Sobre la movilización de uno de los sindicatos de agentes penitenciarios ante la falta de pago por peligrosidad y ayuda alimenticia, Cecilia Pérez, ministra de Justicia, aclaró que no es una postura general de todos los trabajadores del sector y que el reclamo deben hacerlo al Ministerio de Hacienda.

Sostuvo que la cartera económica es la encargada de informar que para final de mes e inicio de enero se procedería al pago de las bonificaciones porque es esta la responsable de la emisión de pagos, de acuerdo con las recaudaciones.

“Acá lo que no se está pagando todavía y que corresponde al mes de diciembre son los beneficios y el aguinaldo que están supeditados a la recaudación que se tiene en el Tesoro Público”, sostuvo la ministra.

Reiteró que gran parte de los sueldos y aguinaldos ya fue pagado y recordó que el año pasado se abonó entre el 27 y 30 de diciembre del 2019.

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“El esquema de la peligrosidad y alimentos es lo que está pendiente”, sostuvo Pérez. Agregó que la peligrosidad se trata del “30% sobre su salario y se busca de completar entre un millón y el monto alimenticio que se cobra de manera bimestral”.

Consultada sobre la intermediación de la cartera ante el pedido, reiteró que es el Ministerio de Hacienda el responsable de los pagos.

“Hacienda ya está al tanto de toda esta situación y están tratando de darnos prioridad, pero no es ningún secreto la situación en la cual nosotros nos encontramos hoy como Estado, ante la recesión económica y la recaudación, que no es la misma que el año pasado”, aseveró. Sobre la situación salarial, indicó que el equipo económico evalúa la posibilidad de hacer una recategorización de agentes penitenciarios.

Sobre esto, indicó que lo que se tiene previsto es un concurso interno de recategorización para unos 340 cargos, con salarios que van desde G. 3.500.000 hasta G. 6.000.000.

“Estamos esperando que el equipo económico resuelva”, expresó y añadió que finalmente todos los requisitos previos para la recategorización de los agentes penitenciarios ya fueron presentados a la Secretaría de la Función Pública.

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