerrar un acuerdo.

“Mucho ya hemos avanzado, a favor del pedido de los docentes especialmente, muchas aclaraciones también ya se hicieron con los sectores de la Corte, de la Policía, los militares. Lo que falta es ultimar los detalles y creo que el lunes o martes ya estaríamos cerrando eso, yo voy a hablar con el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Presupuesto, y vamos a convocar ya el lunes”, aseveró el vicepresidente.

Con relación al aplazamiento sine die del tratamiento de este proyecto de reforma el pasado miércoles, garantizó que no se pretende la sanción ficta con la versión aprobada por la Cámara de Diputados. “Lo que se hizo en el Senado fue porque los mismos sectores estaban temerosos que tengan sanción ficta, eso no va a pasar, si tiene sanción ficta se aprueba lo de Diputados, entonces lo que se hizo al postergar sine die es que podamos nosotros, cuando tengamos el acuerdo, establecer una fecha. Ojalá podamos llegar en marzo, pero estamos ultimando los detalles”, aclaró.

Mientras tanto, sobre la reunión que mantuvo el pasado viernes con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, con quien abordó sobre la edad mínima para la jubilación, extraordinaria y ordinaria, y el porcentaje de la jubilación, como también los años de aporte. “En eso estamos ajustando, es un número menos, un número más, pero ultimando los detalles, especialmente lo que hablamos con el sector docente, tratando de que sea lo más accesible posible”, sentenció.

La semana pasada, los gremios docentes plantearon una alternativa para la reforma de la caja fiscal basada en los años de servicio y no en la edad de jubilación. Según sus referentes, la propuesta plantea una escala progresiva de retorno: con 25 años de aporte, el docente podría acceder al 80 % del haber; con 30 años de servicio, al 90 %; y con 35 años, al 100 % del beneficio jubilatorio.

Asimismo, hablan de un aporte del Estado progresivo que sería del 14 %, aunque su aplicación sería anual: 7 % en 2027, 7 % en 2028 y desde el 2029 sería el 14 %. La iniciativa busca reconocer la trayectoria laboral dentro del sistema educativo y brindar incentivos para prolongar la permanencia en el servicio.

Los representantes del sector remarcaron que su planteamiento no fija una edad mínima para el retiro, sino que prioriza el tiempo de trabajo efectivo y los aportes realizados a lo largo de la carrera docente.

El Senado de Brasil ratificó este miércoles el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras el reciente visto bueno de la Cámara Baja al pacto que creará el mayor mercado común del mundo.

Con esto, solo resta la aprobación del parlamento paraguayo para que sea ratificado por todos los países fundadores del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).

La Unión Europea anunció el pasado viernes que aplicará provisionalmente el tratado, a la espera de un fallo del máximo tribunal europeo sobre su legalidad.

Negociado durante 25 años y firmado en enero, el acuerdo está a punto de crear un mercado común de unos 700 millones de habitantes.

Sin embargo, genera resistencia entre agricultores y ganaderos europeos, en especial en Francia.

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Brasil, el mayor productor mundial de café, carne y soja, entre otros alimentos, fue uno de los mayores promotores del acuerdo.

El Senado lo ratificó este miércoles por “unanimidad”, anunció su presidente Davi Alcolumbre. La Cámara Baja ya había dado su visto bueno la semana pasada.

Los congresos de Argentina y Uruguay ya ratificaron con amplias mayorías el acuerdo. Y en el legislativo paraguayo su aprobación es inminente.

El tratado entrará en vigor dos meses después de que la Unión Europea notifique formalmente a los países del Mercosur su decisión de aplicar el tratado provisionalmente.

El pacto eliminará gradualmente aranceles a más del 90 % del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur.

Los dos bloques reúnen el 30 % del Producto Interno Bruto mundial.

El pacto es defendido en Sudamérica y Europa como una herramienta para contrarrestar la agresiva política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

“El mundo actual es más fragmentado, más escéptico y más proteccionista. Eso hace que el acuerdo con nuestros socios europeos sea aún más vigente y aún más necesario”, afirmó durante el debate en el parlamento brasileño la senadora Tereza Cristina.

Del lado europeo España y Alemania son favorables al pacto, que beneficiará las exportaciones de maquinaria y licores hacia el bloque Mercosur.

Pero los agricultores afirman verse amenazados por la llegada de productos más baratos debido a las regulaciones más laxas para la producción en los países del Mercosur.

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Fuente: AFP

En el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, destacó la relevancia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como una herramienta clave para impulsar la industria nacional.

Enfatizó el hecho de que el acuerdo involucra a bloques que representan aproximadamente el 25 % del producto interno bruto (PIB) mundial, lo que posiciona a Paraguay ante una oportunidad de acceso a uno de los mercados más significativos a nivel global.

Acceder a este acuerdo también posibilita a Paraguay diversificar sus exportaciones y fortalecer su posición en el comercio internacional. Igualmente, abre oportunidades concretas para sectores como azúcar, carne, biocombustibles, tecnología, industria farmacéutica, autopartes, instrumentos médicos y cables.

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Riquelme precisó que, en el caso de Paraguay, el acuerdo contempla cupos específicos diferenciados, entre ellos 10.000 toneladas de azúcar orgánica, 50.000 toneladas de biocombustibles y 1.500 toneladas adicionales de carne cocida.

Además, destacó que el país cuenta con herramientas legales recientemente aprobadas, como la Ley de ensamblaje de productos tecnológicos y la actualización del régimen de maquila, que incorpora la maquila de servicios, hecho que permitirá aprovechar el acceso al mercado europeo no solo para bienes industriales, sino también para la exportación de servicios.

Finalmente, las comisiones mencionadas anteriormente dictaminaron por unanimidad a favor de la aprobación del tratado. Ahora, este documento clave será estudiado en la sesión que se desarrollará hoy miércoles, de manera que todos los estamentos estatales puedan contar con su momento de análisis.

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