La crisis sanitaria por el COVID-19 obligó al Poder Legislativo a adoptar un nuevo sistema de trabajo para dar trámite a los proyectos de ley que no podían esperar, más aún por la situación de crisis sanitaria que llevó a la aplicación de medidas que afectaron al sector económico y social.
Para ponerse a la altura de las circunstancias, por primera vez se aplicaron las sesiones virtuales que fueron implementadas el mes de abril, decisión adoptada por el entonces titular del Congreso, el senador Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Un mecanismo similar fue aplicado en la Cámara Baja por el colorado, Pedro Alliana.
El virus SARS-CoV-2 originado en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China. Si bien fue identificado por primera vez en diciembre del 2019, el virus no tardó en llegar a Paraguay y en marzo se confirma el primer caso positivo, lo que motivó la aplicación de medidas extremas para mitigar el contagio.
La situación no permitió a los congresistas detener la marcha y sancionar hasta finales de este año a favor del Gobierno de Mario Abdo Benítez varias propuestas que contemplan nuevas deudas para el país, medidas muy criticadas por varios sectores.
El planteamiento principal para la aprobación de los proyectos de leyes fue la de equipar el sistema de salud y proporcionar a los trabajadores de blanco los insumos y la protección necesarias para combatir el virus. Se convirtió en uno de los mayores desafíos para hacer frente a la crisis sanitaria y la posterior y reactivación de la economía.
Pese a las criticas, luz verde
El parlamento actuó como una “chequera en blanco” para el Ejecutivo, dando luz verde en primer lugar a un total de 1.600 millones de dólares con la Ley de Emergencia Sanitaria. A esto se sumaron otros importantes préstamos como el de 72 millones de dólares, entre otros. Todo esto se dio durante periodo parlamentario antes del inicio del receso parlamentario. No obstante, la decisión contribuyó al alto nivel de endeudamiento, sobrepasando el limite de la Responsabilidad Fiscal, hecho señalado en reiteradas ocasiones por parte de algunos legisladores.
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La situación sumada a las denuncias por supuestos hechos corrupción en el Gobierno y que aún continúan pendientes en la justicia, motivaron a algunos parlamentarios a no guardarse las criticas contra la gestión Abdo Benítez y a solicitar incluso cambios inmediatos dentro de su gabinete.
“Fue un año muy difícil, un año de lucha, de muchas dificultades, pero por lo menos en el Senado en lo que respecta a mi presidencia, ha cumplido cabalmente con todos los compromisos más importantes”, había comentado el presidente del Senado, el colorado Óscar “Cachito” Salomón en la última sesión del estamento.
Situaciones polémicas
La actual situación no impidió que se desarrollen otros temas en la agenda legislativa que coparon las tapas de diarios, y significaron minutos en los canales televisivos y radioemisoras. Entre ellos figuran los estudios de pérdida de investidura de sus miembros.
Si bien algunos tuvieron peor suerte, como ex senadora liberal María Eugenia Bajac, expulsada sin mayores inconvenientes, los colorados Rodolfo Friedmann, Javier Zacarías Irún, y otros menos polémicos como Fidel Zavala, del Partido Patria Querida y Sixto Pereira, del Frente Guasu (FG), quedaron pendientes de tratamiento.
Ambas cámaras legislativas fueron escenario de interpelaciones a ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo, como por ejemplo, el cuestionado Eduardo Petta, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), quien ante las falencias en el sistema educativo, fue requerido e interrogado por los legisladores. Igualmente ocurrió con el ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Luis Villordo, quien a raíz de la lluvia de denuncias por sobrefacturación estuvo sentado en el banquillo. La última que fue convocada para su interpelación fue la ministra de la Niñez y de la Adolescencia, Teresa Martínez, ante la presentación del polémico Plan de la Niñez y la Adolescencia.
Tarea pendiente
Una de las principales tareas iniciadas en el transcurso del 2020, y que quedó pendiente de análisis en el Congreso y por el Ejecutivo es lo relacionado a la reforma estructural del Estado, que de acuerdo a las informaciones preliminares establecía diversos cambios en la función pública, pero cuyo debate perdió fuerza en el transcurso del tiempo por la pandemia.
Con la crisis sanitaria generada a causa de la pandemia del coronavirus quedó más que evidenciado de la necesidad de una reforma estructural y sobre todo, el achicamiento del Estado.