La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y su equipo técnico, realizaron un recorrido por la zona de Mayor Otaño, departamento de Itapúa, donde recientemente concluyeron las obras de pavimentación de accesos a los puertos del Corredor de Exportación.

Durante la visita, la ministra destacó la importancia estratégica de esta infraestructura para el desarrollo logístico del país y su impacto directo en más de 37.000 habitantes de la región. Se trata de una obra clave ya que facilita el traslado de la producción agrícola hacia los centros portuarios, optimizando el comercio y reduciendo significativamente los tiempos de viaje, lo que se traduce en una mayor competitividad de los productos.

La intervención abarcó una extensión total de 17 km, distribuidos en dos segmentos: el tramo A, de 12 km, que conecta el camino entre Frutika y Carlos Antonio López con el Puerto Dos Fronteras; y el tramo B, de 4,986 km, que une la rotonda principal de Carlos Antonio López con el municipio de Mayor Otaño. En ambos tramos se ejecutaron trabajos de movimiento de suelos, construcción de obras de arte, sistemas de drenaje, iluminación en intersecciones y otras tareas complementarias.

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Además de mejorar la conectividad, la construcción de esta vía generó empleo directo para unas 120 personas, contribuyendo así al desarrollo económico de la región. Esta zona, de marcado perfil agrícola, se destaca por la producción de soja, maíz, trigo, yerba mate y cítricos, productos que ahora podrán ser transportados en mejores condiciones hacia los mercados nacionales e internacionales.

Durante la visita de verificación, la ministra de Obras destacó que el proyecto fue ejecutado durante los últimos dos años y anunció que en mayo se presentará la segunda fase, que contempla el trazado vial desde Misiones hasta Pilar, paralelo al río Paraná.

“Seguimos construyendo, seguimos avanzando por etapas, con la idea de que Paraguay pueda ir completando y tejiendo su red vial y, sobre todo, posicionándose a nivel logístico, que es la visión que tiene el presidente Santiago Peña”, afirmó Claudia Centurión.

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El autoconsumo energético hoy es una realidad, afirmó el viceministro de Minas y Energías del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Mauricio Bejarano. Como ejemplo de esto, mencionó que en varias colonias menonitas hoy cuentan con hasta 14 megavatios instalados en sistemas fotovoltaicos.

“Existen también alcoholeros que tienen una capacidad de producción de energía cuatro veces mayor a su consumo. Por eso, en cuanto tengan la posibilidad legal y técnica, podrán vender el excedente en los horarios de alta demanda”, manifestó Mauricio Bejarano a Universo 970 AM/Nación Media.

El viceministro expuso que el principal desafío este 2025 son las puntas de consumo, no solo por la energía en sí, sino por la potencia disponible, que no siempre coincide con la potencia instalada total. Precisó que es clave distinguir entre potencia instalada y potencia disponible, ya que no toda la capacidad instalada puede estar operativa al mismo tiempo.

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“Por eso, a veces surgen discrepancias en los análisis. Lo importante es asegurar la generación con todos los medios posibles para no perder nuestra condición de país con excedente energético, lo cual es vital para el desarrollo industrial”, expresó.

Uno de los objetivos principales de este incentivo es abastecer a las residencias, pero también potenciar la industria y generar más empleo. Dijo que están trabajando en un parque solar fotovoltaico dentro del Ministerio de Obras para hacer pruebas y definir un punto de equilibrio, y buscar que más industrias avancen en este rubro.

“Estamos trabajando fuertemente en este tema. Hay industrias, como los frigoríficos, que ya tienen instalaciones solares para autoconsumo y están buscando expandirse para también vender su excedente. Los fines de semana, por ejemplo, cuando no se consume energía, podrían inyectarla a la red, reduciendo así su factura. La clave es que el modelo sea rentable para todos”, indicó. “Además, seguimos promoviendo la cogeneración”, resaltó.

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Paraguay y Azerbaiyán buscan ampliar sus negocios bilaterales con la ampliación de la exportación de nuestra carne y granos, mientras que el país asiático busca invertir en la explotación de petróleo y gas natural. La conversación se dio en el marco de una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el embajador de la República de Azerbaiyán en Paraguay, Ramzi Teymurov.

Durante la reunión, el embajador Teymurov manifestó el interés de su país de que adquirir mayores volúmenes de productos paraguayos como la carne y productos agrícolas y que ven con buenos ojos la posibilidad de invertir en Paraguay en áreas estratégicas como la industria del petróleo y el gas natural.

“Este intercambio podría materializarse tanto a través de iniciativas públicas entre ambos estados como mediante empresas del sector privado. Sin embargo, para establecer volúmenes comerciales significativos, primero es necesario firmar nuevos acuerdos de cooperación conjunta en materia comercial, ya que sin estos instrumentos resulta difícil avanzar en inversiones concretas”, dijo el diplomático.

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Consultado sobre cuándo se materializaría este preacuerdo, concedió que aún no hay una fecha establecida pero que está satisfecho de haber discutido la posibilidad de cooperaciones en un futuro próximo. “Aunque aún no se ha fijado una fecha específica, las intenciones están claramente encaminadas hacia la firma de estos acuerdos que facilitarán el comercio entre nuestras naciones”, dijo.

En marzo de 2024 el embajador se había reunido con el presidente Santiago Peña, luego de presentar sus cartas credenciales, y afirmó el interés de incrementar la complementariedad entre ambos países, que ya llevan 20 años de relacionamiento diplomático. Resaltó en aquella ocasión que su país es importador de carne y existe amplia demanda de la proteína vacuna.

Azerbaiyán, anteriormente parte de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Sovéticas (URSS), es uno de los países exportadores de gas y petróleo más grandes del mundo, con experiencias y cooperación con varios países de Latinoamérica, especialmente con Paraguay que actualmente se plantea la incorporación de gas natural en su matriz energética a través de gasoductos desde Argentina.

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Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.

• Por Lourdes Torres Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, San­tiago Peña, un listado de accio­nes enmarcadas en la Estrate­gia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que sur­gió durante la cumbre de pode­res del 20 de agosto de 2023.

Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media con­versó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrup­ción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discreciona­lidad y promoviendo la inte­gridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se cons­tituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.

-La cumbre de poderes, impul­sada por el presidente San­tiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reu­nió a las máximas autorida­des del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Minis­terio Público.

Este “ecosistema de control”, denominado así en otros paí­ses, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucio­nal. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este pro­blema endémico.

-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recauda­ciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.

Incluye digitalización, inte­ligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integri­dad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abor­dando integralmente: aumen­tando la transparencia, dismi­nuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares interna­cionales.

-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado para­guayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor gene­ral por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un jui­cio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principa­les sujetos de control. Este ele­mento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.

También la autonomía funcio­nal y administrativa; su compe­tencia a nivel nacional y, final­mente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.

En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su compe­tencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detec­tar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros paí­ses e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de orga­nismos, al no contar con la inde­pendencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecu­ción política, desviando su pro­pósito original y erosionando la confianza pública.

-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designa­ción de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regio­nal. Estos avances despertaron el interés de países y organis­mos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.

-Para que las medidas anti­corrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Trans­parencia y Anticorrup­ción (UTA), brazos ejecu­tores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitu­cional para el diálogo y coo­peración en la lucha contra la corrupción.

-Está conformado por el presi­dente de la República, el presi­dente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacio­nal, el fiscal general del Estado y el contralor general de la Repú­blica.

La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacio­nal Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para pre­sentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.

Por ejemplo, la necesidad de actualizar las nor­mas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la par­ticipación de todos los intere­sados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que for­talezca el proceso electoral del país.

Otras acciones como el fortale­cimiento de las sanciones admi­nistrativas ante el incumpli­miento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partida­rias en instituciones públicas y en horario laboral. La transpa­rencia de las agendas de altas autoridades, la protección inte­gral de denunciantes para pre­venir represalias.

-Pocos días después de la pro­mulgación de la ley, la CGR emi­tió una resolución que reestruc­turó su organización y, en el mismo mes, se expidió la regla­mentación de la ley.

Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plata­forma que garantiza la protec­ción de datos del denunciante como mecanismo de salva­guarda contra represalias.

-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digi­tales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resulta­dos. Y, desde el CNA, esta­mos trabajando en actua­lizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.