Secuestros del grupo criminal EPP: Cruz Roja acepta mediar
Compartir en redes
El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó su predisposición para mediar en el caso de los secuestrados por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República Óscar Denis.
A través de una nota, sostienen que son una organización neutral, independiente e imparcial, cuya preocupación es el bienestar de las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia armada.
Comunicado de la Cruz Roja. Foto: Gentileza.
Afirmaron también que la organización y el Estado paraguayo cuentan con un acuerdo de sede desde el 2019. Alegaron que una intermediación en un caso de secuestro hace parte de las actividades que pueden brindar en el ejercicio de su labor humanitaria.
Señalaron que el diálogo del CICR con sus interlocutores es estrictamente confidencial y que, de esta manera, más información sobre reuniones de la institución y el contenido de las mismas no pueden ser compartidas.
Beatriz Denis, hija de Óscar Denis. Foto: Archivo.
Postura del Gobierno
El pedido de mediación fue realizado por las hijas de Óscar Denis, bajo la postura de no contar con resultados concretos sobre el paradero de su padre. Ante la solicitud, desde el Gobierno habían argumentado que es un tema muy sensible y delicado el pedido realizado por la familia.
“Se siguen haciendo esfuerzos y sigue la búsqueda intensa. Es muy sensible y delicado el tema de la Cruz Roja por la implicancia que pueda tener eso, es un escenario difícil”, había dicho el canciller Federico González durante una entrevista con la radio 1.020 AM.
Se cumple una década del secuestro de Félix Urbieta
Compartir en redes
La familia compartió una emotiva carta dedicada al secuestrado Félix Urbieta para conmemorar la dolorosa fecha.
Ayer se cumplió exactamente una década del secuestro del ganadero Félix Urbieta, secuestrado de su hogar por el grupo criminal autodenominado Ejército del Mariscal López, una escisión del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que fuera desarticulada por el Gobierno en 2025.
Para conmemorar la fecha, sus hijas, Liliana y Norma Urbieta, ofrecieron una conferencia de prensa en la que compartieron su dolor y el clamor de la familia mediante una emotiva carta abierta. “A 10 años del secuestro de Félix Urbieta Ramírez, 10 años de ausencia, 10 años de preguntas sin respuestas, 10 años esperando saber dónde estas.
Hoy se cumplen 10 años de aquel 12 de octubre de 2016 cuando nuestras vidas cambiaron para siempre, 10 años desde que nuestro padre Félix Urbieta fue arrancado de su hogar y de nuestra familia dejando un vacío que a pesar del paso del tiempo sigue doliendo como el primer día”, expresa el escrito de la familia. La familia recordó el dolor de sobrevivir este tiempo sin noticias del padre: “Ha pasado una década entera de nuestras vidas, 10 años de cumpleaños sin su presencia, de navidades con su silla vacía, de celebraciones familiares incompletas, de recuerdos que convierten en lágrimas y de preguntas que nadie todavía ha podido responder. El tiempo siguió avanzando para todos, pero una parte de nuestras vidas quedó detenida en aquel día”.
Unifican causas por secuestros de Edelio y Arlan: juicio para acusada comenzará en abril de 2027
Compartir en redes
El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado fijó para abril de 2027 el inicio del juicio oral y público unificado para Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, exintegrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La decisión judicial unifica las causas pendientes contra la procesada, optimizando los tiempos procesales para resolver su situación jurídica en un solo litigio.
Ramírez de Ramos enfrenta severos cargos relacionados con su presunta participación en actividades terroristas, apoyo logístico a la banda criminal y otros hechos punibles tipificados dentro de la ley de financiamiento del terrorismo y asociación criminal en el norte del país.
La mujer está acusada por hechos vinculados a los secuestros del suboficial Edelio Morínigo y del joven Arlan Fick.
Aunque inicialmente debía afrontar dos juicios por separado, los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano solicitaron unificar ambos expedientes.
El colegiado dio lugar al pedido, suspendió el juicio previsto por el caso Morínigo y programó el inicio del juzgamiento conjunto para el 19 de abril de 2027. Ramírez de Ramos enfrenta cargos por terrorismo, homicidio doloso, secuestro, toma de rehenes, asociación terrorista y transgresión a la ley de armas. El Tribunal está integrado por los jueces Juan Dávalos, Pablino Barreto e Inés Galarza.
De acuerdo con la acusación, el 2 de abril de 2014, la mujer y otros integrantes del EPP ingresaron a la vivienda de la familia Fick en Paso Tuya, Azotey.
Tras reducir a los miembros de la familia, sustrajeron dinero y alimentos, y secuestraron a Arlan Fick Bremm, por cuya liberación exigieron USD 500.000.
El pago se habría realizado el 10 de abril de ese año. La Fiscalía también la acusa por su presunta participación en el enfrentamiento ocurrido durante la huida del grupo armado, en la que murió el vicesargento Hugo Monges y fueron abatidos los criminales Bernardo Bernal Maíz y Claudelino Silva Cáceres. Arlan permaneció 267 días en cautiverio y fue liberado el 25 de diciembre de 2014 en Yby Yaú.
En relación con Edelio Morínigo, se sostiene que la acusada participó en su secuestro el 5 de julio de 2014 en la estancia María Auxiliadora, en Arroyito, Concepción.
Según la Fiscalía, los miembros del EPP emboscaron a varias personas y se llevaron al suboficial, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Como evidencia clave, el Ministerio Público menciona un video hallado en octubre de 2014 en el que aparecían ambos secuestrados en cautiverio junto a miembros armados de la organización.
La acusada habría sido identificada en las imágenes vistiendo ropa de camuflaje y portando un fusil.
Riera revela que autoridades detenidas en Bolivia ayudaron a escapar a las hermanas Villalba
Compartir en redes
El ministro del Interior, Enrique Riera, reveló que el exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, y el fiscal general de dicho país, Roger Mariaca, ambos detenidos en las últimas horas por su presunto vínculo con una red de protección del narcotraficante Sebastián Marset; también habrían protegido a las hermanas Villalba al frustrar su detención en territorio boliviano a pedido de las autoridades paraguayas. Según Riera, estas referentes del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) lograron escapar hacia Venezuela gracias al amparo directo brindado por las altas autoridades bolivianas que hoy se encuentran aprehendidas.
“Marset cayó allá porque le estaban protegiendo y ahora ya se hablan de sumas que se pagaron, y debo dar un dato más, este mismo Del Castillo fue el que me negó y me mintió en la cara tres veces, porque nosotros teníamos a las hermanas Villalba ubicadas, primero en Santa Cruz, después en Camiri, y luego La Paz, pero con fotos, filmaciones”, señaló el ministro, este jueves, a la 1020 AM.
Riera relató que las autoridades paraguayas lograron obtener una orden de captura por parte del Tribunal Superior de Justicia de Oruro, porque el fiscal general de Bolivia, que acaba de caer, “se negaba a dictar una orden de detención a pesar que tenía código rojo de la Interpol”.
El ministro Enrique Riera reveló que las altas autoridades de Bolivia ayudaron a escapar a las Villalba, brazos del EPP. Foto: @PatoBullrich
“Una vergüenza”
Detalló además que desde Paraguay fueron enviados efectivos para fiscalizar la detención, ya que no cuentan con jurisdicción en ese territorio, pero fueron engañados por el fiscal general boliviano.
“Este tipo (fiscal general) le llamó a nuestros efectivos, que eran de la más alta calidad, y les dijo que pasaba a buscarlos a las 2 de la mañana, pero solo verán el proceso de detención, pero no van a intervenir, desde luego que esas son las reglas del juego, le tuvieron a la embajadora desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 12 horas, a una representante diplomática, una vergüenza. Nunca les pasaron a buscar a las 2 de la mañana”, mencionó.
Siguió relatando que “dieron la excusa que la orden de detención del presidente de la Corte Suprema de Bolivia, estaba con un dictamen negativo de una asesoría jurídica de la Cancillería, imagínense, una orden de la Corte tenga un dictamen negativo de una oficina administrativa, impensable”, y agregó que “para terminar la historia, le embarcaron en el aeropuerto de Viru Viru, y hoy están en Venezuela”.
El ministro del Interior reclamó que en esa ocasión dejaron escapar a las Villalba. “Les acompañó al aeropuerto y les protegió. El mismo esquema con Marset, es un tipo que por lo visto estaba metido en cosas muy raras. Les permitieron subir en un vuelo internacional como si no tuvieran restricciones, de un aeropuerto internacional, con protección policial, y no pudimos hacer nada, realmente fue una vergüenza”, sentenció.
En el 2024, miembros del clan Villalba fueron detenidos en Argentina: José Mariano, María Rosa y Mirian Villalba Ayala, fundadores del grupo terrorista con sus hermanos Carmen Villalba, Liliana Villalba, Laura Villalba y Osvaldo Villalba, en el marco de un operativo binacional entre Paraguay y Argentina. Desde allí lograron ingresar a Bolivia, desde donde pasaron a Venezuela, donde se encuentran en este momento de acuerdo a las últimas informaciones.
Hija de Alejandro Ramos fue condenada a 16 años de cárcel por vínculos con el EPP y EML
Compartir en redes
Lourdes Teresita Ramos Ramírez, alias “Yvera”, hija de Alejandro Ramos y exintegrante de los grupos armados Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Ejército del Mariscal López (EML), fue condenada a 16 años de cárcel tras ser hallada culpable de extorsión agravada, asociación terrorista y transgresión a la Ley de Armas.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Federico Rojas, Rossana Maldonado y María Luz Martínez, determinó que quedó probado en el juicio que Ramos Ramírez integró desde su adolescencia estructuras criminales armadas; primero el EPP y, posteriormente, el EML, liderado por su padre, Alejandro Ramos Morel.
Los fiscales Lorenzo Lezcano y Pablo Zárate pudieron demostrar que durante ese periodo la acusada participó de forma activa en funciones operativas y de propaganda, incluyendo secuestros, extorsiones, atentados contra las fuerzas públicas y el cobro de “impuestos revolucionarios” a productores de la zona norte del país. Entre las pruebas principales se incorporaron registros audiovisuales en los que se la observa dando instrucciones a víctimas de extorsión, quienes también testificaron en el juicio.
Ramos Ramírez había sido capturada el 15 de febrero de 2025 en Brasil Cué, Horqueta, durante un procedimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el que se incautaron de armas de fuego y otras evidencias.