El Tribunal Electoral de la Capital resolvió por mayoría rechazar la acción de nulidad planteada por Edmundo Rolón contra la convención colorada extraordinaria de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, del pasado 14 de noviembre. De esta forma se da un cierre a la etapa, salvo que se presente una apelación.

El apoderado del movimiento Honor Colorado, Eduardo González sostuvo que esta resolución es muy importante, ya que con esto se ratifica la legalidad de lo que se resolvió en la convención. El fundamento que se dio desde el Tribunal es contundente, aseguró.

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“Veo sólida la posición del Tribunal, en la manera que lo ha resuelto”, dijo González en contacto con La Nación. Además, destacó de que ayer lunes se venció el plazo de 30 días establecidos para que se pueda instaurar cualquier tipo de acción contra un estamento público partidario, según el artículo 36 de la Ley Nº 834 que establece el código electoral paraguayo.

Entre los fundamentos expuestos en la resolución, resalta que “el interés general, desde una concepción democrática, nace a partir de ciertos comportamientos legalmente constituidos, propio de un estado social de derecho. Esto brota en un consenso donde la mayoría se hace camino por sí sola, y las minorías han hecho uso de sus derechos eligiendo, votando, decidiendo en el mismo acto”

Además, de que en durante la realización del evento partidario se tuvieron en cuenta las funciones y la expresión de pluralismo democrático. “Habida cuenta que como máxima autoridad, expresó su voluntad a través del voto de la mayoría”, indica la resolución.

El líder del movimiento Nueva República había presentado el pedido de nulidad a lo que se resolvió en la convención colorada con respecto a la extensión del mandato de las diferentes autoridades partidarias hasta el 2022. Las elecciones internas partidarias se realizarán en el marco de las elecciones nacionales del 2023.

El argumento respondía a que “lo resuelto por la Convención Extraordinaria de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), como persona jurídica de derecho público, establecida en norma de rango constitucional, quebranta aviesamente la doctrina jurídica moderna que ha establecido dos principios fundamentales del derecho público: 1) El principio de legalidad y 2) Los principios para el mantenimiento del desenvolvimiento del Estado democrático”.

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