• Nueva York, Estados Unidos. AFP.

Microsoft y la agencia Europol anunciaron el pasado miércoles que han trabajado conjuntamente, con la participación del gobierno de Estados Unidos, para neutralizar la infraestructura que permitía la propagación de un virus de origen ruso y la venta de información obtenida a través del mismo.

Conocido como Lumma Stealer o simplemente Lumma, el virus es “el malware preferido utilizado para robar datos por cientos de actores que suponen una amenaza para la ciberseguridad”, resumió Microsoft en un comunicado. Este es un “MaaS” (Malware-as-a-Service), es decir, un software vendido en línea que puede ser utilizado por cualquier ciberdelincuente y no sólo por sus desarrolladores.

Disponible desde 2022, fue desarrollado por un programador afincado en Rusia que se hace llamar Shamel. Entre mediados de marzo y mediados de abril, la unidad de ciberdelincuencia de Microsoft (DCU) identificó unas 394.000 computadoras con software del sistema operativo Windows infectados por Lumma Stealer en todo el mundo.

Lea más: Argentina relaja controles para dólares “bajo el colchón”

Según un mapa publicado el miércoles, se concentraban principalmente en Estados Unidos, México, Brasil, Europa Occidental y Japón. Asimismo, llevó el caso ante la justicia estadounidense, en concreto un tribunal de Georgia, que dio luz verde a la adopción de medidas para interrumpir el funcionamiento del virus.

En colaboración con Europol, el departamento de Justicia de Estados Unidos y el Centro de Control de la Ciberdelincuencia de Japón (JC3), Microsoft consiguió bloquear, suspender o eliminar unas 2.300 direcciones de Internet que constituían la columna vertebral de Lumma.

El departamento de Justicia estadounidense también consiguió hacerse con el control de la entidad central del ecosistema Lumma, lo que obstaculizó el uso de la plataforma dedicada a la reventa de los datos robados por el virus. En una entrevista con el bloguero de ciberseguridad g0onxja a finales de 2023, Shamel afirmaba tener unos 400 clientes. Incluso creó un logotipo asociado a su software, que representa un pájaro blanco sobre fondo azul.

“Esta operación es un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada está transformando la lucha contra la ciberdelincuencia”, comentó Edvardas Sileris, jefe del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, citado en un comunicado de la agencia europea.

Lea también: Gobierno de Brasil anuncia un aumento de impuestos

Una operación internacional contra programas maliciosos se saldó con 20 órdenes de arresto y más de 300 servidores fuera de servicio, anunciaron el jueves las agencias europeas para la cooperación policial y judicial, Europol y Eurojust. La actuación, que involucró a autoridades de Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, forma parte de la operación contra la cibercriminalidad Endgame, la mayor de este tipo realizada contra programas maliciosos, según Europol.

Con estos programas informáticos, los cibercriminales logran infectar de forma discreta los sistemas de las víctimas y descargar otros programas malignos, por ejemplo, para espiar datos o encriptar el sistema con el objetivo de exigir un rescate (los llamados programas ‘ramsomware’).

Las autoridades desmantelaron más de 300 servidores, bloquearon 650 sitios web y emitieron órdenes de arresto contra 20 individuos, además de incautar 3,9 millones de dólares en criptomonedas, indicaron Europol y Eurojust.

“En una semana de acción, del 19 al 22 de mayo, se tomaron medidas contra varias familias de programas maliciosos y se identificó a algunos de sus autores”, declararon ambas agencias, radicadas en La Haya, en un comunicado. En la primera fase de Endgame, que se llevó a cabo en mayo de 2024, cuatro personas fueron detenidas y se desactivaron más de 100 servidores.

“Este año, durante Endgame 2.0, las medidas apuntaron contra los grupos herederos de programas malignos suprimidos por las autoridades y otras variantes pertinentes”, precisó Eurojust. Cerca de cincuenta de los servidores bloqueados estaban en Alemania, según las autoridades de ese país.

Según la Fiscalía general de Fráncfort, encargada de delitos de cibercriminalidad, y la Oficina federal de policía criminal, “en Alemania se llevaron a cabo investigaciones por sospechas de extorsión en banda organizada y por pertenencia a una organización criminal en el extranjero”. “Las autoridades alemanas obtuvieron conjuntamente órdenes de arresto internacionales contra 20 actores, mayoritariamente ciudadanos rusos, y lanzar las medidas de búsqueda correspondientes”, agregaron.

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.

“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.

Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.

La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.

Te puede interesar: Decomisan aves traídas desde Europa sin documentación

El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.

“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.

Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.

Leé también: Areguá: en violento asalto roban su motocicleta a una mujer

El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

Le puede interesar: Honor Colorado respalda reivindicaciones de residentes médicos, dice Núñez

Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Siga informado con: Financiamiento político: urgen ley que asegure más equidad y participación

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

Leé también: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

Te puede interesar: Santiago Peña recibirá reconocimiento de comunidad judía en EE.UU.