El ex fiscal general del Estado y abogado Óscar Germán Latorre manifestó que el sector del Frente Guasu (FG) pretende impulsar el estallido social mediante la instigación a la invasión de tierras argumentando que sus referentes pretenden establecer la misma “campaña y negocio fallido” gestado en el gobierno de Fernando Lugo, refiriéndose a la causa Marina Cué, que derivó en el enfrentamiento entre campesinos y policías que arrojó varias muertes el 15 de junio del 2012.

“Estoy totalmente de acuerdo con el veto del Poder Ejecutivo a ese proyecto de ley. Acá evidentemente lo que hace el Frente Guasu es seguir tratando de implementar la llamada lucha de clases. Esa propiedad en realidad es una reserva, tiene una significación muy importante para ellos porque en ese lugar se produjo el enfrentamiento entre policías y los invasores de la tierra que lamentablemente concluyeron con una sentencia que hoy está anulada y que lamentablemente echó por tierra algo que era inevitable”, indicó.

Las declaraciones de Latorre surgieron ante el comunicado emitido por el FG sosteniendo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tras vetar el proyecto de expropiación de las tierras de Marina Cué, actual reserva Yberá, “mantuvo una posición servil y genuflexa ante pequeños pero poderosos grupos económicos, llamados gremios de producción que en una clara muestra de fundamentalismo y desconexión de la realidad social prefieren ver arder este país antes de buscar salidas y soluciones sensatas”.

Latorre fue contundente en sostener que dicho sector político pretende impulsar un estallido social en el país mediante la ocupación ilegal de tierras que son estrategias utilizadas por los mismos. “Lo que ocurre es que el Frente Guasu tiene una ideología marxista y coherente con esa ideología recurre a estas estrategias, pero quiero preguntar qué hicieron durante el gobierno de Fernando Lugo, porque lo que quieren es hacer la misma campaña, producir el estallido social e instigar las invasiones de tierras. El responsable fue aquel gobierno, ya que los campesinos ingresaron a instancias y con promesas de referentes de ese gobierno y les salió mal el negocio”, mencionó el ex fiscal general del Estado.

REIVINDICACIÓN POLÍTICA

Por otra parte, mencionó que la postura del Frente Guasu sobre la insistencia de rechazar el veto es más bien una reivindicación política que busca concretar lejos de responder a las necesidades de los campesinos.

“Esas personas no tenían derecho a estar e ingresar a esas tierras, no tenían derecho a estar armados y en tercer lugar creo que fueron ellos quienes comenzaron el tiroteo y asesinaron a sangre fría a esos oficiales de la Policía. Eso iba a ser el principio de una verdadera crisis social, un levantamiento campesino que era el sueño del gobierno en aquel entonces. Esto más que una intención de dar respuestas a las necesidades de campesinos en realidad es una reivindicación política del Frente Guasu. El Gobierno hizo lo correcto porque no tendría ningún sentido sacrificar una reserva natural para entregar esa importante superficie, que en realidad es un patrimonio de todos nosotros, a campesinos que van a deforestar y luego terminarán vendiendo esas tierras como ocurrió sistemáticamente”, dijo.

Latorre señaló que el veto se centra en defender los intereses nacionales y que según su punto de vista no tiene nada que ver con las intenciones de empresarios. Organizaciones del sector ambiental y de la producción se manifestaron en contra de la expropiación debido a que su promulgación atentaría contra el medio ambiente y motivaría la invasión de tierras.

“Ese tipo de mensajes no pueden hacer correr a nuestras autoridades, de hacer lo correcto y no tiene nada que ver con ningún interés de empresarios, sojeros y nada por el estilo. Esto es un interés nacional y si el Frente Guasu continúa instigando las invasiones de tierras, defendiendo y hasta propiciando con proyectos de esa naturaleza, lo que correspondería es que los legisladores que fueron sorprendidos analicen con más detenimiento ese tipo de proyectos y dejen de cometer errores garrafales”, expresó.

En ese sentido, el ex titular del Ministerio Público dijo que se necesita un “Congreso serio y no populista”, ya que se cometió una “verdadera barrabasada” desde el Legislativo con la sanción del proyecto, que según las propias declaraciones de algunos legisladores no fue analizado en profundidad. “Acá las cámaras deben reflexionar con esto y admitan el veto para que esto definitivamente sea corregido”, puntualizó en comunicación con el diario La Nación.

Por su parte, el abogado Ezequiel Santagada realizó una serie de consultas al senador Sixto Pereira, uno de los principales referentes del Frente Guasu, tras difundir el comunicado de su sector político en Twitter. “Senador, ¿debemos entender que va a “arder este país” si no se rechaza el veto al proyecto de ley que desafectaría como área protegida a Marina Cué? ¿Por qué se empecina justo con una propiedad con bosques nativos? ¿Por eso mismo?”, tuiteó.

Desde el Frente Guasu indicaron que mañana vence el periodo para la reglamentación de la Ley 6.628 de arancel cero promulgada el pasado año por el Poder Ejecutivo. Ante el hecho afirman que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mantiene una actitud “negligente e irresponsable”, razón por la cual nuevamente estaría incurriendo en un mal desempeño de sus funciones.

“Este domingo 17 de enero vence el plazo de 90 días para que el Ejecutivo reglamente la Ley 6.628 de arancel cero para la educación universitaria. De nuevo, en una actitud totalmente negligente e irresponsable, hasta ayer el gobierno de Mario Abdo Benítez seguía sin reglamentar esta ley que fue aprobada por el Congreso Nacional, promulgada el pasado 19 de enero, ya tiene los recursos asignados en la ley de Presupuesto General de la Nación y se encuentra promulgada”, refiere el comunicado.

La normativa establece que los costos de la educación universitaria deben ser financiados por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

“Al no cumplir lo que dicta una ley en vigencia, el presidente Abdo Benítez nuevamente se encuentra incurriendo en otro caso más de mal desempeño de sus funciones. Esta ley que defiende el principio e implica un paso adelante para garantizar el derecho de una educación pública universal, gratuita y de calidad, es una reivindicación histórica de los movimientos estudiantiles en nuestro país y fue aprobada luego de meses de lucha y movilización de los mismos”, sostienen.

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Exigieron además al mandatario que deje de poner en vilo el funcionamiento de las universidades públicas en nuestro país.

“Al ser una ley aprobada y promulgada, ninguna universidad pública puede cobrar aranceles a los alumnos provenientes de instituciones públicas. Sin embargo, al no hacerse oficial la reglamentación, el Poder Ejecutivo está poniendo en riesgo el buen funcionamiento de las universidades públicas, y exponiendo el desempeño y la calidad educativa de las mismas con todo el efecto que esto genera sobre los docentes y estudiantes”, refieren.

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El ex fiscal general del Estado y abogado Óscar Germán Latorre manifestó que el sector del Frente Guasu (FG) pretende impulsar el estallido social mediante la instigación a la invasión de tierras argumentando que sus referentes pretenden establecer la misma “campaña y negocio fallido” gestado en el gobierno de Fernando Lugo, refiriéndose a la causa Marina Cué, que derivó en el enfrentamiento entre campesinos y policías que arrojó varias muertes el 15 de junio de 2012.

“Estoy totalmente de acuerdo con el veto del Poder Ejecutivo a ese proyecto de ley. Acá evidentemente lo que hace el Frente Guasu es seguir tratando de implementar la llamada lucha de clases. Esa propiedad en realidad es una reserva, tiene una significación muy importante para ellos porque en ese lugar se produjo el enfrentamiento entre policías y los invasores de la tierra que lamentablemente concluyeron con una sentencia que hoy está anulada y que lamentablemente echó por tierra algo que era inevitable”, indicó.

Las declaraciones de Latorre surgieron ante el comunicado emitido por el FG sosteniendo que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tras vetar el proyecto de expropiación de las tierras de Marina Cué, actual reserva Yberá, “mantuvo una posición servil y genuflexa ante pequeños pero poderosos grupos económicos, llamados gremios de producción que en una clara muestra de fundamentalismo y desconexión de la realidad social prefieren ver arder este país antes de buscar salidas y soluciones sensatas”.

Latorre fue contundente en sostener que dicho sector político pretende impulsar un estallido social en el país mediante la ocupación ilegal de tierras que son estrategias utilizadas por los mismos.

“Lo que ocurre es que el Frente Guasu tiene una ideología marxista y coherente con esa ideología recurre a estas estrategias, pero quiero preguntar qué hicieron durante el gobierno de Fernando Lugo, porque lo que quieren es hacer la misma campaña, producir el estallido social e instigar las invasiones de tierras. El responsable fue aquel gobierno, ya que los campesinos ingresaron a instancias y con promesas de referentes de ese gobierno y les salió mal el negocio”, mencionó el ex fiscal general del Estado.

Por otra parte, mencionó que la postura del Frente Guasu sobre la insistencia de rechazar el veto es más bien una reivindicación política que buscan concretar lejos de responder a las necesidades de los campesinos.

“Esas personas no tenían derecho a estar e ingresar a esas tierras, no tenían derecho a estar armados y en tercer lugar creo que fueron ellos quienes comenzaron el tiroteo y asesinaron a sangre fría a esos oficiales de la policía. Eso iba a ser el principio de una verdadera crisis social, un levantamiento campesino que era el sueño del gobierno en aquel entonces. Esto más que una intención de dar respuestas a las necesidades de campesinos en realidad es una reivindicación política del Frente Guasu. El gobierno hizo lo correcto porque no tendría ningún sentido sacrificar una reserva natural para entregar esa importante superficie, que en realidad es un patrimonio de todos nosotros, a campesinos que van a deforestar y luego terminarán vendiendo esas tierras como ocurrió sistemáticamente”, dijo.

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Latorre señaló que el veto se centra en defender los intereses nacionales y que según su punto de vista no tiene nada que ver con las intenciones de empresarios. Organizaciones del sector ambiental y de la producción se manifestaron en contra de la expropiación debido a que su promulgación atentaría contra el medio ambiente y motivaría la invasión de tierras.

“Ese tipo de mensajes no pueden hacer correr a nuestras autoridades, de hacer lo correcto y no tiene nada que ver con ningún interés de empresarios, sojeros y nada por el estilo. Esto es un interés nacional y si el Frente Guasu continúa instigando las invasiones de tierras, defendiendo y hasta propiciando con proyectos de esa naturaleza, lo que correspondería es que los legisladores que fueron sorprendidos analicen con más detenimiento ese tipo de proyectos y dejen de cometer errores garrafales”, expresó.

En ese sentido, el extitular del Ministerio Público dijo que se necesita un “Congreso serio y no populista”, ya que se cometió una “verdadera barrabasada” desde el Legislativo con la sanción del proyecto, que según las propias declaraciones de algunos legisladores no fue analizado en profundidad. “Acá las cámaras deben reflexionar con esto y admitan el veto para que esto definitivamente sea corregido”, puntualizó en comunicación con el diario La Nación.

Por su parte, el abogado Ezequiel Santagada realizó una serie de consultas al senador Sixto Pereira, uno de los principales referentes del Frente Guasu, tras difundir el comunicado de su sector político en Twitter. “Senador, ¿debemos entender que va a “arder este país” si no se rechaza el veto al proyecto de ley que desafectaría como área protegida a Marina Cué? ¿Por qué se empecina justo con una propiedad con bosques nativos? ¿Por eso mismo?”, tuiteó.

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