El senador Pedro Santacruz considera que se debe hacer un mejor control del gasto público, “ahí está lo fundamental”, expresó. Ante el cierre del año, no destaca avances en materia de recaudación y de gasto público.
“Necesitamos mejorar el gasto púbico, recaudar más y mejorar el gasto público; es una tarea pendiente de todos y en especial de nosotros que administramos la cosa pública”, expresó.
Recalca que “nuestro problema mayor es que con lo que se recauda no se puede sostener el Estado, tenemos recaudación de G. 4.500 millones al año”, dijo. Esto también se va destinado a Salud, unos G. 1.000 millones, “tendría que ser el doble”, indicó. Teniendo la misma situación en educación.
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Además, expresó su indignación ante tantos millones de pobres que no tienen un alimento o pasan hambre, mientras que el país es conocido como el que produce alimentos para 60 millones de personas. “Es una vergüenza”, añadió el legislador.
Mientras se siguen produciendo alimentos, hay diversos factores que afectan a la hora de tener un mejor gasto y recaudación, sostiene. Primeramente, por el hecho de que la economía en un 40% está en negro, por lo que apunta a que “todos tienen que pagar impuestos”. Mientras que el destino y el porcentaje de los impuestos es otro punto.
Lo mismo sucede con los impuestos referentes al costo que generan para el Estado algunos sectores, como los transportistas que trasladan mercadería y productos todos los días del año, lo que produce daños en las carreteras internacionales, el costo del mantenimiento no compensaría lo que estarían pagando al fisco por realizar sus actividades comerciales.
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Senado busca blindar por ley el Registro de Estudiantes para erradicar títulos falsos
La Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos del Senado ya baraja varias alternativas o proyectos con el objetivo de erradicar el esquema que afecta al ámbito educativo e impulsar que el Registro Único del Estudiante (RUE) tenga fuerza de ley. Entre las propuestas figuran la creación de un protocolo formal para derivar los casos de fraude directamente a la Fiscalía.
“Estamos construyendo muchas ideas como, por ejemplo, la creación de un protocolo formal de derivación al Ministerio Público en casos de evidencias y responsabilidad penal. El Registro Único del Estudiante de Educación Superior, hoy se encuentra en vigencia por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias, pero pensamos que su aplicación debe ser por ley“, afirmó el senador Patrick Kemper, presidente de dicha comisión, este martes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El legislador refirió que, mediante estas reformas, se podría erradicar entre un 70 a 90 % la expedición de títulos universitarios falsificados en el país. “Si el El Registro Único del Estudiante de Educación Superior es aplicado por ley se blindará que no se encuentre sujeto a un gobierno o ministro de Educación. Yo particularmente pienso que esto solucionará el 70, 80 o 90 % del problema”, dijo.
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El Registro Único del Estudiante de Educación Superior es un sistema digital que registra la trayectoria académica, facilita la emisión de títulos y centraliza los datos de los universitarios. “Mediante dicha propuesta, el MEC tendrá en tiempo real, cada 6 meses o 1 año, toda la información del estudiante, como, por ejemplo, en qué carrera estuvo, qué materias cursó, su carga horaria, calificaciones, entre otros. Esto se deberá hacer año por año. A la vez, nuestra comisión, como primer producto, deberá generar un informe o una suerte de libro institucional digital que pueda servir para corregir ciertas situaciones”, puntualizó.
Las afirmaciones de Kemper surgieron tras concretarse ayer lunes la presentación de una denuncia impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ante la Fiscalía contra 550 usuarios no autorizados que operaban en el sistema de la cartera estatal que realizaron 130.000 acciones irregulares en la plataforma de registro de títulos; así como la concreción de sumarios contra 283 funcionario del MEC.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.
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Núñez sepulta discurso de copamiento, reflotando el historial de la corrupción opositora en la CGR
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copamiento por parte del oficialismo colorado que pretende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y subcontralor general de la República. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.
“Ante las declaraciones del senador Eduardo Nakayama, que llama a la oposición a hacer el vacío si el cartismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republicana, vale recordar la historia reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.
Para sostener su postura, Núñez detalló cronológicamente los casos de los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una máquina de lavar dinero”, indicó.
El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Partido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cárcel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”..
A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontralor José Enrique García Ávalos, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ivesur. Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado”, refirió.
“Prioricemos el interés nacional”
Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciudadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.
“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transparente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.
Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Paraguay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retardatarios de la oposición”.
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DNIT realizó 740 controles a contribuyentes y comercios durante junio
Durante junio se llevaron adelante 740 procedimientos de verificación a contribuyentes y comercios en distintos puntos del país, como parte de los operativos coordinados por la unidad de operaciones especiales “Jeroviaha”, dependiente de la Gerencia General de Impuestos Internos, según informó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Desde la institución señalaron que estas acciones buscan concienciar, formalizar y fiscalizar a los contribuyentes mediante controles de carácter persuasivo y disuasivo. Entre las tareas realizadas se incluyeron compras simuladas, a través de las cuales se detectaron casos tanto de entrega como de no entrega de comprobantes de venta.
Durante los procedimientos también se verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias vigentes, la consistencia de la información declarada en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la correcta emisión de comprobantes legales.
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Continuarán los controles
La DNIT adelantó que continuará desarrollando este tipo de operativos con el propósito de seguir avanzando en la formalización de las actividades comerciales. Asimismo, instó a la ciudadanía a denunciar situaciones irregulares y recordó a las empresas gráficas habilitadas o en proceso de habilitación la importancia de declarar correctamente sus datos y cumplir con las normativas vigentes.
Más de 30 ciudades del país
Los controles fueron ejecutados en Asunción y en diversas ciudades del país, entre ellas Katueté, La Paloma del Espíritu Santo, Salto del Guairá, San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora, Guarambaré, Lambaré, Areguá, Ñemby, Villa Elisa, Villarrica, San Juan Nepomuceno, Caazapá, San Juan Bautista, San Ignacio, Ayolas, Encarnación, Carlos Antonio López, Capitán Miranda, Horqueta, Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Hernandarias, Santa Rita, Tavapy, San Alberto, Presidente Franco, Emboscada, Altos, Loma Grande, Piribebuy, Tobatí, Nueva Colombia, Loma Plata, Mariscal Estigarribia y Boquerón.
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